Los cambios administrativos aprobados por el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) publicados hoy en el Boletín Oficial pueden facilitar la operatoria de algunas empresas, pero están lejos de resolver la crisis que atraviesa la producción primaria. Así lo sostuvo Roberto Ferreyra, director por la Producción del organismo en representación de la Asociación de Productores Yerbateros y Tareferos del Alto Uruguay, durante una entrevista con FM 89.3 Santa María de las Misiones.
Ferreyra se refirió a la decisión del INYM de eliminar el límite que condicionaba la cantidad de estampillas que podían solicitar mensualmente los operadores según su promedio reciente de comercialización. También analizó la incorporación de un plazo de gracia para la presentación de declaraciones juradas, recursos, descargos y otros trámites administrativos.
Explicó que las resoluciones fueron adoptadas por mayoría dentro del Directorio y reconoció que la eliminación del tope podría beneficiar a una marca pequeña que no tenga existencias suficientes, necesite aumentar su producción o trabaje mediante el sistema de elaboración a fasón (modalidad de producción tercerizada: una empresa procesa, seca, muele, mezcla o envasa un producto por encargo de otra).
Sin embargo, consideró que el debate sobre las estampillas desvía la atención del conflicto central. Según puntualizó, la estampilla representa alrededor de $25 por kilogramo de yerba mate, mientras que la producción primaria pierde anualmente entre $250.000 y $300.000 millones, de acuerdo con sus estimaciones. Ese dinero, remarcó, deja de circular en los pueblos y ciudades vinculados con la actividad, reduce el consumo y termina paralizando la economía de los municipios yerbateros del interior.
Para el dirigente, el problema estructural comenzó con la eliminación de la facultad que permitía reunir a todos los eslabones de la cadena y fijar un precio mínimo para la hoja verde. Desde entonces, señaló, el productor quedó expuesto a una negociación desigual y debe vender su materia prima por debajo de los costos.
Ferreyra ubicó el costo actualizado de producción en aproximadamente $473 por kilogramo de hoja verde, mientras que los valores efectivamente recibidos oscilan, según describió, entre “doscientos y pico” y unos $300 puestos en secadero. Con ese monto deben sostenerse el productor, el tarefero y el transportista encargado de llevar la materia prima. En esas condiciones, advirtió, la actividad deja de ser económicamente viable para los pequeños y medianos establecimientos.
La situación se agrava porque la reducción de la oferta no produjo una recuperación de los precios. Ferreyra afirmó que, al comparar lo ocurrido durante 2024 y 2025 con los primeros meses de 2026, la producción de hoja verde acumuló una merma cercana al 33%.
También indicó que la producción de yerba canchada pasó de aproximadamente 345 millones de kilogramos en 2024 a 311 millones durante 2025, una caída cercana al 10%. Pese a esa contracción, los secaderos y productores no recibieron una mejora proporcional.
A su entender, los datos contradicen la expectativa de que la liberación del mercado conduciría automáticamente a mejores valores mediante el juego de la oferta y la demanda. Aunque disminuyó la disponibilidad de hoja verde y yerba canchada, los precios pagados en los primeros eslabones permanecieron rezagados.
Por ese motivo, calificó el proceso de desregulación como un fracaso para la producción primaria. Aclaró, no obstante, que el negocio de la yerba mate en su conjunto no se encuentra en crisis: el producto continúa vendiéndose, las exportaciones muestran crecimiento y las grandes industrias mantienen su actividad. El verdadero problema, planteó, está en cómo se distribuyen los ingresos generados por la cadena.
Ferreyra tomó como referencia los aproximadamente 889 millones de kilos de hoja verde producidos el año pasado y señaló que algunos de los principales operadores procesan cerca de 200 millones. Esa diferencia de escala, añadió, impide hablar de una negociación equilibrada entre una gran industria y un productor familiar.
También cuestionó el discurso empresarial que reclama mayor eficiencia, apertura de mercados y capacidad para competir en “las grandes ligas”. Coincidió en que la actividad debe ampliar sus destinos comerciales, innovar y crecer, pero sostuvo que ese proceso no puede financiarse con valores que condenen a miles de familias productoras a trabajar por debajo de sus costos.
