En una entrevista en la FM 89.3 Santa María de las Misiones, el ministro del Superior Tribunal de Justicia de Misiones, Juan Manuel Díaz, detalló el proceso de implementación del Régimen Penal Juvenil en la provincia y los cambios que introduce en el abordaje judicial de los adolescentes en conflicto con la ley.
El funcionario explicó que “Misiones es pionera avanzando en la implementación de este régimen con un gran esfuerzo, primero a través de un proceso de escucha institucional interna dentro de la estructura del Poder Judicial con los actores especializados”.
En ese marco, señaló que se elaboró un protocolo de actuación interna que “lo que hace es compatibilizar los principios, tanto convencionales, con lo que trae la ley penal juvenil”.
Uno de los ejes centrales del sistema es garantizar el derecho a ser oído de los adolescentes en etapas tempranas del proceso judicial. “Existe el derecho a ser oído como premisa dentro del régimen penal juvenil, en una instancia muy temprana dentro del proceso”, expresó.
Díaz remarcó además la importancia de la utilización de un lenguaje claro y comprensible para los jóvenes involucrados y destacó que la reforma es la incorporación de un abordaje integral durante la investigación penal, que incluye aspectos sociales, educativos y de salud.
El ministro explicó que la implementación del régimen también requirió la articulación con otros poderes del Estado y organismos provinciales, por eso “convocamos a esos actores y generamos mesas de trabajo y de coordinación y articulación con distintos funcionarios del Ejecutivo provincial”.
Agregó que hay “una mesa de reintegración social en donde Ministerio de Trabajo, Ministerio de Deporte, Cultura y otros actores se nuclean para poder darles una oportunidad”.
Finalmente, Díaz advirtió que la aplicación del régimen también implica desafíos presupuestarios y de recursos humanos para las provincias: “Hay una cuestión de recursos que también va a demandar la operatividad del sistema, una decisión tomada por el Estado Nacional de la cual las provincias tienen que hacerse cargo”.
Y remarcó que el objetivo final del sistema “es generar esas oportunidades de reintegración social”. “La respuesta penal del Estado respecto a niños y adolescentes es esencial”, concluyó.
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