La economía argentina parece haber ingresado en una paradoja tan silenciosa como inquietante. Mientras las variables macroeconómicas muestran cierta estabilización y el Gobierno nacional insiste en destacar el ordenamiento fiscal y la desaceleración de la inflación, la vida cotidiana de millones de trabajadores continúa deteriorándose.
El problema ya no pasa solamente por cuánto suben los precios. Empieza a pasar, cada vez más, por la calidad del empleo, la pérdida de ingresos reales y la transformación estructural del mercado laboral argentino.
Los números que comenzaron a difundirse en las últimas semanas muestran que el fenómeno excede una coyuntura inflacionaria. Lo que aparece es algo más profundo: un proceso de precarización creciente donde el empleo formal pierde terreno frente a formas de subsistencia cada vez más frágiles.
El informe “Derrame invertido: la cascada regresiva”, elaborado por investigadores del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, traza una radiografía contundente de ese escenario. Allí se sostiene que nueve de cada diez puestos de trabajo generados en los últimos dos años corresponden a modalidades precarias, sin relación de dependencia, sin cobertura social y con ingresos muy inferiores a los del empleo registrado.
“No hay creación de empleo genuino; hay sustitución de empleo de calidad por ocupaciones de subsistencia”, concluye el estudio elaborado por Eduardo Chávez Molina, Mariana Sosa y José Rodríguez de la Fuente.
El concepto central del trabajo es el de “derrame invertido”. Si durante décadas la teoría económica liberal sostuvo que el crecimiento de los sectores superiores terminaría beneficiando al resto de la sociedad, el proceso actual parece funcionar exactamente al revés: lo que se expande no es riqueza sino deterioro.
Según el relevamiento, entre el cuarto trimestre de 2023 y el mismo período de 2025 el saldo neto de empleo fue prácticamente neutro. Sin embargo, detrás de esa aparente estabilidad se esconde una transformación profunda. En ese lapso desaparecieron más de 253 mil puestos asalariados formales y fueron reemplazados por casi 289 mil nuevos trabajadores cuentapropistas de baja calificación.
La totalidad de los nuevos empleos creados corresponde al autoempleo. De cada diez puestos generados, siete pertenecen a cuentapropistas precarios y tres a monotributistas. Es decir, prácticamente no hubo expansión del empleo asalariado registrado.
Para los investigadores del Gino Germani, se trata de un cambio estructural que ya comienza a modificar la composición social del trabajo argentino. En los últimos nueve años, la participación de los asalariados formales cayó del 50% al 46% del total de inserciones laborales, el nivel más bajo desde que existen registros comparables.
El núcleo más vulnerable de esa transformación está compuesto por los llamados “cuentapropistas de baja calificación”, un universo de 2,6 millones de personas que se consolidó como el segmento ocupacional de mayor crecimiento desde la llegada de Javier Milei al poder.
Detrás de esa categoría estadística aparece una realidad extremadamente frágil. El 61% son varones, el 51% son jefes o jefas de hogar y casi la mitad reside en el conurbano bonaerense, la región más golpeada por la destrucción del empleo formal.
Además, el 47% no terminó el secundario, lo que reduce severamente sus posibilidades de acceder a trabajos de mejor calidad. La mayoría se desempeña en sectores de muy baja productividad, principalmente comercio y construcción, mientras que las actividades más frecuentes son la venta ambulante, pequeños oficios vinculados a la construcción y producción informal. Pero quizás el dato más dramático sea otro: trabajar más ya no garantiza escapar de la pobreza.
El informe señala que el 44% de estos trabajadores está sobreocupado, es decir, trabaja más de 45 horas semanales, mientras que otro 33% permanece subocupado. Ambas situaciones conviven en un mismo universo laboral atravesado por ingresos insuficientes. En promedio, perciben alrededor de 720 mil pesos mensuales, un 45% menos que un trabajador formal registrado. El 86% no logra superar la Canasta Básica Total y el 42% ni siquiera alcanza el valor de la Canasta Alimentaria.
La precariedad tampoco se reduce a las plataformas digitales como Uber o Rappi. Los investigadores advierten que buena parte de estos trabajadores ni siquiera accede a una formalización mínima mediante monotributo.
El 73% se desempeña completamente por fuera de cualquier registro legal, sin aportes jubilatorios, obra social ni cobertura ante enfermedad o accidentes. Mientras tanto, los salarios registrados continúan perdiendo contra la inflación.
Según el último informe del INDEC, los salarios formales aumentaron 3% en marzo frente a una inflación mensual del 3,4%. La situación fue particularmente delicada para el sector privado registrado, cuyos ingresos avanzaron apenas 2,1%. De esta manera, los trabajadores privados acumularon siete meses consecutivos de caída salarial en términos reales.
Los datos reflejan una dinámica preocupante. Durante el primer trimestre de 2026, los salarios formales crecieron 7%, mientras que la inflación acumuló 9,4%. En términos interanuales, el índice salarial avanzó 28,1%, nuevamente por debajo del IPC, que alcanzó 32,6%.
Diversas consultoras privadas coinciden en el diagnóstico. Desde Estudios Económicos del Banco Provincia señalaron que el salario privado registrado perdió 1,3% de poder adquisitivo solamente en marzo y acumula un deterioro cercano al 6% respecto del promedio de 2023.
“La desaceleración inflacionaria no trae una mejora del salario real. Por el contrario, ambas variables están conviviendo con caída del poder adquisitivo”, advirtieron.
Desde Econviews remarcaron que se trata de la séptima caída consecutiva del salario privado, mientras que el economista Claudio Caprarulo, de Analytica, sostuvo que es la peor racha desde la asunción de La Libertad Avanza. El deterioro salarial también empieza a reflejarse con claridad en la percepción social.
Un relevamiento de Bumeran reveló que el 87% de los trabajadores argentinos considera que su sueldo no alcanza para cubrir necesidades básicas y que el 74% siente que su poder adquisitivo empeoró en los últimos meses. El dato más alarmante aparece en la duración real del ingreso. El 73% asegura que el salario le dura menos de dos semanas. Dentro de ese universo, el 28% reconoce que apenas cobra utiliza todo el sueldo para pagar cuentas acumuladas.
El alquiler se consolidó como el principal gasto para el 44% de los trabajadores, seguido por alimentos y pago de deudas. Además, nueve de cada diez personas afirman que no logran ahorrar y el 77% reconoce tener algún tipo de endeudamiento.
“Hoy el desafío ya no pasa solamente por ganarle a la inflación, sino por reconstruir capacidad de consumo y previsibilidad”, sostuvo Federico Barni, CEO de Bumeran. La frase resume buena parte del problema actual. El Gobierno logró desacelerar parcialmente la inflación, pero todavía no consigue revertir el deterioro de las condiciones materiales de vida.
Y allí emerge uno de los grandes interrogantes económicos y políticos de esta etapa: cuánto tiempo puede sostenerse un esquema donde las variables macroeconómicas mejoran lentamente mientras el empleo se precariza, el salario pierde poder adquisitivo y amplios sectores sociales empiezan a naturalizar la supervivencia como horizonte económico permanente.
Fuentes: iProfesional, Infobae, INDEC y NA
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