El comercio ilegal continúa en expansión en la Argentina y ya representa, según estimaciones difundidas durante el V Encuentro del Consejo de Asociaciones Empresariales Sudamericanas por el Comercio Lícito, el equivalente al 5% del Producto Interno Bruto (PIB).
El fenómeno dejó de ser considerado únicamente un problema aduanero o fronterizo. Su crecimiento afecta a la industria formal, reduce los ingresos fiscales, genera competencia desleal y fortalece circuitos que, de acuerdo con las autoridades, también son utilizados por organizaciones vinculadas con otros delitos complejos.
El dato surge del último informe de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI), que ubica a la Argentina y Brasil entre los países donde el comercio ilícito alcanza el 5% del PIB. En México, la proporción asciende al 8%.
Durante el encuentro, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, sostuvo que el país arrastra años de controles insuficientes y reconoció que la actual administración busca incorporar nuevas herramientas para enfrentar el problema.
Sin embargo, advirtió que la extensión territorial representa uno de los principales obstáculos. La Argentina posee alrededor de 9.300 kilómetros de frontera, una dimensión que dificulta la fiscalización permanente del ingreso y la circulación de mercaderías.
Celulares y cigarrillos, entre los sectores más afectados
Uno de los rubros donde el contrabando adquirió mayor dimensión es el de los teléfonos celulares. María Eugenia Mayans, gerente senior de Relaciones Gubernamentales de Lenovo, señaló que uno de cada tres equipos que circulan en el país ingresa por vías ilegales. La estimación equivale a unos tres millones de celulares por año. Además, la comercialización irregular de estos dispositivos representaría entre el 5% y el 15% del comercio ilegal total.
La problemática también alcanza a sectores como el tabaco, los textiles y las bebidas. Un informe de la consultora MAP calcula que la Argentina perdió cerca de US$2.300 millones en ingresos fiscales como consecuencia del crecimiento del contrabando.
En el caso de los cigarrillos, la situación se extiende a toda América Latina. Juan José Benítez, gerente de Prevención de Comercio Ilícito de Philip Morris Argentina, afirmó que tres de cada diez cigarrillos consumidos en la región son ilegales.
“El cigarrillo es el bien legal más contrabandeado”, resumió el representante empresarial durante el encuentro.
El impacto no se limita a la pérdida de impuestos. Los productos ingresados fuera de los canales formales suelen carecer de controles de calidad, trazabilidad, garantía y condiciones de seguridad, lo que también expone a los consumidores.
Un problema que supera la capacidad de control
El subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, Fernando Martín Blanco Muiño, reconoció las limitaciones operativas del Estado para controlar tanto las fronteras como el comercio minorista.
Según explicó, los organismos públicos deben fiscalizar unos 250.000 comercios de cercanía distribuidos en todo el país, una tarea que requiere de la colaboración de cámaras empresariales y entidades sectoriales.
“El rol de las cámaras es muy importante para el Estado porque no podemos llegar a todas las empresas del país”, señaló el funcionario.
Desde la Dirección General de Aduanas, Diego Figueroa indicó que el organismo trabaja sobre tres ejes: desregulación, modernización de normas y sistemas, y control del tráfico de mercaderías.
Según explicó, estas acciones buscan mejorar la competitividad sin abandonar la fiscalización del comercio exterior y se enmarcan en los lineamientos establecidos por el Ministerio de Economía.
Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Martín Ferlauto, vinculó el avance del comercio ilícito con el crecimiento de las economías criminales y advirtió que las organizaciones delictivas operan con estructuras cada vez más sofisticadas.
“El ingreso de mercadería criminal pone en crisis la industria nacional, socava el empleo formal y utiliza las mismas redes que nutren el narcotráfico”, sostuvo.
El funcionario afirmó que combatir el comercio ilegal no implica solamente proteger la recaudación, sino también defender a los trabajadores, los consumidores, las empresas y los emprendimientos que operan dentro de la legalidad.
En ese escenario, el desafío para el Estado será fortalecer los controles sin generar nuevas trabas al comercio formal, mejorar la coordinación entre organismos y evitar que las diferencias de precios, la informalidad y la falta de fiscalización sigan alimentando un mercado que ya tiene un peso significativo dentro de la economía argentina.
Fuente: Agencia de Noticias NA
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