A comienzos de los años setenta, el economista alemán–estadounidense Albert O. Hirschman formuló una idea simple, pero poderosa para explicar cómo reaccionan las sociedades frente al deterioro de una organización, una empresa o un Estado. Frente a la insatisfacción, decía, existen tres respuestas posibles: exit (salida), voice (protesta) y loyalty (lealtad).
La Argentina actual parece atravesar simultáneamente esas tres dimensiones. Hay empresas que reducen actividad o directamente cierran -la forma más clara de “salida”-; hay reclamos crecientes frente a tarifas y servicios públicos -la “voz” que se expresa en entes reguladores y en la arena parlamentaria-; y persiste, al mismo tiempo, un nivel más o menos estable de respaldo político al programa económico, una forma de lealtad que no se explica exclusivamente por indicadores de actividad, sino por expectativas de orden y estabilidad futura.
Este triángulo conceptual permite encuadrar el momento presente: un proceso macroeconómico que relata coherencia técnica, pero que convive con tensiones microeconómicas y reacomodamientos territoriales. La inflación, lejos de “lo peor ya pasó” o “liquidada en el segundo semestre del 2025”, encuentra un piso resistente. La actividad nunca termina de despegar. Las provincias equilibran recursos y gobernabilidad. Y en distritos como Misiones, el ajuste adopta formas administrativas antes que traumáticas, mientras los reclamos por tarifas muestran que la presión se siente en la economía doméstica.
Comprender el escenario bajo la lente de Hirschman no implica anticipar un desenlace, sino identificar el mecanismo en juego: mientras la “lealtad” social se sostenga en la expectativa de que el orden fiscal traerá crecimiento, el programa conservará respaldo. Pero si la percepción de mejora se diluye, la “voz” tenderá a intensificarse y la “salida” podría ampliarse. Desde ese equilibrio inestable se explica hoy la economía argentina: entre el relato macroeconómico y la paciencia social.
Paso a paso
De la mano de la política y las victorias legislativas que acumuló el oficialismo durante las sesiones extraordinarias, el proceso económico perdió linealidad. La inflación, si bien queda por debajo de los registros extraordinarios de 2023 y comienzos de 2024, dejó de mostrar una trayectoria descendente clara. Las principales consultoras privadas coinciden en ubicar el piso inflacionario en torno al 3% mensual, con un primer trimestre que difícilmente quede por debajo del mismo período del año anterior.
Desde el Gobierno, el equipo económico que conduce el ministro Luis Caputo sostiene, aunque no abiertamente, que la combinación de superávit fiscal, restricción monetaria y ancla cambiaria constituye el núcleo del programa. El razonamiento es ortodoxo: sin emisión para financiar déficit y con disciplina fiscal, la nominalidad debería continuar descendiendo.
Sin embargo, los analistas introducen matices. El politólogo y consultor Facundo Nejamkis planteó recientemente que “la economía dejó de discutirse en términos exclusivamente técnicos y pasó a hacerlo en términos morales”. La afirmación no es retórica: describe un cambio en la narrativa pública. El déficit dejó de ser un problema contable para convertirse en un símbolo de desorden; el ajuste, en tanto, se convierte en una corrección ética.
A diferencia de otras gestiones, el problema técnico actual no es la aceleración, sino el estancamiento en un contexto de salarios altamente precarizados. Las estimaciones privadas ya ubican la inflación anual más cerca del 20% que del 14% proyectado oficialmente. El componente que explica esa resistencia es conocido: alimentos, especialmente carne, y precios regulados.
Marzo, el mes que comienza, vuelve a mostrar aumentos significativos en alquileres, tarifas de electricidad, gas y agua, medicina prepaga y peajes.
En términos de estructura del gasto, el hogar promedio enfrenta una recomposición obligada: mayor proporción del ingreso destinada a servicios esenciales y menor margen para consumo discrecional. Y frente al efervescente contexto político actual, quedó rápidamente “vieja” la discusión sobre la forma de ponderar servicios que usa el INDEC y el retardo en usar una nueva fórmula. Este fenómeno explica la aparente contradicción entre desaceleración del índice general y persistente malestar en la percepción social. La inflación promedio puede bajar, pero si los rubros rígidos aumentan por encima del ingreso, el salario real se resiente en términos prácticos.
