El Gobierno nacional mantuvo el superávit fiscal durante los primeros siete meses de 2026, aunque para conseguirlo profundizó la reducción del gasto y llevó la inversión pública y las transferencias a las provincias a niveles mínimos.
En julio, el Sector Público Nacional registró un resultado financiero positivo de $244.897 millones y un superávit primario de $2,96 billones. Con esos números, el acumulado entre enero y julio alcanzó un resultado financiero equivalente al 0,1% del Producto Bruto Interno y un saldo primario cercano al 0,9%.
Sin embargo, el equilibrio de las cuentas se produjo en un escenario de retroceso de la recaudación. Según un análisis de la consultora Outlier, los ingresos primarios cayeron 4,5% en términos reales respecto del mismo período de 2025.
La disminución estuvo vinculada principalmente con una menor recaudación por derechos de exportación, impuestos a las importaciones y aportes correspondientes a la Seguridad Social.
Ante esa situación, el equipo económico encabezado por Luis Caputo volvió a concentrar el ajuste sobre los gastos. Las partidas destinadas a inversión y transferencias provinciales quedaron entre las más perjudicadas.
Durante los primeros siete meses, la inversión pública representó apenas el 0,15% del PBI, mientras que los envíos de recursos a las provincias significaron solamente el 0,10%. Ambos indicadores se encuentran en niveles mínimos.
Los subsidios económicos, en cambio, mostraron una leve recuperación y alcanzaron el 0,54% del producto, frente al piso de 0,46% registrado durante 2025. Parte de ese incremento se explicó por el impacto de la situación energética internacional.
Una meta cada vez más exigente
El resultado fiscal constituye uno de los pilares del programa económico del Gobierno y también una condición central de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional.
Para 2026, el organismo estableció una meta de superávit primario equivalente al 1,4% del PBI. La Ley de Presupuesto, por su parte, fijó un objetivo ligeramente superior, del 1,5%.
Con un acumulado cercano al 0,9% hasta julio, el Gobierno deberá obtener durante la segunda mitad del año un resultado parecido al alcanzado en los primeros siete meses. El desafío se vuelve mayor porque el saldo primario viene ubicándose por debajo de los registros correspondientes a períodos similares de 2024 y 2025.
Desde la consultora LCG también señalaron que la caída de los ingresos podría complicar el cumplimiento de la meta. En ese contexto, advirtieron que la capacidad de seguir reduciendo determinadas partidas comienza a encontrar límites económicos y sociales.
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