En una ciudad donde una vereda ocupada, un vehículo estacionado en un lugar reservado o una barrera arquitectónica pueden representar apenas unos minutos para una persona, esas mismas situaciones pueden convertirse en una dificultad concreta para alguien con discapacidad motora.
Esa diferencia entre lo que para algunos es un detalle cotidiano y para otros representa una barrera para desplazarse, estudiar, atenderse o participar de la vida social fue uno de los puntos centrales de una investigación desarrollada en Posadas por la kinesióloga, doctora en Salud Pública y especialista en rehabilitación neurofuncional Trixia Aresti-
El trabajo demandó cuatro años de investigación y analizó las necesidades de 384 niños y adolescentes con trastornos motores. La muestra no fue elegida al azar: según explicó la especialista, fue construida a partir de datos poblacionales de Misiones y Posadas y de información vinculada con las personas con discapacidad motora registradas en la provincia.
“Este número, no es un número al azar”, explicó Aresti al referirse a las 384 personas que integraron el estudio. Según detalló en diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones , la cantidad de casos responde a criterios científicos de confiabilidad que permiten que los resultados puedan ser considerados representativos de la población analizada.
La investigación buscó conocer las necesidades de personas con diferentes niveles de movilidad: desde quienes pueden desplazarse de manera independiente hasta quienes necesitan apoyarse en barandas, utilizar andadores o movilizarse en silla de ruedas.
Pero el objetivo no fue solamente observar las dificultades individuales. El estudio puso el foco en el entorno y en las condiciones de accesibilidad existentes en los espacios donde esas personas necesitan desarrollar su vida cotidiana.
Aresti explicó que su recorrido en investigación comenzó con estudios de casos clínicos, es decir, con el análisis individual de una persona, su evaluación y su tratamiento.
Con el tiempo, avanzó hacia investigaciones experimentales y estudios sobre grupos poblacionales, que permiten obtener información que puede trasladarse a una comunidad más amplia.
“Primero empecé con investigaciones de casos clínicos, o sea, de una sola persona, una evaluación y el tratamiento de un paciente”, explicó.
Después, señaló, comenzó a trabajar con estudios donde se analiza un número mayor de personas y donde el objetivo es “traspolar la información a la población en general”.
Ese cambio de perspectiva fue fundamental para desarrollar la investigación sobre accesibilidad y discapacidad motora en Posadas.
El estudio contó además con el acompañamiento de la doctora Silvia Bulliard, médica psiquiatra y doctora en Salud Pública, vinculada a la investigación sobre discapacidad.
La pregunta central: ¿las leyes se cumplen?
Uno de los puntos de partida de la investigación fue el marco legal argentino.
Aresti mencionó especialmente las leyes 24.314 y 24.315, relacionadas con la protección y accesibilidad de las personas con discapacidad, y señaló que las normas existentes describen de manera detallada las condiciones que deberían reunir los edificios públicos y privados.
Sin embargo, la existencia de las leyes no significa necesariamente que esas condiciones estén garantizadas en la vida cotidiana.
“Hay leyes de mucho tiempo atrás, que describen a la perfección cómo tiene que ser la accesibilidad en edificios públicos y privados. Se cumplen. Sin embargo, eso no se cumple”, afirmó.
La contradicción fue uno de los aspectos que motivaron el estudio: no se trataba simplemente de comprobar si existe una norma, sino de analizar qué sucede realmente cuando una persona con discapacidad intenta desplazarse y acceder a un espacio.
“Más allá de que se cumplan o no, la investigación lo que trata es de demostrar las posibilidades que tiene una persona con discapacidad cumpliéndose o no la accesibilidad, o sea, teniendo o no barreras”, explicó.
Escuelas y centros de rehabilitación, entre los espacios más sensibles
La accesibilidad adquiere una relevancia particular en aquellos lugares que forman parte de la rutina de niños y adolescentes con discapacidad.
Aresti diferenció entre espacios a los que una persona puede concurrir ocasionalmente y aquellos a los que debe asistir de manera frecuente.
“Más que nada, la accesibilidad en cuestiones edilicias básicas, para lugares donde estas personas tienen que concurrir a diario”, señaló.
Entre ellos mencionó especialmente las escuelas, en el marco de las políticas de inclusión educativa, y los centros de rehabilitación, donde muchas personas con discapacidad concurren regularmente.
“Escuelas, porque hay leyes de inclusión escolar, y centros de rehabilitación, o sea que son espacios donde la persona prácticamente va diariamente”, explicó.
La accesibilidad, entonces, no puede limitarse a la existencia de una rampa en un edificio. Debe contemplar el recorrido completo que realiza una persona desde que sale de su casa hasta que llega al lugar donde necesita estudiar, atenderse o desarrollar una actividad.
Una de las conclusiones centrales del trabajo es que las condiciones de accesibilidad no sólo determinan si una persona puede entrar o no a un edificio.
