El Gobierno nacional reglamentó mediante el Decreto 612/2026 una modificación en el cálculo de aportes y contribuciones vinculados a los Convenios Colectivos de Trabajo, una medida que redefine la base utilizada para aplicar los límites del 2% en aportes solidarios y del 0,5% en determinadas contribuciones empresarias.
En diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones, el abogado laboralista, docente y asesor sindical y de obras sociales Adolfo Matarrese explicó los cambios introducidos y señaló que la discusión se centra en los recursos económicos que reciben los sindicatos a partir de los convenios colectivos.
El especialista recordó que las organizaciones gremiales cuentan principalmente con dos fuentes de financiamiento: la cuota sindical que pagan los afiliados y el aporte solidario que realizan trabajadores no afiliados, pero que se benefician de los acuerdos salariales establecidos por el sindicato.
“Los sindicatos tienen dos fuentes de ingresos fundamentales. Una es la cuota sindical y otra es el aporte solidario que pagan los trabajadores que no están afiliados al sindicato, pero pagan una contribución por la firma del convenio”, explicó.
Matarrese indicó que la reforma laboral estableció un límite del 2% para esos aportes solidarios, una cifra que, según consideró, podía ser razonable porque la jurisprudencia ya había planteado que debía ser inferior al valor de la cuota sindical para evitar una afiliación obligatoria.
Sin embargo, señaló que el Decreto 407 había generado una reducción mayor al modificar la base sobre la cual se aplicaba ese porcentaje. “En vez de ser aplicado este tope del 2% sobre las remuneraciones, iba a ser aplicado sobre los básicos de convenio, lo cual es bastante distinto”, detalló.
Según explicó, el salario básico establecido en los convenios no contempla otros componentes habituales de los ingresos laborales, como premios, adicionales por antigüedad u otros conceptos abonados por los empleadores.
Con la nueva normativa, el Decreto 612 amplió parcialmente esa base y permitió incorporar otros conceptos convencionales que sean percibidos de manera normal, habitual o mensual. De todos modos, aclaró que continúan excluidos algunos ingresos como el aguinaldo y el plus vacacional.
“Es un poco mejor que lo que estaba hasta ahora, pero deja otras cosas afuera”, sostuvo el abogado.
Además, el entrevistado analizó otro punto incorporado por la medida: las contribuciones que realizan las cámaras empresarias hacia determinados sindicatos. Explicó que anteriormente existía una interpretación que incluía esos aportes dentro del límite del 2%, mientras que la nueva disposición establece que no tendrían ese tope.
“Se aclara que no estarían dentro del límite del 2%, sino que no tendrían tope”, señaló.
Consultado sobre la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, Matarrese cuestionó el enfoque aplicado sobre la representación sindical y consideró que las modificaciones afectan directamente el financiamiento de esas organizaciones.
“Empezamos de algo que nació muy mal y fue empeorado con los decretos. El derecho colectivo ha sido desastroso porque ha tenido el objetivo claro de debilitar a los sindicatos”, afirmó.
En ese sentido, sostuvo que la reducción de recursos económicos genera consecuencias no solo para los gremios, sino también para las obras sociales vinculadas a esas estructuras. “No solamente están mal los sindicatos, sino también las obras sociales, que están manejadas por los sindicatos, están todas con graves problemas económicos”, expresó.
Matarrese también advirtió que la discusión continuará en el ámbito judicial, a través de amparos y reclamos impulsados por distintas organizaciones. Recordó que algunos sindicatos ya obtuvieron medidas favorables, aunque remarcó que el conflicto todavía no está cerrado.
“El tema es que se está dando la batalla en el terreno legal”, explicó.
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