El éxodo laboral hacia Brasil volvió a intensificarse en las últimas semanas, impulsado por la situación económica y la coincidencia con la temporada de cosechas del otro lado de la frontera. Como ocurre cada verano, cientos de trabajadores misioneros cruzan en busca de mejores ingresos, pero este movimiento también incrementa la vulnerabilidad frente a estafas, explotación laboral y delitos vinculados a la trata de personas. Así lo advirtió a la FM 89.3 Santa María de las Misiones la licenciada Yanina Boschmann, coordinadora de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas -dependiente de la Vicegobernación de Misiones-.
La funcionaria también explicó que se trata de un fenómeno recurrente, aunque agravado por el contexto económico actual y señaló que no solo involucra a trabajadores de Misiones, sino también de otras provincias, y suele coincidir con la interzafra local y la demanda de mano de obra en Brasil.
Según indicó, la comparación entre economías y la necesidad de generar ingresos empujan a muchas personas a tomar la decisión de migrar laboralmente, muchas veces sin información suficiente ni garantías legales, lo que las expone a situaciones de riesgo desde el inicio del viaje.
Uno de los principales puntos de alerta, remarcó Boschmann, es el ingreso al país vecino por pasos no habilitados, una práctica extendida que deja al trabajador en situación irregular. Explicó que ingresar de manera formal es clave, ya que el registro migratorio constituye la principal protección ante cualquier conflicto. En ese sentido, advirtió que muchas personas cruzan como turistas, lo que no les otorga derechos laborales para ejercer un trabajo en Brasil.
La funcionaria explicó que para trabajar legalmente es necesario gestionar una visa laboral o el CPF, un registro brasileño similar a una libreta laboral. Este trámite se realiza de manera online una vez en destino, requiere documentación escaneada y el pago de una tasa, pero garantiza derechos básicos y respaldo legal. Trabajar sin esta documentación, señaló, deja al trabajador completamente desprotegido.
Además del ingreso formal, Boschmann recomendó verificar previamente a los empleadores, conocer la ubicación exacta del lugar de trabajo y pactar por adelantado las condiciones laborales. Entre los puntos clave mencionó el pago, el alojamiento, la comida, la duración del contrato, los tiempos de descanso y el traslado. Advirtió que llegar al lugar de trabajo sin estos acuerdos previos incrementa notablemente el riesgo, especialmente cuando las personas se encuentran lejos de su familia y sin referencias geográficas claras.
Otro aspecto central es la comunicación permanente con la familia. Boschmann insistió en la importancia de compartir ubicación, nombres de empleadores o empresas y mantener contacto diario, ya que esa información resulta fundamental ante cualquier eventualidad, y subrayó que la falta de registros y comunicación es uno de los factores que más dificulta las búsquedas cuando ocurre una desaparición.
En cuanto a estadísticas, la funcionaria reconoció que no existen números precisos sobre cuántas personas cruzan de manera regular o irregular, debido a la informalidad del fenómeno. Indicó que muchas veces son los propios empleadores quienes fomentan el cruce ilegal, una señal de alerta que no debe ignorarse. “Si la oferta laboral ya te propone ingresar de manera ilegal, el riesgo es muy alto”, advirtió.
Boschmann confirmó que en la provincia existe un caso activo de un trabajador misionero desaparecido en Brasil, lo que grafica la gravedad del problema. Explicó que, al no existir registros migratorios formales, las búsquedas se vuelven complejas y dependen casi exclusivamente de testimonios de terceros, sin información oficial que confirme el ingreso o la permanencia de la persona en el país vecino.
Respecto a las estafas laborales más frecuentes, detalló que muchas personas llegan a destino con deudas impuestas desde el inicio, bajo el argumento de cubrir traslado, comida o alojamiento. Al momento de cobrar, el trabajador descubre que debe más de lo que gana, una práctica que puede derivar en explotación laboral y, en algunos casos, en situaciones de trata de personas.
También aclaró que no toda explotación laboral constituye trata, pero sí lo es cuando se combinan elementos como retención de documentos, imposibilidad de abandonar el lugar de trabajo, falta de pago, generación de deudas forzadas o privación de la libertad. Ante cualquiera de estas situaciones, recomendó denunciar. Para ello, recordó la existencia de la línea nacional 145, destinada a denuncias y asesoramiento sobre trata y explotación de personas. Señaló que, además de las llamadas desde Argentina, existe un canal de Whatsapp que permite solicitar ayuda incluso estando en Brasil, lo que resulta clave para quienes trabajan en zonas alejadas.
Consultada sobre la situación de las mujeres, indicó que si bien la mayoría de las cosechas demandan mano de obra masculina, también existen trabajos destinados a mujeres y se registran grupos familiares completos que migran. En todos los casos, insistió en que la regularización y la denuncia son fundamentales para prevenir abusos.
Sobre las denuncias, la funcionaria señaló que solo se realizan en casos de explotación extrema, mientras que en otras situaciones los trabajadores optan por regresar y buscar empleo en otro lugar, rotando entre distintas chacras o empresas. Este movimiento constante, explicó, dificulta el seguimiento y la intervención estatal.
Finalmente, precisó que se debe denunciar cuando hay jornadas excesivas, condiciones laborales no pactadas, desapariciones en contexto laboral o propuestas vinculadas a explotación sexual y aclaró que la línea 145 también funciona como espacio de orientación y que no toda consulta implica automáticamente una denuncia judicial.
