El Gobierno nacional abrió un nuevo frente en su agenda de desregulación: tras avanzar en el Congreso con la modificación del régimen de Zonas Frías y la llamada Ley Hojarasca, ahora buscará derogar la Ley de Etiquetado Frontal, la norma sancionada en 2021 que instaló los octógonos negros en los envases de alimentos y bebidas para advertir sobre excesos de azúcares, sodio, grasas y calorías.
La iniciativa fue presentada por los diputados Daiana Fernández Molero, del PRO, y Alejandro Bongiovanni, de La Libertad Avanza, y forma parte del paquete de medidas impulsado por el Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger. En paralelo, el Poder Ejecutivo trabaja en un nuevo esquema para que Argentina adopte un reglamento técnico regional unificado con los países del Mercosur.
La ley vigente obliga a las empresas alimenticias a incluir sellos de advertencia cuando los productos superan determinados límites de nutrientes críticos. También establece leyendas precautorias para alimentos con edulcorantes o cafeína, especialmente cuando no son recomendables para niños. Su objetivo declarado es brindar información clara al consumidor, promover una alimentación más saludable y prevenir enfermedades asociadas al consumo excesivo de productos ultraprocesados.
El proyecto oficialista parte de una lectura opuesta. Sus autores sostienen que, a más de cuatro años de su implementación, la Ley de Etiquetado Frontal “no cumplió sus objetivos” y que su diseño técnico genera confusión, desalienta la reformulación de productos y dificulta el comercio y la inversión. Según el planteo, el sistema argentino utiliza parámetros de la Organización Panamericana de la Salud basados en “umbrales móviles”, es decir, proporciones de nutrientes en relación con las calorías totales del alimento, en lugar de cantidades absolutas por cada 100 gramos.
Ese argumento técnico es uno de los ejes centrales de la propuesta. Para el oficialismo, los llamados umbrales móviles provocarían distorsiones y harían menos comprensible la información nutricional. En cambio, plantean avanzar hacia un esquema de umbrales fijos, similar al que, según los impulsores de la derogación, utilizan otros países de la región.
Pero la discusión excede el formato de los sellos. En el fondo, vuelve a enfrentar dos modelos de regulación: por un lado, una norma pensada como herramienta de salud pública y derecho a la información; por el otro, una agenda oficial que prioriza la eliminación de trabas comerciales y la armonización normativa con el Mercosur.
Qué se perdería con la derogación
La Ley de Etiquetado Frontal no se limita a los octógonos. También impone restricciones sobre el marketing de productos con sellos, especialmente cuando se dirigen a niños y adolescentes. La norma vigente prohíbe que los envases de alimentos alcanzados por las advertencias incluyan personajes infantiles, mascotas, animaciones, celebridades o avales de sociedades científicas, y limita su publicidad orientada a menores y su presencia en entornos escolares.
Ese punto vuelve particularmente sensible la discusión. La derogación podría modificar no solo la información disponible en las góndolas, sino también las reglas que condicionan cómo se promocionan alimentos y bebidas de bajo perfil nutricional ante públicos infantiles. En un país atravesado por problemas de malnutrición, obesidad infantil y consumo creciente de ultraprocesados, el debate no es menor.
El Gobierno ya había introducido en 2024 modificaciones sobre la aplicación de la Ley 27.642, especialmente en materia de publicidad, promoción y patrocinio de alimentos y bebidas analcohólicas envasadas dirigidas a niños y adolescentes. Allí se precisaron criterios sobre comunicación comercial, información veraz y presentación objetiva de los productos.
Ahora, el salto es más profundo: no se trata de ajustar la aplicación de la ley, sino de derogarla y reemplazarla por otro marco. La Casa Rosada apunta a un sistema regional del Mercosur, con el argumento de que la convivencia de distintos modelos de etiquetado obliga a las empresas a adaptar envases, fórmulas y líneas de producción para cada mercado, lo que incrementaría costos y afectaría especialmente a pymes exportadoras.
El trasfondo Mercosur
El debate regional ya venía en marcha. Desde 2025, el Mercosur trabaja en la armonización del etiquetado frontal de alimentos, un proceso técnico orientado a reducir barreras comerciales entre los países miembros. Sin embargo, organizaciones y especialistas advierten que una unificación podría debilitar el modelo argentino, considerado uno de los más exigentes de la región por el uso de octógonos y por sus restricciones adicionales sobre publicidad y entornos escolares.
Para los impulsores de la derogación, la adopción de un sistema común permitiría dar previsibilidad a productores, exportadores y consumidores. Para sus críticos, en cambio, el riesgo es que la armonización funcione como una vía indirecta para bajar el estándar de protección sanitaria y reducir la capacidad del consumidor de identificar rápidamente productos con exceso de nutrientes críticos.
La pelea, entonces, no es solamente por una etiqueta. Es por el sentido de una política pública que se volvió visible en la vida cotidiana: cada octógono negro en una góndola sintetiza una advertencia sanitaria, pero también una discusión sobre cuánto debe intervenir el Estado en las decisiones de consumo y hasta dónde llega la responsabilidad de la industria alimenticia.
Si el oficialismo logra avanzar, Argentina podría dejar atrás el sistema vigente apenas unos años después de su implementación plena. El desenlace dependerá del margen legislativo que consiga el Gobierno y de la presión que puedan ejercer las organizaciones sanitarias, de consumidores y de defensa de la alimentación saludable frente a una reforma que promete convertirse en otra pulseada sensible de la agenda desreguladora.
Fuente: parlamentario.com
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