El Poder Ejecutivo Nacional aprobó oficialmente el Presupuesto Consolidado del Sector Público Nacional para el ejercicio fiscal 2026, proyectando un superávit financiero del 0,3% del PBI ($3.026.420,6 millones) y un resultado primario del 1,5% del PBI, en un contexto de reestructuración institucional que redefine la arquitectura del Estado.
La medida, formalizada mediante la Decisión Administrativa 18/2026 firmada por el Jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo, establece que los recursos totales alcanzarán los $161.611.286,9 millones (15,6% del PBI), mientras que los gastos consolidados se estiman en $158.584.866,3 millones (15,2% del PBI), según el Anexo IF-2026-32697158-APN-SSP#MEC publicado en el Boletín Oficial.
Concentración de recursos y estructura del gasto
La Administración Nacional concentra el 90,3% de los recursos totales ($146.197.728,9 millones), mientras que el conjunto de Empresas Públicas, Fondos Fiduciarios y Otros Entes representa el 9,7% restante. Esta distribución refleja la centralización de la recaudación impositiva y contributiva en el nivel central del Estado.
En materia de gastos, el documento revela una estructura predominantemente corriente (96,8%), con solo el 3,2% destinado a gastos de capital. Las prestaciones de la seguridad social representan el componente más significativo, absorbiendo $67.178.856,1 millones (42,4% del gasto total y 56,4% del gasto de la Administración Nacional), lo que explica el 43,6% del incremento interanual del gasto consolidado.
Le siguen en importancia las transferencias corrientes ($47.166.508,0 millones; 29,7% del gasto total), destinadas principalmente a asignaciones familiares, asistencia médica del PAMI y compensaciones al transporte automotor, y el gasto de consumo ($25.558.954,2 millones; 16,1%), impulsado por la política salarial y la adquisición de bienes y servicios.
Reorganización institucional: nuevas carteras y organismos disueltos
El presupuesto 2026 incorpora una profunda reconfiguración del mapa institucional del Sector Público Nacional, derivada de decretos dictados entre junio y diciembre de 2025. Entre las modificaciones más relevantes se destacan:
Creaciones:
- Ministerio del Interior (Decreto 658/2025), que absorbe competencias del Registro Nacional de las Personas y políticas deportivas
- Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES), que fusiona cinco hospitales nacionales descentralizados
- Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, unificando las funciones de los entes reguladores sectoriales
Disoluciones y transformaciones:
- Instituto Nacional del Agua (INA), integrado como unidad organizativa en la Secretaría de Obras Públicas
- Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), transformado en unidad dependiente de la ex Vicejefatura de Gabinete
- Agencia Nacional de Discapacidad, cuyas funciones fueron absorbidas por el Ministerio de Salud
- Instituto Nacional del Cáncer, convertido en unidad organizativa del Ministerio de Salud
Reasignaciones de competencias:
- La Dirección Nacional de Migraciones pasó a depender del Ministerio de Seguridad
- La Secretaría de Comunicación y Prensa fue transferida de Presidencia a Jefatura de Gabinete
- Las competencias ambientales quedaron bajo la Secretaría de Ambiente y Turismo de Jefatura de Gabinete
- La Comisión Nacional de Energía Atómica fue reasignada al Ministerio de Economía
Inversión pública y empleo: prioridades sectoriales
La inversión real directa del Sector Público Nacional se proyecta en $4.231.322,4 millones (0,41% del PBI), con una concentración del 68,4% en Servicios Económicos, particularmente en las funciones Transporte y Energía. Dentro de la Administración Nacional, el Ministerio de Economía concentra el 59,9% de las inversiones, seguido por Defensa (13,9%).
En el sector empresarial, seis empresas explican el 88,6% de la inversión: Energía Argentina ($429.577,1 millones), Agua y Saneamientos Argentinos ($360.440 millones), Administración de Infraestructuras Ferroviarias ($387.843,5 millones), Aerolíneas Argentinas ($376.461,7 millones), Nucleoeléctrica Argentina ($560.009,7 millones) y Operadora Ferroviaria ($293.577,8 millones).
En materia de empleo, la planta del Sector Público Nacional no financiero alcanza los 484.995 cargos, de los cuales el 78,3% corresponde a la Administración Nacional. El 98% del personal de las Empresas Públicas y el 99,4% de los Otros Entes integran planta permanente, según el Anexo 9 del documento.
Presión tributaria y sostenibilidad fiscal
La presión tributaria consolidada se estima en 21,70% del PBI para 2026, 0,47 puntos porcentuales más que en 2025. Este incremento se explica por la proyección de crecimiento del consumo nominal, la actividad económica, las importaciones y los salarios imponibles.
Los principales componentes son:
- IVA neto de reintegros: 31,7% de la recaudación total (+19% interanual)
- Impuesto a las Ganancias: +24,9% interanual, con impacto del tipo de cambio y las importaciones
- Aportes y contribuciones a la seguridad social: +18,6%, impulsados por salarios y empleo
- Derechos de exportación: 0,98% del PBI, con proyección de crecimiento real de exportaciones gravadas
Consideraciones metodológicas y proyecciones
El documento aclara que las comparaciones interanuales con 2025 tienen carácter provisorio, ya que se basan en el Proyecto de Ley de Presupuesto original elevado al Congreso. Asimismo, los indicadores expresados en % del PBI dependen de estimaciones de actividad económica sujetas a revisión.
La aprobación del Presupuesto Consolidado no modifica los presupuestos individuales de cada subsector, aprobados por sus respectivas autoridades, sino que consolida la información para brindar una visión integral de las transacciones netas del Sector Público Nacional con el resto de la economía, conforme lo establece el artículo 55 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera.
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