La reactivación judicial de la Ley de Modernización Laboral N°27.802 no solo volvió a poner en discusión las condiciones de contratación y despido en Argentina. También abrió un fuerte debate sobre el impacto que algunos de sus artículos podrían tener sobre el financiamiento del sistema previsional.
El eje de las críticas está puesto principalmente en dos herramientas incorporadas por la reforma: el nuevo Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), mecanismos que, según especialistas tributarios y previsionales, podrían reducir recursos destinados al sistema jubilatorio.
La preocupación aparece además en un contexto de caída del empleo registrado. Según datos citados en el análisis técnico sobre la norma, en febrero de 2026 el sistema mostró una reducción interanual superior a los 132 mil trabajadores registrados, un dato que impacta directamente sobre la cantidad de aportantes que sostienen al régimen previsional.
Uno de los puntos más discutidos es la creación del Fondo de Asistencia Laboral, una herramienta diseñada para cubrir obligaciones derivadas de despidos e indemnizaciones laborales. El esquema toma como antecedente el sistema utilizado históricamente en la industria de la construcción, aunque con una diferencia clave: mientras en versiones anteriores la idea era que esos fondos fueran financiados exclusivamente por los empleadores, el nuevo modelo incorpora recursos provenientes del propio sistema previsional.
Según la reglamentación, las empresas deberán constituir cuentas específicas administradas por entidades habilitadas por la Comisión Nacional de Valores, destinadas a cubrir conceptos indemnizatorios como preaviso, integración y despido. Para alimentar esos fondos, se utilizará una porción de las contribuciones que actualmente se destinan al Sistema Integrado Previsional Argentino.
El esquema prevé una contribución mensual obligatoria equivalente al 1% de las remuneraciones para grandes empresas y del 2,5% para micro, pequeñas y medianas empresas con certificado vigente. Aunque formalmente no implica una suba de cargas patronales, sí representa una redistribución de recursos que antes ingresaban de manera directa al sistema jubilatorio.
Por otra parte, la reforma también incorporó el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), un programa destinado a promover nuevas contrataciones mediante una reducción significativa de las contribuciones patronales. El beneficio tendrá vigencia durante un año, desde mayo de 2026 hasta abril de 2027, y apunta a trabajadores desempleados, monotributistas o personas sin empleo registrado reciente.
En esos casos, las empresas podrán acceder a alícuotas reducidas del 2% destinadas al SIPA, al Fondo Nacional de Empleo y al régimen de asignaciones familiares durante un período de hasta 48 meses. Además, se establece una contribución reducida del 3% para el sistema de seguridad social vinculado al PAMI.
Los defensores del esquema sostienen que la baja del llamado “costo laboral” puede estimular nuevas incorporaciones y reducir informalidad. Sin embargo, críticos de la reforma advierten que este tipo de políticas vienen aplicándose desde hace décadas sin resolver estructuralmente el problema del empleo.
De hecho, el debate no es nuevo. Medidas similares aparecieron en distintos momentos desde los años noventa, pasando por los planes de competitividad impulsados durante la gestión de Domingo Cavallo, los blanqueos laborales de 2008 y las reformas tributarias implementadas durante el gobierno de Mauricio Macri.
En todos los casos, el argumento central fue el mismo: reducir contribuciones patronales para incentivar contrataciones y mejorar competitividad. Sin embargo, especialistas señalan que esas políticas también tuvieron un efecto acumulativo sobre el financiamiento previsional, debilitando progresivamente los recursos de la Administración Nacional de la Seguridad Social.
La discusión de fondo vuelve así a instalar un viejo interrogante económico y político: si la reducción de cargas laborales realmente genera más empleo o si, por el contrario, termina profundizando los problemas de financiamiento del sistema jubilatorio.
Mientras tanto, la reactivación de la reforma laboral promete abrir nuevos debates judiciales, empresariales y sindicales sobre el equilibrio entre competitividad, empleo y sustentabilidad previsional.
Fuente: elcronista.com
