La Defensoría del Pueblo obereña solicitó a la Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá (CELO) un informe detallado sobre su situación contable y administrativa, además de convocar a una reunión institucional con sus autoridades para conocer el estado actual de la entidad y las medidas adoptadas para garantizar la continuidad de los servicios a miles de usuarios.
El pedido fue realizado mediante la Nota Nº 110/2026, firmada por la defensora del Pueblo, Claudia Isabel Urrutia, y dirigida a la presidenta de la cooperativa, María Emilia Pires, requiriendo la remisión de un informe pormenorizado en papel y se solicita coordinar un encuentro “a la mayor brevedad y celeridad posible” entre ambas instituciones.
La intervención de la Defensoría se produce luego de que trascendieran públicamente informaciones vinculadas con la gestión contable y auditorías internas de la CELO, indicando pérdidas millonarias.
Frente a ese escenario, el organismo consideró necesario requerir información oficial para conocer la situación real de la entidad. En la nota, la Defensoría recuerda que ejerce un rol constitucional de veedor de los servicios públicos y sostiene que debe velar por la transparencia y la regularidad en la prestación de la energía eléctrica y el agua potable que reciben los vecinos obereños.
Tras la difusión de esas publicaciones, la CELO emitió un comunicado en el que rechazó las interpretaciones realizadas sobre su situación económica y sostuvo que la información divulgada correspondía a un informe interno presentado de manera parcial e incompleta, ya que no contemplaba ingresos correspondientes a meses del período analizado. En ese sentido, afirmó que presentar esos datos como un resultado definitivo genera una interpretación sesgada de la realidad.
Asimismo, aseguró que su administración cumple con los controles estatutarios y legales vigentes y que mantiene al día sus obligaciones.
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