El escenario financiero para las pequeñas y medianas empresas atraviesa un momento de extrema fragilidad que -al igual que en el caso de las familias- empieza a cristalizarse en las estadísticas de incumplimiento en los pagos de la deuda contraída en bancos y financieras.
Según los últimos datos oficiales, al primer bimestre del año, el sistema productivo no sólo enfrenta una retracción del crédito, sino un deterioro acelerado en la capacidad de pago que pone en jaque la sostenibilidad de miles de unidades productivas.
La reducción que acaba de implementar el Banco Central le dará oxígeno a los bancos para regularizar la situación de sus clientes Pymes, destacan en las propias entidades consultadas por iProfesional.
El Gobierno pretende que los bancos tengan más disponibilidad de pesos para prestar. Por eso mismo, días atrás, el BCRA flexibilizó el nivel de los encajes. En concreto, la autoridad monetaria decidió relajar la integración diaria mínima permitida a los bancos, que ahora baja del 75% al 65%. Las medidas buscan normalizar el sistema tras la caída en la demanda de dinero en 2025.
De todas formas, en esos bancos también admiten que las revisiones de las carpetas se dará “caso por caso” y que llevará un tiempo hasta que la medida tenga efecto concreto en el día a día de las empresas.
En muchos casos se trata de empresas pequeñas que están sufriendo la caída en las ventas y en la rentabilidad y una medida de este tipo puede darles oxígeno para que no empeore su calificación crediticia.
“Acá lo importante es que las empresas se mantengan dentro del sistema. Que no se caigan, porque eso significaría directamente la quiebra”, analizaron con crudeza en uno de los bancos consultados.
La cifra más preocupante que surge del reciente diagnóstico sectorial es el incremento en la cantidad de empresas que han caído en situación de mora.
En enero de 2026, la cartera PyME en situación irregular (clasificaciones 3, 4 y 5 del BCRA, que implican atrasos mayores a 90 días) alcanzó al 8,2% del total de las empresas.
Para dimensionar la velocidad de este deterioro, basta observar que la cantidad de PyMEs con incumplimientos bancarios de más de tres meses aumentó un 93,5% en términos interanuales respecto a enero de 2025, de acuerdo a un reporte de Abappra, la asociación de bancos que nuclea a los bancos públicos, provinciales y municipales.
Cuando se pone el foco en la morosidad más profunda (situaciones 4 y 5, con atrasos que superan los 180 días), los datos muestran que la cantidad de firmas en esta condición crítica creció un 84,9% en los últimos 12 meses.
En términos de montos, la cartera irregular ya representa el 4,4% del valor total de los préstamos otorgados a las PyMEs, una tendencia que se incrementó de forma sostenida durante todo el último año.
La misma tendencia que se observa para el caso de los créditos impagos de las familias. Uno de los datos más reveladores del informe es que el incremento de la morosidad en el comienzo de este año no discriminó sectores económicos.
El deterioro de la cadena de pagos afectó por igual a las PyMEs de los rubros Servicios, Comercio, Agro, Construcción, Industria y Minería, lo que sugiere que el problema no responde a crisis sectoriales puntuales, sino a un estrangulamiento financiero más generalizado del entramado productivo.
El sistema de garantías, que suele actuar como un termómetro temprano del riesgo, también emite señales de alerta roja. La morosidad en el esquema de Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) trepó al 3,1% en enero, mientras que en el sistema de Fondos de Garantía de Carácter Público, la cifra escaló hasta el 5,2% del total.
El diagnóstico financiero permite observar una disparidad creciente entre los distintos tamaños de compañías. Mientras que las grandes empresas mostraron un mejor desempeño relativo durante 2025 y el inicio de 2026, las PyMEs han sufrido con mayor rigor la contracción del financiamiento.
A la caída del volumen prestado se suma un endurecimiento en las condiciones de acceso. Una medida defensiva de los bancos, que en medio de la suba de la irregularidad cuidan sus balances y ponen límites a la exposición de su cartera.
Durante el primer bimestre, se consolidó una reducción en el plazo promedio de los préstamos a sola firma.
Al mismo tiempo, las PyMEs enfrentan un diferencial de tasas adverso: el costo que pagan por los adelantos en cuenta corriente es significativamente mayor que el que abonan otras personas jurídicas. En un contexto donde el 29% del crédito PyME ya está nominado en dólares, el riesgo cambiario se suma a la presión de las tasas de interés.
La distribución geográfica de la morosidad refleja las asimetrías de la realidad productiva argentina. Si bien la mayor concentración del crédito se mantiene en Buenos Aires, CABA, Córdoba y Santa Fe (quienes agrupan el 72,6% del stock total), los mayores índices de irregularidad se encuentran en provincias con estructuras productivas más vulnerables.
¿Cuáles son las Provincias con mayor morosidad?
Formosa: 13,8%
Salta: 11,9%
La Pampa: 11,4%
En contraste, distritos como San Luis (6,3%) o Misiones (6,1%) presentan escenarios de cumplimiento algo más estables, aunque dentro de un marco de fragilidad general.
La combinación de una inflación persistente y una tasa de interés para adelantos PyME elevada en relación a las líneas para grandes compañías genera un escenario de “pinzas” sobre la rentabilidad empresaria.
Las empresas se ven obligadas a recurrir más intensamente a los adelantos de cuenta corriente para financiar su capital de trabajo, un instrumento de corto plazo y alto costo que a menudo termina alimentando el círculo vicioso del endeudamiento.
FUENTE: iprofesional.com
