Argentina debería incrementar cerca de un 40% su actual nivel de inversión para sostener un crecimiento económico próximo al 3% anual, en un escenario marcado por déficits en rutas, redes eléctricas, ferrocarriles, obras hídricas y conectividad.
La estimación fue presentada por el economista Ariel Coremberg durante una jornada del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), que reunió en el predio de La Rural a representantes de las principales cámaras empresarias, la CGT, la UOCRA, especialistas y funcionarios nacionales.
De acuerdo con los cálculos expuestos, la inversión representa actualmente alrededor del 16,6% del Producto Bruto Interno, pero debería elevarse al 23,3% para sostener una expansión anual del 2,9%. Para alcanzar tasas de crecimiento cercanas al 6%, tendría que trepar al 32,2% del PBI.
El planteo dejó al descubierto una de las principales restricciones estructurales de la economía argentina: incluso si logra estabilizar sus variables macroeconómicas, el país enfrenta una infraestructura insuficiente para acompañar una expansión sostenida de la producción, las exportaciones y el empleo.
Durante el encuentro hubo acuerdo en que la estabilidad macroeconómica, la seguridad jurídica y las reglas previsibles son condiciones necesarias para conseguir financiamiento de largo plazo.
El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, señaló que la entidad cuenta con más de 250 estudios sobre obras consideradas estratégicas para reducir costos y mejorar la competitividad.
“Sin una infraestructura moderna, financiada mediante inversión pública y privada, no hay desarrollo posible para ningún sector”, afirmó.
Desde la Asociación de Bancos Argentinos, Francisco Gismondi destacó la necesidad de consolidar una moneda estable y ampliar las fuentes de crédito. También sostuvo que el crecimiento del financiamiento doméstico podría constituir una base para impulsar proyectos de viviendas y grandes obras.
La Unión Industrial Argentina, en tanto, reclamó seguridad jurídica, acceso al crédito y un papel activo del Estado en la planificación y organización de los costos.
Aunque los participantes coincidieron en el diagnóstico general, aparecieron diferencias sobre la manera de financiar las obras y sobre el rol que deberá asumir el sector público.
El debate por el papel del Estado
El secretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, advirtió que el orden macroeconómico y fiscal no debería conseguirse a costa del deterioro social y reclamó un Estado eficiente que no abandone la planificación.
En una línea similar, el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, sostuvo que el diálogo entre empresarios, trabajadores y Gobierno será necesario para definir un modelo de desarrollo y resolver problemas estructurales.
La discusión se produce en momentos en que el Gobierno nacional busca transferir al capital privado una parte sustancial del financiamiento, la administración y el mantenimiento de la infraestructura.
El secretario de Coordinación de Infraestructura, Fernando Herrmann, detalló un esquema que contempla la concesión de 9.154 kilómetros de rutas nacionales durante 20 años, mediante un modelo totalmente privado y sin subsidios estatales.
También mencionó la privatización por 50 años de las líneas ferroviarias de cargas Belgrano, San Martín y Urquiza, junto con la continuidad de las obras hídricas del río Salado para prevenir inundaciones en 59 municipios.
El interrogante central es si los proyectos podrán financiarse exclusivamente mediante capital privado o si requerirán distintas formas de participación estatal para resultar viables, especialmente en aquellos territorios o actividades cuya rentabilidad económica inmediata es limitada, pero que tienen un alto impacto social y productivo.
Energía, minería y transporte al límite
Los especialistas también alertaron sobre cuellos de botella que podrían frenar el crecimiento de sectores estratégicos. El presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras, Roberto Cacciola, planteó la necesidad de realizar inversiones anticipadas en transporte y energía para evitar que la expansión de la minería quede limitada por la falta de infraestructura.
Desde la UIA, Alberto Calsiano advirtió que, pese al crecimiento de Vaca Muerta y de la producción energética, la red de transporte eléctrico de extra alta tensión se encuentra al límite y requiere obras urgentes.
La falta de capacidad de las redes puede impedir que el aumento de la generación eléctrica llegue a los principales centros de consumo y producción, además de afectar la instalación de nuevos proyectos industriales.
La infraestructura hídrica también ocupó un lugar central. Edgardo Castellanos, representante de la Comisión Regional del Río Bermejo, presentó un plan para el NOA que incluye el proyecto multipropósito San Juancito, en Jujuy; un acueducto de 210 kilómetros en Salta; y el manejo de excedentes de los ríos Bermejo y Bermejito.
El costo de no invertir
El déficit de infraestructura no solo limita futuros proyectos. También eleva los costos actuales de las empresas, demora el transporte de mercaderías, reduce la competitividad de las economías regionales y profundiza las desigualdades entre provincias.
En el encuentro, Coremberg advirtió además que la productividad total de los factores se encuentra por debajo de los niveles registrados en la década de 1950, una medición que refleja dificultades persistentes para combinar de manera eficiente el capital, el trabajo y la tecnología.
La advertencia no significa que la producción argentina sea igual a la de hace más de siete décadas, sino que el indicador utilizado para medir las mejoras de eficiencia no muestra avances sostenidos respecto de ese período.
El encuentro del CPI dejó así una coincidencia amplia, pero todavía sin una respuesta definitiva: Argentina necesita invertir mucho más en infraestructura, aunque persiste la discusión sobre de dónde saldrán los recursos, qué proyectos serán prioritarios y qué responsabilidad asumirán el Estado y el sector privado.
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