También determinan cuánto tiempo necesita, cuánta energía debe gastar y qué dificultades encuentra para completar un recorrido.
“Si se cumplen determinados elementos, las personas con discapacidad pueden moverse de un punto a otro sin ninguna restricción”, sostuvo Aresti.
Y agregó: “Si se cumple todo, nosotros logramos que la persona llegue en tiempo y en forma, que pueda acceder a los espacios que necesita ser atendida, ya sean de salud o espacios de educación, y que sea completamente incluida dentro de la comunidad”.
El concepto de “llegar a tiempo” aparece así como una dimensión fundamental de la accesibilidad.
Una persona que necesita más tiempo o esfuerzo para desplazarse puede llegar tarde a una consulta, perder una clase o directamente abandonar una actividad si las barreras se acumulan. Por eso, la accesibilidad también está vinculada con la autonomía.
Posadas todavía no fue comparada con otras ciudades
La investigación realizada por Aresti no fue diseñada inicialmente como un estudio comparativo entre Posadas y otras ciudades del país.
Por eso, la especialista aclaró que no es posible afirmar, a partir de este trabajo, que Misiones se encuentre mejor o peor posicionada que otras provincias argentinas.
Sin embargo, la investigación tendrá ahora una nueva etapa.
Aresti obtuvo un proyecto a través del Instituto de Investigación Transfronterizo (IRTI) que permitirá comparar la situación de Posadas con Encarnación, capital del departamento de Itapúa, Paraguay.
El nuevo trabajo no se limitará a las condiciones arquitectónicas.
“Va a ser un comparativo no solamente en accesibilidad arquitectónica, sino en políticas públicas, equipamiento y demás”, explicó.
La posibilidad de comparar ambas ciudades permitirá incorporar una dimensión regional al análisis y observar cómo se abordan las necesidades de las personas con discapacidad a ambos lados de la frontera.
El problema no termina en las paredes de un edificio
Para Aresti, hablar de accesibilidad implica mirar mucho más allá de las rampas, ascensores y baños adaptados.
La conducta cotidiana de la sociedad también puede generar barreras.
Uno de los ejemplos más frecuentes es el uso indebido de los espacios reservados para personas con discapacidad.
La especialista relató una situación que observa en una institución privada donde trabaja, ubicada sobre calle Tucumán. Según contó, el municipio estableció allí espacios reservados para personas con discapacidad, con cartelería y demarcación en el piso.
Sin embargo, la cercanía de una escuela y de una academia de taekwondo genera una situación repetida: padres que estacionan en esos lugares mientras esperan o llevan a sus hijos.
“Los papás de ambos lugares estacionan y bajan a sus hijos, y enseñan a sus hijos chiquitos a que sí se puede estacionar en un espacio de discapacidad”, relató.
Para Aresti, la cuestión tiene además una dimensión educativa.
“Los niños aprenden más allá de lo que uno le dice, de los actos que tienen”, remarcó.
Por eso, el cambio cultural debería comenzar en las acciones cotidianas. “Cambiemos como sociedad, seamos empáticos”, pidió.
“Cinco minutos” pueden ser una barrera
La especialista insistió en que muchas de las acciones que generan barreras se justifican con frases como “son sólo cinco minutos” o “no hay nadie”.
Pero esos minutos pueden representar una diferencia significativa para quien necesita ese espacio.
“Cinco minutos, tres minutos, un segundo de una persona que tiene las posibilidades motrices adecuadas o típicas, restringen”, explicó.
La situación puede producirse cuando alguien ocupa un estacionamiento reservado o bloquea un espacio de circulación.
Para quien puede caminar sin dificultad, rodear un obstáculo puede ser una acción sencilla. Para una persona que utiliza silla de ruedas, andador u otro elemento de movilidad, puede significar que directamente no exista un recorrido alternativo.
En otro tramo de la entrevista, Aresti también utilizó ejemplos muy simples para explicar cómo las conductas cotidianas pueden afectar a otras personas.
“Tirar un chicle en la calle significa que una persona que está en silla de ruedas va a ensuciarse sus manos con ese chicle”, señaló.
Algo similar ocurre, según explicó, cuando alguien no recoge los desechos de su mascota.
“Que un perrito haga sus necesidades y yo no los junte significa que otra persona que se maneja con otro tipo de movilidad va a tener que ensuciarse”, sostuvo.
Son situaciones que no suelen ser consideradas dentro de las discusiones tradicionales sobre discapacidad, pero que forman parte de las barreras que una persona puede encontrar en el espacio público.
Por eso, la investigación busca también generar conciencia sobre la necesidad de modificar comportamientos individuales.
“Somos una sociedad heterogénea”
Uno de los conceptos que Aresti buscó instalar durante la entrevista es que la discapacidad forma parte de la diversidad humana.
