La situación de los jubilados en la Argentina atraviesa un deterioro sostenido que ya no puede explicarse como una coyuntura pasajera. Así lo advirtió Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, durante una entrevista en FM de las Misiones, donde describió un escenario marcado por ingresos congelados, un sistema sanitario colapsado y un profundo desinterés político frente a la realidad cotidiana de millones de adultos mayores.
Semino sostuvo que la crisis que atraviesa el sector no es nueva ni aislada, sino que se arrastra desde hace años y se agrava de manera constante. En ese sentido, recordó que desde la Sociedad Iberoamericana de Geriatría y Gerontología se viene denunciando “una crisis de triple composición, es decir, alimentaria, sanitaria y habitacional”, que lejos de revertirse se profundiza con el paso del tiempo. Según explicó, el impacto se traduce tanto en la pérdida de calidad de vida como en el aumento de muertes evitables.
El defensor remarcó que, más allá de los cambios de gobierno, no se observa una respuesta estructural al problema. A su entender, el sistema político mantiene un “olvido más que significativo” sobre la situación de casi ocho millones de jubilados y pensionados. Aunque reconoció la existencia de movilizaciones semanales, señaló que la visibilidad del reclamo se diluye rápidamente y no logra transformarse en políticas concretas.
Uno de los puntos centrales de la entrevista estuvo puesto en el nivel de los haberes. Semino precisó que actualmente alrededor de cinco millones de personas perciben jubilaciones mínimas que rondan los 430 mil pesos, mientras que la canasta básica con gastos de vivienda ya superaba el millón y medio. Frente a ese desfasaje, advirtió que no existe ningún programa orientado a una recomposición progresiva que permita cubrir necesidades elementales.
En ese contexto, cuestionó con dureza la continuidad del bono previsional, cuyo monto permanece congelado desde marzo de 2024. Recordó que desde su implementación se reclamó su incorporación al haber mensual para evitar la discrecionalidad política. “Un bono que nunca debió haber sido bono”, afirmó, al tiempo que lamentó que la Justicia no haya reconocido ese planteo, lo que derivó en un mayor deterioro del ingreso real.
La problemática económica, sin embargo, no se limita al bolsillo. Semino alertó sobre un “crash total en el sistema de salud”, con consecuencias directas sobre la población mayor. Describió un panorama atravesado por crisis financiera, falta de recursos humanos y un colapso en las prestaciones, donde conseguir turnos con especialistas puede demorar meses y el seguimiento de enfermedades crónicas resulta cada vez más difícil.
El defensor puso especial énfasis en la ausencia de camas de internación geriátrica, especialmente en las grandes ciudades. Señaló que el PAMI registra demoras de hasta ocho meses para acceder a una internación de este tipo en centros urbanos como Buenos Aires, Córdoba o Rosario. Esa carencia, explicó, agrava la situación de personas con problemas de salud mental o con movilidad reducida, cuyos familiares no siempre cuentan con los medios ni el tiempo para brindar cuidados adecuados.
A ese escenario se suma, según relató, el aislamiento que genera el anonimato urbano. Semino describió casos recurrentes en los que adultos mayores pasan días sin recibir asistencia, hasta que algún vecino o encargado advierte su ausencia. En muchos de esos episodios, el desenlace es dramático, con personas encontradas en estado grave o sin vida dentro de sus hogares.
Consultado sobre posibles soluciones, el defensor fue categórico al señalar que se trata de un problema estructural que la política argentina arrastra desde hace décadas. Recordó los reclamos históricos de los años noventa y afirmó que, pese al paso del tiempo, las demandas siguen siendo similares. Para Semino, persiste una mirada “anacrónica” sobre la vejez, concebida como una etapa improductiva, lo que desalienta la inversión pública.
En ese sentido, cuestionó el argumento de que los recursos deben destinarse exclusivamente a los sectores más jóvenes. Afirmó que esa lógica, promovida incluso por organismos internacionales, es errónea y desconoce el rol de los jubilados en la economía. Según explicó, mejorar los ingresos y el acceso a la salud no solo garantiza derechos, sino que también convierte a los adultos mayores en actores activos del consumo y la generación de riqueza.
Sobre el estado anímico del sector, Semino describió una realidad atravesada por la supervivencia diaria. Señaló que muchas personas mayores continúan trabajando pese a su edad, mientras otras dependen de subsidios, comedores comunitarios o donaciones de medicamentos. “La energía de la persona se concentra exclusivamente en la supervivencia”, resumió, al explicar por qué la protesta no logra masificarse.
Finalmente, llamó a una mayor responsabilidad de los decisores políticos y a una toma de conciencia colectiva. Aseguró que atender la salud y mejorar los ingresos de los jubilados no es un gasto, sino una inversión social largamente postergada. “Hay que exigir entre todos que se encarguen y que no sigan mirando para otro lado”, concluyó.