El dilema reaparece con claridad: profundizar la restricción monetaria para perforar el piso del 3% mensual -con el riesgo de enfriar aún más la actividad-, o permitir cierta flexibilidad que alivie el nivel de actividad a costa de ralentizar la desinflación.
Actividad, empleo y cierre de empresas
El frente productivo también muestra señales mixtas. Sectores industriales y comerciales operan con menor dinamismo, mientras algunas empresas directamente reducen operaciones o cierran. La pérdida de empleo industrial acumulada durante los últimos meses tensiona el mercado laboral, particularmente en regiones donde la estructura productiva depende de PyMEs y economías regionales.
La “estabilización macroeconómica”, en este punto, exhibe su costo transitorio: ordena precios relativos y consolida cuentas públicas, pero impacta en actividad y empleo. La incógnita es temporal. ¿Cuánto puede extenderse la fase contractiva sin derivar en deterioro estructural?
Las PyMEs lo sufren, el banquero lo explica
Durante un reciente encuentro de empresarios PyMEs en San Rafael, Mendoza, la sensación era palpable. Talleres, comercios e industrias pequeñas describen una transición que todavía no encuentra piso. El consumo retraído, la incertidumbre persistente y la falta de financiamiento configuran un escenario donde cada decisión se toma al límite. No hay estridencias ni quiebras masivas que ocupen tapas, pero sí una erosión silenciosa: turnos reducidos, inversiones postergadas, ajustes mínimos para sobrevivir un mes más.
Curiosamente, desde el vértice del sistema financiero se escucha un diagnóstico que, aunque formulado en otro lenguaje, no resulta tan distante. El presidente de Banco Macro, Jorge Brito, habló de “estrangulamiento” de la actividad privada. Si bien reconoció los logros fiscales y monetarios del Gobierno en la lucha contra la inflación, planteó una discusión incómoda: si conviene sostener la misma velocidad del proceso desinflacionario aun cuando la economía real comienza a resentirse.
En ambas miradas converge una advertencia sobre el ritmo. Las tasas altas funcionan como ancla antiinflacionaria, pero también como límite para la inversión. El crédito sigue siendo una promesa más que una herramienta efectiva. Y en ese intervalo entre el anuncio de las reformas y su impacto concreto se abre un espacio peligroso: el de la espera.
Las PyMEs viven en ese espacio. Los bancos lo observan desde sus balances. Pero ambos describen la misma tensión: estabilizar sin asfixiar. La historia económica ofrece múltiples ejemplos de este dilema. Los procesos de corrección profunda requieren credibilidad y consistencia, pero si la contracción se prolonga demasiado pueden erosionar la base productiva que debería beneficiarse del nuevo orden. El problema no es el objetivo, sino el tránsito.
En los territorios el impacto es inmediato. La caída de la facturación afecta la recaudación municipal, tensiona las finanzas provinciales y alimenta un clima social cada vez más áspero. Mientras el Congreso debate reformas estructurales, en la economía real se multiplican las cuentas diarias para evitar el cierre silencioso.
En la provincia de Buenos Aires, más de cinco mil firmas dejaron de operar desde fines de 2023. El dato no es solo estadístico: es político. En Misiones son cientos de emprendimientos los que pasaron por lo mismo. Hace dos meses, Agustín Gómez, secretario adjunto del Centro Empleados de Comercio de Posadas alertaba en PRIMERA EDICIÓN que el comercio capitalino había perdido el 30% de sus trabajadores registrados y, también, idéntico porcentaje de cierre de locales.
El gobierno de Javier Milei sostiene que esta vez es distinto, que el modelo anterior estaba agotado y que el orden fiscal es condición indispensable para cualquier crecimiento futuro. Buena parte del sector privado coincide en ese diagnóstico. Nadie reivindica el desorden. Pero empieza a emerger otra pregunta, menos ideológica y más pragmática: ¿cuánto tiempo puede resistir el entramado productivo hasta que la estabilización se traduzca en expansión?
