La elección de un geriátrico para una persona mayor suele atravesar a las familias en momentos de urgencia, desgaste o preocupación. Sin embargo, lejos de tratarse solo de una decisión práctica, implica derechos, responsabilidades y cuidados que deben ser evaluados con información y tiempo. Así lo remarcó la especialista en gerontología Mirta Soria, en una entrevista con FM 89.3 Santa María de las Misiones, donde puso el foco en un punto central: la voluntad de la persona mayor.
“Lo primero, antes que nada, es ver si esta persona mayor quiere ser institucionalizada”, señaló Soria. Según explicó, muchas veces la preocupación se instala del lado de la familia -“dónde lo voy a internar, dónde lo voy a poner”- sin contemplar el consentimiento del adulto mayor. Solo en los casos en los que la persona no esté en uso de sus facultades mentales corresponde que terceros tomen la decisión.
A partir de allí, la especialista subrayó que la institucionalización no puede responder únicamente a la comodidad familiar, sino que debe estar respaldada por un informe médico que indique por qué la persona necesita ese tipo de atención y qué cuidados específicos requiere. “No es lo mismo una persona autoválida que alguien con una fractura de cadera recién operada y que necesita rehabilitación”, ejemplificó.
En ese sentido, al momento de visitar una residencia de larga estadía, Soria recomendó verificar qué servicios brinda el lugar: la presencia de un médico, enfermeros matriculados y cuidadores suficientes, teniendo en cuenta la clasificación de los adultos mayores -autoválidos, semidependientes o dependientes totales- y la atención integral que cada situación demanda.
Otro punto clave es la habilitación del geriátrico. Según explicó, las residencias deben contar con autorización municipal y estar supervisadas por el Ministerio de Salud Pública, a través de la Dirección de Gerontología. La advertencia cobra especial relevancia tras conocerse recientemente un caso de adultos mayores alojados en un lugar no habilitado.
Soria relató que, ante esa situación, intervino la Dirección de Gerontología junto al Ministerio de Salud. Las personas mayores que no tenían familiares fueron derivadas al hospital geriátrico y al monoclínico, mientras que en otros casos se contactó a las familias. “Era una situación de vulnerabilidad total, no había médico que supervise. Era una casa particular donde un enfermero se hacía cargo”, explicó.
La especialista también aclaró una limitación clave: el Estado no puede ingresar a un domicilio particular si no existe una denuncia previa, incluso cuando allí se alojen adultos mayores. En cambio, las residencias habilitadas sí reciben controles periódicos. Las denuncias pueden realizarse tanto en la Dirección de Gerontología como en la Municipalidad de Posadas.
En la charla, Soria amplió la mirada sobre los cuidados, incluyendo aspectos que muchas veces quedan relegados, como la salud odontológica, que debería contemplar controles periódicos en las personas mayores. En ese marco, destacó que se sumó una odontóloga a la Dirección de Gerontología y que se están realizando capacitaciones y visitas en residencias habilitadas.
Más allá de la institución elegida, la especialista insistió en un aspecto que atraviesa toda la problemática: la responsabilidad familiar no se delega. “No es cuestión de llevar a la persona, dejarla y visitarla una vez por mes”, advirtió. La familia debe involucrarse, supervisar, acompañar y sostener el vínculo.
Incluso, recordó que la institucionalización no siempre es la única ni la mejor alternativa. Existen cuidadores domiciliarios, pero aclaró que tampoco se trata de “cualquiera”: deben contar con formación, antecedentes y un currículum que respalde el cuidado de los adultos mayores.
“La última opción que queremos es que la persona mayor esté institucionalizada”, resumió Soria, quien remarcó que cada caso debe evaluarse de manera individual, priorizando siempre la dignidad, la voluntad y los derechos de quienes transitan la vejez.