“Quiero contarles que formamos parte de una comunidad, y esa comunidad tiene diversidad funcional”, explicó.
Y utilizó una comparación para graficarlo: “Así como hay personas altas y personas bajas, así como hay personas rubias y personas morochas, y así como hay personas que caminan con dos piernas, hay otros que tienen que llegar a otro lugar mediados por un elemento de accesibilidad o un elemento de movilidad”.
Desde esa perspectiva, la accesibilidad deja de ser una adaptación especial para convertirse en una condición necesaria para una sociedad diversa.
“Somos una sociedad heterogénea, no somos una sociedad de una sola calidad de persona y que solamente esa es la que vale”, afirmó.
Y agregó: “Todas las personas que cubrimos nuestro suelo posadeño, nuestro suelo misionero y nuestro suelo argentino, todas tenemos valor”.
La investigación ya fue publicada
El trabajo no quedó únicamente en el ámbito de la investigación académica.
Aresti confirmó que el estudio fue publicado en la revista Salud y Ciencia, una publicación científica indexada.
“Esto es una manera de hacer ciencia también, divulgar lo que un estudio científico ha demostrado”, explicó.
La especialista ya había publicado anteriormente un trabajo relacionado con tratamientos neurológicos en personas con discapacidad, en aquel caso a partir de un caso clínico de una niña con parálisis cerebral.
Ahora, el nuevo trabajo representa un salto en escala: ya no se trata de una única persona, sino de un análisis que incluyó a 384 niños y adolescentes.
Para Aresti, la divulgación es parte fundamental del proceso científico porque permite que los resultados lleguen a quienes pueden transformar esas conclusiones en políticas, decisiones institucionales y cambios sociales.
“Más allá de estos espacios de poder hablar en la radio o en un streaming o en el diario, es poder hacer que sea divulgado para la sociedad en general”, sostuvo.
El sector de discapacidad: “Sigue siendo crítico”
Durante la entrevista, Aresti también se refirió a la situación actual del sistema de atención de personas con discapacidad y aseguró que continúa siendo crítica.
La especialista explicó que el sector está regulado por la Ley 24.901, que establece un sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad.
Según señaló, después de la pandemia se produjeron cambios y dificultades vinculadas con los valores establecidos en los nomencladores, que —según su planteo— no fueron reevaluados en función de los costos y las características actuales de las prestaciones.
Aresti explicó que los profesionales que trabajan en rehabilitación atienden individualmente a cada paciente y que las sesiones suelen extenderse entre 45 minutos y una hora.
Entre los profesionales involucrados mencionó a kinesiólogos, psicopedagogos, psicólogos, fonoaudiólogos, terapistas ocupacionales, estimuladores visuales, estimuladores tempranos y psicomotricistas, entre otros.
“Todos los que formamos parte de los que hacemos terapias para personas con discapacidad trabajamos de a uno en uno, más o menos una relación de entre 45 minutos y una hora”, explicó.
Según describió, el valor reconocido por las prestaciones se encuentra muy por debajo de lo que considera adecuado.
En el tramo final de la entrevista, Aresti también planteó una discusión más amplia sobre las políticas de discapacidad y cuestionó el discurso de la meritocracia cuando no contempla las desigualdades de partida.
“Esta mirada de la meritocracia donde solamente aquel que tiene que su trabajo, que su poderío, que su educación, lo hace llegar al primer lugar sin ver al otro que necesita y sin aportar al otro (…) ese discurso es extremadamente nocivo”, sostuvo.
Para la especialista, el concepto de mérito sólo puede aplicarse si todas las personas parten de condiciones similares.
“La meritocracia parte desde el momento que todos estamos en la misma línea largada. Si no estamos en la misma línea largada, ¿cómo vamos a llegar al primer lugar?”, planteó.
La investigación desarrollada en Posadas apunta a producir evidencia sobre una problemática que muchas veces se vuelve visible recién cuando una persona encuentra una barrera frente a sí.
Pero Aresti insiste en que no alcanza con reclamar al Estado el cumplimiento de las leyes.
“Uno siempre dice, ¿qué hago yo respecto a lo que hace el Estado? No, empecemos por nosotros”, planteó.
Para la especialista, el cambio debe producirse desde las conductas individuales y luego trasladarse hacia las políticas públicas.
“Si como sociedad podemos cambiar, ahí sí podemos pedirle al Estado que cumpla absolutamente las leyes y las reglas”, sostuvo.
La conclusión de su investigación, y también el mensaje que busca transmitir a partir de ella, se resume en una idea: la accesibilidad no es un beneficio para unos pocos, sino una condición necesaria para que una sociedad diversa pueda funcionar sin excluir a quienes tienen distintas formas de movilidad.
“La empatía por las distintas funcionalidades es el primer eslabón para poder cambiar”, afirmó Aresti.
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