Programas sociales en el terreno
Pasó desapercibido en medio del teatro político-económico, pero hubo un fuerte pronunciamiento en favor de los sectores más humildes que se van ensanchando mes a mes.
La Iglesia Católica y organizaciones sociales cuestionaron el ajuste en las obras en los asentamientos y villas de emergencia, traducido en el cierre de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SISU), el área que se encargaba de planificar los proyectos de infraestructura en los barrios pobres.
Representantes de la Iglesia, organizaciones comunitarias y agrupaciones sociales se abroquelaron bajo la consigna “Sin integración sociourbana no hay futuro para 5 millones de personas” y alertaron por la parálisis y la desarticulación de la SISU.
“Estamos hablando de obras en villas o barrios populares en el país”, apuntó Gustavo Carrara, arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas Argentina. El prelado, que conoce el terreno en barriadas humildes, advirtió que “estamos hablando de cosas básicas, de que queremos atender la pobreza. En una pobreza multidimensional, uno puede tener un mayor ingreso por la AUH (Asignación Universal por Hijo) o la Tarjeta Alimentar, pero si no tenés el agua potable, un centro de salud cerca, o cloacas, es muy difícil vivir”.
Así las cosas, el ajuste fiscal también tiene expresión territorial. Según datos oficiales previos al recorte, más de un millón de familias estaban registradas en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) y millones de personas dependían directa o indirectamente de esas intervenciones.
Aquí la discusión no es ideológica, sino funcional. La obra pública en barrios populares no solo cumple un rol social, sino también económico: moviliza empleo local, mejora infraestructura básica y fortalece integración urbana. Su freno impacta simultáneamente en ingresos y cohesión social.
Coordinación sin ruptura
Frente a este complejo escenario, los gobernadores adoptan una estrategia de equilibrio: ni confrontación abierta, ni alineamiento automático. Es, al fin y al cabo, una coordinación defensiva.
Mandatarios de distintas fuerzas políticas comenzaron a articular posiciones comunes en el Congreso, especialmente en temas vinculados a coparticipación, financiamiento de obras y recursos provinciales.
Hugo Passalacqua mantuvo una reunión virtual con sus pares Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). “Hablamos de producción, de turismo, de energía, de minería, de agro. De cómo defender nuestras economías regionales y fortalecer la voz de nuestras provincias en el Congreso”, indicó el gobernador misionero. La lógica es pragmática: preservar márgenes fiscales propios ante un Estado nacional que prioriza el equilibrio primario.
El federalismo entra así en una fase de redefinición práctica. Las provincias buscan autonomía financiera sin quebrar la gobernabilidad nacional. El resultado es una tensión controlada que depende del sacrificio que demande la Nación y del esfuerzo que puedan hacer los gobernadores.
En ese marco, Misiones ofrece un caso que escaló en la agenda durante la semana que concluyó. El decreto provincial 267 dispuso la eliminación de decenas de niveles jerárquicos dentro de la administración pública, con el objetivo explícito de reducir estructura sin anunciar despidos masivos. El mensaje político es directo: reordenar antes que expulsar.
En paralelo, en un contexto de consumo retraído, se destaca la vigencia de los Ahora, que volvieron a marcar récords de venta en 2025. “A pesar de las dificultades económicas por todos conocidas, desde el Gobierno provincial hemos sostenido, con un importante esfuerzo fiscal, los programas Ahora como una herramienta clave para amortiguar la crisis”, había expresado el mandatario en diciembre, cuando anunció la prórroga de los programas.
Así las cosas, la Provincia combina prudencia fiscal con administración del impacto social. Lo hace en un contexto altamente adverso que combina la retracción de ventas en el comercio local y el magro desempeño de las pequeñas y medianas empresas que operan con cautela mientras el consumo sigue sin ofrecer señales de recomposición.
El conflicto tarifario
Uno de los focos más sensibles en Misiones estuvo altamente concentrado en los servicios públicos. Los incrementos en las boletas de agua de Samsa generaron cientos de reclamos ante el Ente Provincial Regulador de Aguas y Cloacas (EPRAC). Las denuncias incluyeron cuestionamientos por intereses acumulados y mecanismos de refinanciación que multiplicaron montos originales.