Productores sostienen la yerba con otras actividades
Consultado sobre cuánto tiempo puede soportar el sector este escenario, Ferreyra explicó que muchos pequeños y medianos productores continúan porque cuentan con otras actividades dentro de sus chacras y destinan esos ingresos a sostener los yerbales. La consecuencia es que dejan de incorporar fertilizantes, herramientas, tecnología y otros insumos necesarios para conservar la productividad. En lugar de invertir, realizan únicamente las tareas indispensables y postergan mejoras.
A esta situación se suma la salida de pequeños productores y tareferos hacia Brasil en busca de empleo. Ferreyra indicó que los yerbales no necesariamente están siendo eliminados, pero la cosecha se entrega a valores insuficientes o, en algunos casos, bajo condiciones que describió como una extracción prácticamente gratuita de la materia prima.
El crecimiento de las exportaciones tampoco se tradujo en una recuperación del ingreso de quienes producen la hoja verde. Para el director, esta desconexión confirma que la demanda existe y que la rentabilidad permanece dentro de otros segmentos de la cadena. Recordó que durante años se tomó como referencia que el valor de la materia prima puesta en secadero representara aproximadamente el 10% del precio final de un paquete en góndola. Ese vínculo, sostuvo, se deterioró con la desregulación.
Ferreyra comentó además que mantuvo reuniones con funcionarios nacionales del área de Desregulación, quienes plantearon como objetivo promover una yerba más barata para el consumidor.
Frente a esa postura, explicó que el consumo de yerba mate es relativamente inflexible. Como ejemplo, comparó la situación con la carne: una fuerte reducción del precio de ese alimento podría generar un aumento significativo del consumo, pero una persona que habitualmente utiliza dos kilos de yerba por mes no pasará a consumir cinco solamente porque el producto se abarate o reciba un paquete mayor.
En consecuencia, consideró que la política de reducir el precio final no garantiza una expansión proporcional de la demanda. El consumo no cayó e incluso muestra crecimiento, mientras disminuye la provisión de materia prima y el productor continúa sin recibir una mejora.
Según describió, detrás de cada mate consumido existe una cadena en la que los eslabones más débiles soportan el costo de mantener bajos los precios. Por eso insistió en que la industria y el mercado no están paralizados: quienes se encuentran en crisis son los productores y trabajadores primarios.
Reclaman que el INYM recupere su capacidad regulatoria
Ferreyra sostuvo que la principal función que debería recuperar el INYM es la posibilidad de intervenir en la fijación de un valor mínimo para la materia prima. Aclaró que regular no significa impedir el desarrollo del mercado, sino evitar que la hoja verde se compre por debajo de su costo. Actualmente, afirmó, el productor absorbe las variaciones de precios, la inflación y el aumento de los insumos, pero no tiene capacidad para trasladarlos al valor de su producto.
Frente a la pérdida de las facultades del Instituto después del DNU 70/2023, las asociaciones de productores comenzaron a trabajar en un proyecto de ley de emergencia para la producción primaria. La iniciativa fue presentada al gobernador de Misiones y luego puesta a consideración de representantes del Poder Legislativo provincial. El objetivo es crear herramientas temporales que impidan que los productores entreguen la hoja verde por debajo de los costos hasta que el INYM pueda recuperar su capacidad de intervención.
Ferreyra valoró que el problema haya comenzado a ser asumido institucionalmente por el Gobierno provincial y por legisladores de distintos espacios políticos. Señaló que no se trata de una discusión partidaria, sino de la principal producción de Misiones y de una actividad que sostiene buena parte de la economía del interior.
Como ejemplo del impacto territorial, calculó que multiplicar los casi 900 millones de kilos producidos durante el último año por una diferencia mínima de $300 implica más de $250.000 millones que dejan de circular. Si esa pérdida se proyecta durante tres años, agregó, el resultado alcanza cifras todavía mayores.
Desde su perspectiva, el Gobierno nacional no dejó de intervenir en el mercado yerbatero, sino que modificó el sentido de esa intervención y orientó las reglas hacia los sectores de mayor escala. En ese punto reiteró que la cadena debe competir, exportar y ampliar mercados, pero no puede hacerlo debilitando al productor que provee la materia prima.
