La tensión laboral volvió a instalarse en el sistema aeronáutico argentino luego de que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmara un paro para el martes 21 de abril, tras el vencimiento de la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo.
La medida se enmarca, además, en una jornada nacional de protesta convocada por el sindicato. En el sector aerocomercial, la decisión encendió alarmas, ya que ATE advierte que la protesta podría afectar funciones críticas dentro de los aeropuertos y, por esa vía, derivar en demoras, reprogramaciones y cancelaciones.
El conflicto, según la versión sindical, se arrastra desde hace meses y tiene un detonante puntual: el incumplimiento del pago de una suma no remunerativa que debía incorporarse en los haberes de febrero, además de un reclamo más amplio por la reapertura de paritarias y el deterioro de las condiciones de trabajo.
En ese contexto, el gremio sostuvo que “el deterioro de las condiciones laborales y la falta de respuestas oficiales hacen cada vez más difícil sostener la operación con normalidad, incluso fuera de escenarios de conflicto”.
Qué áreas podrían verse afectadas
El coordinador nacional de ATE-ANAC, Marcelo Belelli, ratificó en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas la adhesión del sector y enumeró las áreas que podrían verse impactadas por la medida: controles, fiscalización, seguridad operativa y servicios en plataforma.
Según explicó, si esas tareas -clave para el funcionamiento diario- se ralentizan o interrumpen, el sistema entra en modo contingencia, con potencial impacto en la programación de vuelos domésticos e internacionales.
Belelli también advirtió sobre un posible efecto más amplio, vinculado al riesgo reputacional del sistema aerocomercial argentino.
“La aviación se rige por un principio de confianza mutua internacional”, señaló, y planteó que un debilitamiento sostenido de los equipos técnicos podría afectar los estándares de control y fiscalización y tensar la relación con organismos y contrapartes internacionales.
El antecedente de la conciliación obligatoria
Para entender el escenario actual, hay que retroceder al 18 de marzo de 2026, cuando el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, dictó la conciliación obligatoria por 15 días en el conflicto entre ATE y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).
La medida buscaba “garantizar la normal prestación de los servicios” y evitar un paro previsto entre el 18 y el 24 de marzo, que incluía ceses de actividad por franjas horarias, con cobertura de vuelos humanitarios, sanitarios y oficiales. ATE acató la conciliación, pero cuestionó su aplicación como herramienta para desactivar el conflicto sin resolver sus causas de fondo.
En ese momento, el sindicato sostuvo que sus reclamos eran “claros” y “razonables” y advirtió que, una vez vencido el plazo, retomaría y profundizaría las medidas de fuerza.
Con el vencimiento de ese período, el gremio aseguró haber recuperado la “libertad de acción” y fijó el 21 de abril como nueva fecha de protesta. En un comunicado, la Coordinación Nacional de ATE en ANAC afirmó que el Gobierno “no cumplió con la conciliación obligatoria” y ratificó el plan de lucha.
Un paro en un momento de alta actividad
El conflicto se produce en un contexto de crecimiento del sector aerocomercial. Según datos oficiales, marzo de 2026 fue el mejor marzo de la historia en términos de actividad, con 4.636.151 pasajeros y 35.956 movimientos totales en aeropuertos de todo el país.
También se registró un récord en vuelos internacionales, con 1.655.745 pasajeros y 10.772 movimientos, además de un crecimiento sostenido en el interior y en las conexiones directas desde aeropuertos provinciales hacia el exterior.
En ese escenario, la medida de fuerza introduce un factor de incertidumbre en un sistema que venía mostrando niveles de actividad récord.
Fuente: Agencia de Noticias NA
