El Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA) reforzó los controles sobre la ocupación efectiva de las viviendas adjudicadas, una política que permite recuperar casas que no son habitadas por sus beneficiarios y reasignarlas a otras familias inscriptas, en un contexto de alta demanda habitacional en la provincia.
Así lo explicó Juan Carlos Pereira, presidente del organismo, en diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones, donde brindó detalles sobre los procedimientos, los plazos legales y las situaciones excepcionales que se contemplan.
“Una vez que otorgamos la vivienda, la familia debe hacer uso real y efectivo y abonar las cuotas correspondientes”, señaló Pereira. En ese sentido, explicó que cada adjudicación establece un plazo formal y que, una vez vencido, la Gerencia Social realiza recorridas para verificar que la vivienda esté efectivamente habitada por el grupo familiar adjudicatario.
Según detalló, si durante esas visitas se detecta una irregularidad, se inicia un proceso administrativo que puede derivar en la disolución del vínculo con la familia adjudicataria y la recuperación de la vivienda. “Todo el procedimiento es profesional y contempla informes sociales, intervención jurídica y los tiempos y plazos legales correspondientes, para que cada persona tenga su instancia de defensa”, subrayó.
Además, explicó que no se trata de una decisión automática ni arbitraria, y remarcó que el IPRODHA contempla situaciones excepcionales. “Hay casos muy especiales, como enfermedades graves comprobables que obligan a una familia a trasladarse a otra provincia o incluso a otro país. En esas situaciones, la familia puede solicitar una guarda temporaria y el Instituto evalúa otorgarla”, aclaró.
Consultado por la repercusión pública que suelen tener algunos casos -como el recientemente publicado en el Boletín Oficial-, Pereira señaló que se trata de situaciones aisladas dentro de un universo mucho mayor. “Tenemos alrededor de 50.000 viviendas en toda la provincia, y el número de irregularidades es muy pequeño en relación con ese total”, precisó.
Luego indicó que estas situaciones se presentan con mayor frecuencia en viviendas con más de 15 o 20 años de antigüedad, y que los controles se realizan de manera permanente, ya sea a partir de denuncias o mediante relevamientos del área social.
Una vez recuperada, la vivienda no queda vacía ni fuera del sistema. “La casa se vuelve a sortear”, explicó el funcionario. El procedimiento incluye evaluación social y notarial, y se prioriza a familias con situaciones de discapacidad, urgencia o vulnerabilidad, que ingresan a un sorteo en un grupo reducido.
“Las viviendas no se venden ni se entregan de manera informal. Vuelven al sistema para garantizar equidad y transparencia”, remarcó.
El presidente del IPRODHA recordó que cualquier irregularidad puede denunciarse a través de los canales oficiales del Instituto: Whatsapp, notas formales o mesa de entradas.
Finalmente, dejó un mensaje claro a los adjudicatarios: “Hasta que la vivienda no se cancele, sigue siendo del Estado. Fue entregada con el esfuerzo del Gobierno provincial y de todos los misioneros. El compromiso es habitarla y cumplir con el pago”.
