El Ministerio de Justicia de la Nación creó el Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor, una medida que busca ordenar en una sola política pública el proceso de reforma de los Registros del Automotor que el Gobierno nacional viene impulsando desde 2024.
La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 306/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, y establece los lineamientos generales para avanzar hacia un sistema registral más digital, con menos dependencia del soporte papel, mayor interoperabilidad entre organismos y una reorganización progresiva de las oficinas seccionales.
La norma encomienda a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios la elaboración de un cronograma de implementación en un plazo de 30 días corridos, que deberá ser elevado a la autoridad de aplicación. Esa función quedará en manos de la Secretaría de Políticas de Vinculación Ciudadana del Ministerio de Justicia.
El nuevo plan se presenta como una hoja de ruta para pasar de un modelo basado en legajos físicos, trámites presenciales y registros territoriales a un sistema digital, interoperable y centrado en el usuario. Según el anexo de la resolución, el objetivo es simplificar trámites, reducir costos operativos, disminuir tiempos de gestión, eliminar progresivamente el soporte papel y mejorar la trazabilidad de las operaciones.
Entre los cambios previstos, se plantea la digitalización integral de los procedimientos registrales. Esto incluye el inicio digital de trámites, validación automática de identidad, incorporación electrónica de documentación, pago digital, firma digital, consulta online del estado del trámite, notificaciones electrónicas y emisión digital de documentación registral.
El plan también prevé una revisión de la cantidad de trámites, subtrámites, formularios y requisitos que existen actualmente en el sistema. La intención oficial es avanzar hacia categorías más simples, que agrupen gestiones como inscripción inicial, transferencias de dominio, constitución y cancelación de garantías, bajas registrales, informes, certificaciones, trámites sucesorios, medidas cautelares y actualizaciones registrales.
Uno de los puntos centrales será la digitalización de los legajos automotores. El documento oficial sostiene que millones de legajos continúan almacenados en papel dentro de los Registros Seccionales, lo que genera costos de guarda, conservación, consulta y logística. La nueva estrategia apunta a que esa documentación sea incorporada a repositorios digitales, con trazabilidad, respaldo y control de calidad.
La reforma también incluye la evolución de los títulos, cédulas, certificados y demás elementos registrales hacia formatos electrónicos compatibles con el nuevo modelo.
Reorganización de oficinas
El aspecto más sensible de la resolución aparece en el eje institucional. El anexo plantea una reorganización progresiva de la red de Registros Seccionales, en línea con medidas previas de unificación de competencias, normalización de estructuras y revisión de oficinas intervenidas.
El documento aclara que la reorganización “no persigue exclusivamente la reducción de sedes físicas”, sino la construcción de una estructura más eficiente y compatible con el proceso de digitalización. Sin embargo, también admite que la reducción progresiva de determinadas estructuras físicas será una consecuencia operativa del nuevo esquema.
En una primera etapa, el plan prevé revisar aproximadamente 200 Registros Seccionales actualmente intervenidos, tanto bajo intervención interna como externa. La definición final dependerá de criterios como el volumen de trámites, la cantidad de legajos bajo guarda, el nivel de actividad operativa, la cercanía con otros registros, la cobertura territorial alternativa, la capacidad de digitalización documental y los riesgos jurídicos u operativos asociados a un eventual cierre.
Por eso, la resolución no implica un cierre inmediato de oficinas ni identifica todavía qué sedes quedarían alcanzadas. Ese dato dependerá del cronograma que deberá presentar la Dirección Nacional en los próximos 30 días.
Una reforma que viene por etapas
La medida se suma a una serie de decisiones que el Gobierno nacional tomó en los últimos dos años para modificar el funcionamiento del sistema registral automotor. Entre ellas figuran la eliminación de los polígonos de división territorial, la libre elección de registro para determinados trámites, la creación del Registro Único Nacional del Automotor (RUNA), el Registro Único Virtual (RUV) y la implementación de herramientas digitales para pagos y gestiones.
En julio de 2024, una resolución nacional ya había generado repercusión en Misiones al incluir dependencias de la provincia dentro de un proceso de eliminación y unificación de registros. En aquel momento, referentes locales de mandatarios y gestores aclararon que no se trataba de un cierre operativo para los usuarios, sino de un reordenamiento administrativo y de una unificación de competencias.
Con la nueva resolución, Justicia busca ahora sistematizar ese proceso dentro de un plan nacional de mayor alcance. La diferencia es que ya no se trata de una medida puntual sobre determinadas oficinas o trámites, sino de una estrategia integral para rediseñar el sistema registral automotor.
Qué puede cambiar para los usuarios
Para quienes compran, venden o transfieren vehículos, el impacto dependerá de cómo se implemente el cronograma. En principio, el Gobierno apunta a que la mayoría de las gestiones pueda realizarse de manera remota, con menos documentación física y menor necesidad de concurrir a una oficina.
También se anticipa una revisión del esquema arancelario, aunque la resolución no fija todavía nuevos valores ni reducciones concretas. El anexo señala que la baja de costos operativos, la automatización de procesos y la reducción de estructuras físicas deberían permitir avanzar hacia un sistema arancelario más simple y transparente, pero aclara que esa adecuación será gradual.
La reforma abre, al mismo tiempo, interrogantes sobre la transición: la digitalización de millones de legajos, la seguridad informática, la conectividad de los usuarios, la continuidad de la atención presencial para quienes no puedan realizar trámites online y el impacto sobre oficinas intervenidas.
Por ahora, el dato concreto es que el Ministerio de Justicia ya aprobó el marco general de la reforma y que la Dirección Nacional deberá presentar el cronograma de aplicación. Recién allí se conocerá el alcance operativo de los cambios y si alguna dependencia de Misiones queda comprendida en una nueva etapa de reorganización.
“Pantallazo”
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