La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reglamentó el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), una herramienta que apunta a promover la creación de empleo registrado mediante la reducción de cargas patronales. La medida fue oficializada a través de la Resolución General 5844/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.
El régimen se enmarca en la Ley N° 27.802 de Modernización Laboral y establece las condiciones, plazos y requisitos para que empleadores del sector privado puedan acceder a un beneficio clave: una alícuota unificada del 5% en contribuciones patronales destinadas a la seguridad social.
Reducción de aportes por cuatro años
Según la normativa, el incentivo tendrá una duración de hasta 48 meses por cada nueva relación laboral. Para acceder, las contrataciones deberán realizarse entre el 1 de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027.
El beneficio alcanza a los aportes destinados al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), asignaciones familiares, el Fondo Nacional de Empleo y el INSSJP, lo que representa un alivio significativo en los costos laborales para las empresas.
Quiénes pueden ser incorporados
El régimen no se aplica a cualquier contratación. Los trabajadores deberán cumplir al menos una de las siguientes condiciones:
- No haber tenido empleo registrado al 10 de diciembre de 2025
- Estar desempleados durante los seis meses previos
- Haber estado inscriptos en el Monotributo
- Provenir del sector público
Además, los empleadores que hayan iniciado actividades desde el 10 de diciembre de 2025 podrán utilizar este beneficio hasta un máximo del 80% de su plantilla.
Cómo se implementa
Para registrar a los trabajadores bajo este esquema, las empresas deberán utilizar el sistema “Simplificación Registral” e informar el código de contratación 710. También deberán emplear la versión actualizada del sistema “Declaración en línea” para liquidar los aportes.
La normativa excluye a empleadores incluidos en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) y prohíbe aplicar el beneficio en casos de reincorporación de personal desvinculado dentro de los últimos 12 meses.
Controles y sanciones
Desde ARCA advirtieron que cualquier uso indebido del régimen, como la sustitución de personal para reducir cargas, implicará la pérdida del beneficio. En esos casos, el empleador deberá abonar las diferencias correspondientes, con intereses y multas.
La resolución entró en vigencia este miércoles 6 de mayo y se aplicará a partir de las declaraciones juradas correspondientes al período devengado mayo de 2026. Incluso, las altas registradas en días previos podrán ser rectificadas para acceder al beneficio, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.
Con esta medida, el Gobierno busca estimular la formalización laboral y reducir la informalidad en el mercado de trabajo argentino.
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