Sucede de madrugada, cuando el país real, extenuado por las tensiones para llegar a fin de mes, apaga las luces. Es entonces cuando el poder central enciende el lado B de sus computadoras. Según los fríos registros de la analítica digital, casi la mitad de las proclamas del asesor presidencial Santiago Caputo se eyectan entre la medianoche y las cinco de la mañana. En ese limbo insomne, donde los fusiles de asalto virtuales y las citas crípticas de Juego de Tronos o Friedrich Nietzsche reemplazan a la gestión pública, la mesa chica del Gobierno nacional se entrega a un canibalismo que ya no se oculta.
La última guerra tuitera contra Martín Menem, detonada por cuentas anónimas y amenazas de “duelos a tiros”, es la radiografía de un oficialismo que se percibe a sí mismo como una facción en combate permanente, donde la lealtad al líder se mide por el calibre del agravio digital.
Mientras este teatro de sombras transcurre en las pantallas de la Capital, abajo, en el asfalto y la tierra, la realidad opera por goteo y sin algoritmos. La desaceleración de la inflación, que el relato oficial exhibe como un estandarte de victoria, esconde una paradoja macroeconómica perversa: no es el resultado de un florecimiento productivo, sino del congelamiento del consumo. La desinflación actual no restituye el poder adquisitivo, en todo caso lo disciplina.
En ese sentido los datos del INDEC son taxativos. En marzo de 2026, los salarios formales privados quedaron por séptimo mes consecutivo debajo de la inflación. Así las cosas, el salario real privado ya arrastra una pérdida acumulada fenomenal respecto a noviembre de 2023.
La erosión cotidiana adquiere dimensiones dramáticas cuando el portal laboral especializado Bumeran revela, por ejemplo, que al 73% de los trabajadores argentinos el sueldo le dura menos de dos semanas. El salario, entonces, ya no es un vector de previsibilidad ni un mecanismo de movilidad social; es un insumo de subsistencia inmediata que se evapora en pagar el alquiler y comprar alimentos.
El derrame invertido
Lo que hoy se derrama desde la cúspide del modelo no es riqueza, sino precariedad. El mercado laboral argentino sufre una metamorfosis regresiva: se destruyen puestos asalariados de calidad y se sustituyen por un cuentapropismo de baja calificación que ya contiene a 2,6 millones de personas. Trabajar más de 45 horas semanales ya no garantiza salir de la pobreza; el 86% de este universo ni siquiera logra cubrir la Canasta Básica Total.
Este ahogo del consumo interno impacta de lleno en el corazón productivo del país: las Pequeñas y Medianas Empresas. El reciente y desesperado ruego de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios ante la agencia de recaudación expone la frialdad del sistema. El Estado, urgido por sostener el superávit fiscal a cualquier costo, asfixia a las PyME con embargos preventivos sobre sus cuentas y acreencias. Cortar la caja diaria de una empresa que carece de crédito es casi decretar su quiebra. El cortoplacismo fiscal de recaudar hoy destruye al contribuyente de mañana. Cuando una PyME cierra, no desaparece un CUIT, se detona el tejido social de una comunidad.
Esa misma lógica de urgencia fiscal y desdén por el mediano plazo es la que sobrevuela la extraña y apresurada privatización de Transener. Vender la nave insignia del transporte de energía en alta tensión, un monopolio natural estratégicamente rentable, a precio de liquidación (“barata” para los cánones del mercado), revela una alarmante ceguera. Se rifa un activo vital para la soberanía nacional sin garantías explícitas sobre la expansión de la red, las tarifas futuras o la seguridad energética del sistema. Es el remate de “las joyas de la abuela” para financiar el cortoplacismo de la caja central.
Misiones, en tanto, ofrece una postal política extraordinariamente reveladora. Porque en medio de esta intemperie macroeconómica, donde el Estado nacional se desentiende progresivamente de funciones esenciales mientras se consume en internas adolescentes y guerras digitales de madrugada, las provincias empiezan a verse obligadas a recalcular posiciones para preservar gobernabilidad, recursos y cohesión territorial.
Lo ocurrido en Ruiz de Montoya fue, por caso, la exteriorización de un reacomodamiento profundo dentro del oficialismo misionero. Después de más de dos décadas de liderazgo absoluto, empieza a ingresar en una etapa distinta: la transición hacia un esquema menos vertical, más pragmático y condicionado por las nuevas dinámicas del poder nacional.
El respaldo al gobernador Hugo Passalacqua no debe leerse únicamente como una disputa con Carlos Rovira. Es también -y acaso principalmente- la expresión de una necesidad política. Los intendentes interpretan que el país cambió y que Misiones necesita otro tipo de construcción para enfrentar una Argentina más fragmentada, más agresiva fiscalmente y mucho menos previsible.
Lejos de representar un simple gesto de verticalismo partidario, la cumbre funcionó como un instinto de preservación territorial. Las respuestas locales no pueden permitirse dispersión cuando el orden nacional se vuelve errático y desmantela, de hecho, buena parte de los federalismos históricos. El municipalismo misionero parece haber comprendido que la fragmentación interna, en este contexto, equivaldría a un suicidio político y económico colectivo.
Misiones, cuya economía cotidiana late al ritmo del comercio regional, las pequeñas empresas, el agro y las asimetrías fronterizas, siente de manera inmediata el impacto de las políticas de ajuste centralistas. Frente a una Nación que licúa salarios, endurece la presión fiscal y retira progresivamente herramientas de asistencia, la gobernabilidad provincial exige construir un nuevo pacto interno.
Por eso el mensaje de Ruiz de Montoya fue doble. Hacia adentro, buscó ordenar, contener tensiones y consolidar liderazgo alrededor de Passalacqua. Hacia afuera, intentó exhibir un bloque político homogéneo capaz de negociar -o resistir- frente a un poder central que observa al interior bajo una lógica cada vez más fiscalista y cada vez menos federal.
La reacción de Rovira también deja señales profundas. Su decisión de no competir en 2027 equivale, en términos simbólicos, al cierre de una época. Y aunque conserve resortes decisivos de poder, el oficialismo provincial parece haber comprendido que el modelo político construido durante veinte años necesita adaptarse a un escenario completamente distinto.
El oficialismo sobrevivió históricamente gracias a una enorme capacidad de mutación. Ahora enfrenta quizás su transformación más compleja: convivir con un país donde el poder nacional ya no garantiza estabilidad económica, donde el humor social cambia con velocidad y donde las urgencias materiales desplazan progresivamente a los discursos identitarios. Por eso la discusión interna en Misiones no derrama hacia la sociedad con intensidad dramática. Porque la agenda real de la gente es otra. Llegar a fin de mes, sostener el empleo y evitar caer.
Mientras en Balcarce 50 los funcionarios juegan a convertirse en personajes de ficción y miden poder en interacciones de X durante la madrugada, el federalismo real empieza a jugarse en la trinchera silenciosa de los municipios donde sigue siendo necesario sostener escuelas, hospitales, salarios, caminos y economías regionales.
En el fondo, tanto la interna libertaria como el reordenamiento misionero son expresiones distintas de una misma época. El país trasciende un tiempo en el que el poder político ya no discute únicamente ideologías o liderazgos, sino supervivencia. Es verdad… “Winter Is Coming” (Santiago Caputo dixit).
Discussion about this post