Hoy, 4 de octubre, las redes se inundarán de postales con mascotas y llamados a la empatía que, con frecuencia, reducen la discusión a un dilema de sentimentalismo urbano. Sin embargo la fecha, consagrada al Día Mundial del Animal, interpela a las sociedades desde una zona mucho más áspera: ¿qué lugar real estamos dispuestos a concederle a la vida silvestre en un modelo de desarrollo que opera bajo la lógica de la ocupación y el descarte?
Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa concentran la última gran reserva de biodiversidad del país. Y el choque entre esa trama de selva, esteros y ríos con el avance de la frontera humana no se resuelve con buenas intenciones, sino con fricciones cotidianas.
Cada vez que una ruta fragmenta un corredor biológico, que el monte retrocede frente a la habilitación de nuevas tierras o que un animal silvestre aparece muerto al costado de un camino, lo que se expone es una falla estructural.
El problema, antes que un déficit de sensibilidad, es cultural y económico. Durante décadas se naturalizó la premisa de que la naturaleza constituye un stock disponible para ser explotado hasta el agotamiento. En ese esquema, el animal silvestre oscila entre la categoría de molestia, recurso cinegético o mercancía turística. Rara vez se lo reconoce como lo que es: un eslabón crítico de un ecosistema del que depende la propia viabilidad económica y ambiental de la región.
El yaguareté o el aguará guazú no necesitan convertirse en estampitas simpáticas para justificar su preservación, del mismo modo que la desaparición de un mono carayá no empobrece el paisaje por una cuestión estética, sino porque degrada la complejidad biológica del territorio. La centralidad de una especie no se mide por su capacidad para conmover a la opinión pública, sino por la salud del sistema que habita.
Las sociedades modernas suelen consumir indignación frente al maltrato individual mientras convalidan, por acción u omisión, la destrucción sistemática del hábitat que hace posible la existencia de esas mismas especies.
El monte no es un pasivo ocioso ni una propiedad inagotable. Es una infraestructura natural que compartimos. Y aprender a administrarlo sin convertirlo por completo en mercancía es, quizás, la última prueba de madurez política y social que le queda pendiente a la región.
Discussion about this post