El Centro de Conservación de Fauna Silvestre Ohana realizó una denuncia pública por un grave caso de maltrato animal y presuntos delitos ambientales detectados en comunidades mbya de Misiones, durante una recorrida de educación y concientización en territorio. Según expone el comunicado, la actividad se llevó adelante en la comunidad mbya Pai Martínez, con el acompañamiento del guardafauna honorario Ramón Zaya, integrante de la propia comunidad, quien ofició como anfitrión e intérprete, garantizando un abordaje respetuoso de las normas y la organización interna del lugar.
La jornada tenía como objetivo generar espacios de diálogo sobre la normativa vigente en materia de conservación y promover el cuidado de la fauna silvestre. En ese marco, si bien se registraron múltiples situaciones de convivencia armónica con animales, también se detectó un hecho de extrema gravedad.
El informe detalla la tenencia ilegal de un ejemplar de loro silvestre (Pionus maximiliani), extraído de su hábitat natural, la cuál representaría una infracción a la Ley Nacional N° 22.421 y a la normativa provincial vigente. El animal presentaba un cuadro severo de maltrato, con lesiones deliberadas como el corte sistemático de plumas en alas y cola, una práctica conocida como “desplume funcional”, que le impedía volar, además de provocar estrés crónico y afectar de manera irreversible su comportamiento.
Desde Ohana señalaron que las condiciones de cautiverio y la manipulación indebida configuran un caso agravado de crueldad animal, en los términos de la Ley Nacional N° 14.346, al privar al ejemplar de su libertad, su integridad física y sus conductas naturales.
Ante esta situación, el equipo intervino y concretó el rescate del ave y dio aviso a la Justicia. La denuncia fue radicada en la comisaría de Fracrán y el Juzgado de Instrucción interviniente dispuso que el animal quede bajo custodia del centro de rescate, donde actualmente recibe atención veterinaria y tratamiento de rehabilitación. Además, indicaron que la persona involucrada tendría antecedentes por otras conductas irregulares, entre ellas la presunta comercialización ilegal de tierras pertenecientes a otra comunidad.
En paralelo, guardaparques de la Zona Centro del Ministerio de Ecología también denunciaron un caso de apeo ilegal de bosque nativo en un área lindera a la comunidad Igua Porá, donde la madera extraída estaría destinada a su comercialización.