Respaldo provincial y proyecto de emergencia
Ferreyra destacó el acompañamiento recibido durante la reunión realizada la semana pasada en Posadas, en la que participaron representantes de las asociaciones, autoridades provinciales y miembros de la Iglesia. Consideró especialmente importante que el obispo respaldara a las familias productoras y tareferas, a quienes identificó como los sectores más golpeados de la cadena.
En ese marco se presentó el anteproyecto para declarar la emergencia yerbatera, orientado a generar mayor equidad en el precio de la hoja verde. Posteriormente, el documento y la información técnica fueron entregados a diputados provinciales, quienes asumieron el compromiso de analizar la propuesta y trabajar en posibles soluciones.
Ferreyra interpretó este avance como un cambio relevante respecto de meses anteriores. Mientras la crisis era denunciada inicialmente por organizaciones y productores a través de distintos medios, ahora forma parte de la agenda formal del Ejecutivo y del Legislativo provincial. A su juicio, esa institucionalización permitirá construir una respuesta conjunta.
También sostuvo que los derechos de los productores continúan vigentes, aunque actualmente no cuenten con una tutela efectiva. Por ese motivo, defendió el diálogo entre asociaciones, Gobierno, Legislatura y demás actores de la cadena.
Descartó que la única respuesta consista en restringir la circulación de la yerba o impedir que el producto salga de Misiones. En cambio, planteó la necesidad de combinar regulación, innovación, desarrollo de nuevos productos y apertura de mercados. La yerba mate, recordó, forma parte de la identidad provincial y se exporta a alrededor de 50 países, lo que representa una oportunidad de crecimiento que no debería desaprovecharse.
Dentro de ese proceso, Ferreyra cuestionó la escasa participación de los intendentes de municipios fuertemente dependientes de la actividad yerbatera. Afirmó que muchos gobiernos locales todavía no se pronunciaron, a pesar de que la pérdida de ingresos afecta directamente al comercio, el empleo y el movimiento económico de sus comunidades.
Consideró que los representantes deben involucrarse cuando la población atraviesa una crisis y no limitar su presencia a las promesas realizadas durante las campañas electorales. En su opinión, intendentes y funcionarios municipales deberían participar en las reuniones, acompañar los proyectos y aportar herramientas para que Misiones pueda superar el actual escenario.
Una negociación profundamente desigual
Al analizar la situación de Corrientes, Ferreyra prefirió no profundizar porque, según aclaró, no conoce con el mismo detalle la realidad de esa provincia. No obstante, recordó que la mayor parte de la producción yerbatera proviene de Misiones y que Corrientes cuenta con una matriz productiva diferente.
Dudó, además, de que los valores pagados a los productores correntinos sean sustancialmente superiores. Observó que algunos sectores de esa provincia respaldan la liberación del mercado, aunque el sistema tampoco estaría ofreciendo resultados favorables para la materia prima.
El dirigente ilustró la desigualdad comercial con el caso de un productor que cosecha unas 50 toneladas anuales de hoja verde y debe negociar con una empresa capaz de procesar 200 millones de kilos. Presentar a ambos como empresarios en igualdad de condiciones, sostuvo, desconoce la concentración y la diferencia de poder existente entre las partes.
Mientras las industrias pueden definir cuándo, cuánto y en qué condiciones compran, el pequeño productor debe asumir la inflación, el aumento de los costos y las necesidades urgentes de liquidez. Ferreyra recordó que la inflación del último año fue cercana al 30% y que, aun así, los productores ni siquiera pudieron negociar una actualización equivalente.
La crisis ya lleva a algunas familias a vender sus chacras, buscar empleo fuera de la actividad o enviar a sus integrantes a trabajar en otros lugares. También observó que los hijos de productores abandonan progresivamente el ámbito rural ante la falta de perspectivas.
En contraste, remarcó que no conoce empresas elaboradoras de yerba mate envasada que hayan cerrado como consecuencia del escenario actual.
Para Ferreyra, esa diferencia resume el conflicto: el negocio continúa funcionando, pero sus beneficios no se distribuyen de manera equitativa. Por eso calificó al sistema vigente como especialmente duro para los pequeños y medianos productores misioneros y reclamó una respuesta que permita sostener la actividad sin sacrificar al primer eslabón de la cadena.
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