Mientras el Gobierno nacional avanza con la concesión por 30 años del dragado y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal, también conocida como Hidrovía Paraná-Paraguay, crece una resistencia política, judicial y socioambiental que cuestiona no solo las condiciones del proceso licitatorio, sino el fondo del debate: quién controlará una de las arterias económicas más estratégicas de Sudamérica.
Por la Hidrovía circula buena parte de las exportaciones agroindustriales del continente. No se trata apenas de un corredor fluvial ni de una obra de mantenimiento técnico. La empresa que quede a cargo del dragado, la señalización y la operación del canal tendrá una posición determinante sobre el flujo de granos, alimentos y mercancías que salen por el Paraná. En términos económicos, el control de esa vía significa también una cuota decisiva de poder sobre el comercio exterior argentino.
El proceso quedó bajo sospecha luego de que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), dependiente del Ministerio Público Fiscal, solicitara formalmente la impugnación de la licitación impulsada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN). En su dictamen, el organismo advirtió una serie de anomalías que encendieron las alarmas entre organizaciones ambientales, referentes sociales y sectores de la oposición.
Uno de los puntos más graves del documento señala que peritos informáticos detectaron que el informe atribuido a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, presentado por el Gobierno nacional como aval respaldatorio del proceso, sería “apócrifo”. A esa observación se suman cuestionamientos por la ausencia de estudios de impacto ambiental, el posible incumplimiento del Acuerdo de Escazú, la falta de mecanismos de participación ciudadana y federal, objeciones sobre la fórmula de evaluación de ofertas y riesgos de direccionamiento en perjuicio de la competencia.
Con ese dictamen como respaldo, las organizaciones Naturaleza de Derechos, el Observatorio del Derecho a la Ciudad y el movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos presentaron una medida cautelar ante el Juzgado Federal N°7 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Sebastián Casanello, con el objetivo de frenar el proceso licitatorio.
La ofensiva judicial y política se aceleró después de que el Gobierno nacional comunicara a las empresas oferentes la finalización de la evaluación técnica y confirmara que Jan de Nul y DEME avanzarán a la instancia final de la licitación. Para los sectores que cuestionan el procedimiento, esa decisión profundiza la preocupación por el eventual cierre de un negocio de largo plazo sobre una vía clave para la matriz exportadora nacional.
Una concesión que define poder
El núcleo del conflicto excede largamente la discusión sobre máquinas, dragas y mantenimiento. La Hidrovía Paraná-Paraguay es una infraestructura de peso geopolítico y económico: conecta regiones productivas, puertos, mercados internacionales y corporaciones agroindustriales. Por eso, el control de su operación no es un asunto menor ni neutro.
El diputado nacional de Unión por la Patria Jorge Taiana, uno de los dirigentes que tomó la iniciativa de articular la resistencia política y social, sostuvo que el país está ante “un proceso plagado de irregularidades y observaciones de enorme gravedad institucional”. Según planteó, el Gobierno debe suspender la licitación y garantizar un procedimiento “transparente, competitivo y ajustado a la ley”.
Taiana presentó tres proyectos de resolución con pedidos urgentes de suspensión del proceso, reunió firmas de referentes de la cultura y la política para una solicitada y encabezó una reunión de trabajo en la Cámara de Diputados junto a legisladores, especialistas, representantes sindicales, activistas ambientales y organizaciones vinculadas con la defensa de la soberanía sobre el Río Paraná.
En ese encuentro, los asistentes coincidieron en cuestionar la licitación por falta de transparencia, ausencia de participación federal y serias irregularidades en el proceso. Pero detrás de esas objeciones aparece una pregunta de fondo: qué margen de control conservará el Estado sobre una vía por la que se mueve una porción sustancial de la riqueza exportadora del país.
El debate también involucra a las provincias ribereñas, que quedarían expuestas a las consecuencias económicas, ambientales y territoriales de una decisión tomada desde la órbita nacional. Para las organizaciones críticas, la falta de una participación federal efectiva debilita la legitimidad del proceso y deja fuera de la discusión a los territorios atravesados por el corredor fluvial.
El costo ambiental del negocio
El otro capítulo sensible está en el impacto ecológico. Las organizaciones socioambientales advierten que la intención del Gobierno y de las empresas interesadas sería profundizar el calado del canal navegable por encima de los niveles actuales.
Hoy las profundidades máximas varían entre 34 y 37 pies, niveles fijados tras la primera privatización de los años 90. La hipótesis que manejan los ambientalistas es que ahora se buscaría llevar el calado a 44 pies, con el objetivo de permitir la navegación de buques de mayor porte.
Ese cambio, advierten, podría alterar de manera severa la dinámica natural del río Paraná. La ampliación del dragado reforzaría el escurrimiento del agua y podría desencadenar el secado de bañados, lagunas y humedales, con consecuencias directas para comunidades que dependen del río para vivir.
El impacto no sería únicamente ambiental. También alcanzaría a sectores vinculados con la pesca de subsistencia, el turismo y la ganadería en zonas ribereñas. En otras palabras: el mismo proyecto que promete eficiencia logística para las exportaciones podría generar costos sociales y ecológicos difíciles de revertir.
Por eso, la discusión sobre la Hidrovía concentra varias tensiones a la vez: transparencia institucional, soberanía económica, participación federal, control privado de infraestructura estratégica y preservación de humedales. En el centro de esa trama aparece el Paraná, no solo como río, sino como territorio de disputa.
La concesión por tres décadas, en ese marco, no define únicamente quién dragará el canal. Define quién administrará una de las llaves del comercio exterior argentino y bajo qué reglas se tomará una decisión capaz de condicionar el futuro productivo, ambiental y económico de buena parte del país.
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