Aquí se materializa la tensión entre corrección macroeconómica y microeconomía doméstica. La reducción de subsidios y la recomposición de tarifas mejora la consistencia fiscal de la Nación, pero traslada presión directa al hogar. En un contexto de ingresos ajustados, la boleta se convierte en el indicador real del programa.
Narrativa
El elemento diferencial del momento actual es político–cultural. Como señaló Facundo Nejamkis, el apoyo social no se explica únicamente por variables económicas tradicionales, sino por la internalización de una narrativa de orden fiscal y moralización del gasto público.
Mientras la inflación no retome una dinámica acelerada y el superávit fiscal se mantenga como símbolo de disciplina, el respaldo puede sostenerse incluso en un contexto de actividad débil.
Pero el límite es claro: si la estabilización no deriva en crecimiento visible y recuperación del empleo, la legitimidad del sacrificio comenzará a evaluarse en términos de resultados tangibles.
La tentación del atajo
Mientras la economía argentina discute ritmos y equilibrios, el tablero internacional volvió a recordar que la estabilidad nunca es un dato permanente y que el derecho internacional está escrito en el aire.
En las últimas horas, Estados Unidos lanzó un ataque conjunto con Israel contra Irán con un objetivo que el propio presidente Donald Trump explicitó sin rodeos: forzar un cambio de régimen en Teherán.
La decisión tiene varias capas. La primera es militar. La segunda, institucional. Y la tercera, histórica.
Desde el punto de vista formal, la ofensiva se realizó sin autorización previa del Congreso estadounidense. Ni hubo construcción de consenso público ni un debate amplio sobre los alcances de la operación. Trump, que en campaña había prometido terminar con las aventuras bélicas en el extranjero, parece haber optado ahora por una lógica opuesta: acción rápida, mensaje directo y escasa deliberación.
El argumento oficial combina dos planos. Por un lado, la eliminación de amenazas nucleares y la defensa preventiva de intereses estadounidenses. Por otro, algo más ambicioso y riesgoso: la caída del régimen iraní. En un mensaje difundido durante la madrugada, el mandatario apeló directamente al pueblo iraní para que deponga a sus gobernantes. No se trata, entonces, de un ataque puntual, sino de una apuesta estratégica.
El paralelismo con Irak 2003 comenzó a instalarse en el debate público. Entonces hubo meses de discusión, informes de inteligencia y una narrativa construida alrededor de armas de destrucción masiva que luego se reveló falsa. Hoy, la diferencia es llamativa: la decisión parece haber sido adoptada sin una arquitectura argumental extensa ni búsqueda de legitimidad parlamentaria. Más que una operación gradual, el movimiento se asemeja a una aceleración.
El problema, por tanto, ya no es jurídico, sino geopolítico. Medio Oriente vuelve a convertirse en un escenario de máxima volatilidad, con tropas estadounidenses desplegadas en una región históricamente inestable y negociaciones diplomáticas que, hasta hace días, seguían abiertas en Ginebra. El riesgo no es únicamente la confrontación directa con Irán, sino la expansión del conflicto hacia actores regionales que pueden amplificar la escala.
En términos globales, el impacto es inmediato: energía, mercados financieros y cadenas comerciales reaccionan ante la posibilidad de una escalada prolongada. En un mundo que aún intenta acomodarse a la guerra en Ucrania y a las tensiones entre Estados Unidos y China, un nuevo frente bélico introduce un factor adicional de incertidumbre sistémica. Lo que está en juego excede la relación bilateral entre Washington y Teherán. Se trata de la arquitectura del orden internacional y del modo en que las potencias ejercen su poder.
Cuando la decisión militar antecede al debate político, el equilibrio institucional se resiente. Y cuando la diplomacia queda desplazada por la acción directa, el margen de error se reduce. El escenario está abierto. Pero la historia reciente enseña que las guerras iniciadas con objetivos acotados rara vez permanecen dentro de los límites previstos. En un contexto global atravesado por tensiones económicas y sociales, la estabilidad, esa palabra que en la Argentina se discute a diario, demuestra ser un bien frágil en la escena internacional.
