El Ministerio Público de Misiones dio un nuevo paso en su política de fortalecimiento institucional al firmar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un convenio específico de cooperación con el Instituto Universitario de Seguridad (IUSE), orientado a la capacitación y formación especializada de sus operadores judiciales.
La rúbrica estuvo a cargo del procurador general de la provincia, Carlos Jorge Giménez, y del vicerrector del IUSE, Gabriel Unrein, en un acto del que también participó el jefe de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (SAIC), Federico Biré Barberán.
El acuerdo apunta a potenciar la formación académica del personal del organismo, especialmente en áreas vinculadas con la investigación criminal y el uso de nuevas tecnologías aplicadas a la investigación penal. La iniciativa se enmarca en una estrategia institucional que busca fortalecer las capacidades técnicas de quienes intervienen en la persecución penal y en la producción de respuestas judiciales ante fenómenos delictivos cada vez más complejos.
Entre los beneficios contemplados en el convenio se encuentra el acceso a instancias de formación con bonificaciones económicas en las cuotas, además de la posibilidad de acceder a becas. El objetivo es facilitar la incorporación de herramientas actualizadas frente al avance tecnológico y a las nuevas modalidades del delito.
Dentro de la oferta académica disponible se destacan diplomaturas vinculadas a Investigaciones Digitales y Ciberfraude, Técnicas Modernas de Investigación Criminal, Inteligencia Artificial aplicada a la Seguridad y Género, Violencia Doméstica y Atención a Víctimas.
A su vez, el personal del Ministerio Público también podrá acceder a trayectorias formativas de grado que ofrece el IUSE, entre ellas tecnicaturas y licenciaturas en Seguridad Pública, Criminalística e Investigación Criminal.
Desde la Procuración General remarcaron que la capacitación continua constituye uno de los ejes de gestión de Carlos Jorge Giménez, con la mirada puesta en reforzar las capacidades de los operadores judiciales ante un eventual proceso de transición del sistema procesal mixto hacia un modelo acusatorio adversarial.
En ese sentido, el procurador general sostuvo que “estos cambios imponen la necesidad de contar con operadores altamente capacitados, con herramientas actualizadas para la investigación y el análisis”, al tiempo que subrayó que un nuevo esquema procesal demandará mayores exigencias técnicas y un rol más activo de los fiscales misioneros en la conducción de la investigación penal.
