Mientras el precio de la yerba mate continúa en alza en las góndolas de los principales centros urbanos del país, en las chacras misioneras el escenario es inverso: precios a la baja, cosechas paralizadas, cooperativas en crisis y trabajadores que migran por falta de empleo. Así lo describió Antonio França, titular de la Asociación Civil de Productores Tareferos del Alto Uruguay, al analizar el presente del sector y el rol del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), en diálogo la FM 89.3 Santa María de las Misiones.
Según el dirigente, el sector atraviesa un nivel de incertidumbre y deterioro que no se registraba desde hace dos décadas, incluso más profundo que en los años 90. A su entender, lejos de ordenar la actividad, las decisiones recientes profundizaron la crisis productiva, institucional y social.
França explicó que existía expectativa de que el nombramiento de un presidente al frente del INYM trajera señales de previsibilidad, tras casi dos años de acefalía. Sin embargo, sostuvo que ocurrió lo contrario: más preocupación, más desconfianza y una profundización del conflicto, agravada -según remarcó- porque el titular del organismo asumió sin las facultades plenas previstas en la Ley 25.564, norma que durante más de 20 años sostuvo un equilibrio relativo en la cadena yerbatera.
En ese marco, cuestionó que se estén implementando cambios por resoluciones internas que, con aval del directorio, perjudican directamente la actividad. Entre los puntos más sensibles mencionó la eliminación o debilitamiento de la fiscalización, cambios en las reglamentaciones de calidad y el despido de personal clave del instituto, especialmente en áreas de registros y control. Advirtió que esto no solo impacta en el productor, sino también en el consumidor, que -dijo- ya no tiene garantías claras sobre qué yerba llega al mercado.
El dirigente vinculó este escenario a las decisiones del Gobierno nacional encabezado por Javier Milei, en particular a los decretos que desregularon la actividad. Recordó que uno de los primeros DNU exigió la eliminación de la Resolución 170, que limitaba las plantaciones y establecía un tope de cinco hectáreas. Aunque reconoció que el sistema tenía falencias, sostuvo que funcionaba como herramienta de equilibrio.
A ello se sumó, según relató, la eliminación de la fiscalización en instancias posteriores, lo que abrió la puerta a múltiples irregularidades: ingreso de yerba de otros orígenes, problemas de calidad, insistencia en prácticas cuestionadas y, sobre todo, la ausencia total de un precio mínimo de referencia para la hoja verde, un reclamo histórico del sector.
El impacto económico es concreto. França describió chacras abandonadas, especialmente en la zona del Alto Uruguay, y productores sin recursos para sostener la actividad. En plena salida de la zafra gruesa, muchos aún no habían cobrado la cosecha anterior por cheques que no pudieron efectivizarse. En paralelo, decisiones como el aumento de la estampilla terminaron, según indicó, trasladándose al eslabón más débil: el precio que se paga en planta cayó de 70 pesos a 60 y hasta 50 pesos por kilo, mientras los costos seguían subiendo.
La contradicción se vuelve más evidente al observar el mercado final. França contó que recibe turistas en la Casa del Mate y escucha reiteradamente el mismo comentario: en Buenos Aires y otras ciudades el precio de la yerba sigue subiendo, especialmente en las marcas líderes. “¿Por qué al productor le tiran el precio para abajo?”, se preguntó.
Frente a este escenario, advirtió que si el INYM deja de cumplir su función histórica de defender al productor, el sector deberá replantearse el sentido mismo del instituto, creado -remarcó- como una herramienta propia del sector yerbatero. Aclaró que no se trata de amenazas ni posturas violentas, pero sí de un malestar creciente.
“Si el instituto no va a operar en favor del productor, vamos a tener que buscar alguna medida para dar de baja todo (…). El Instituto fue creado para el productor yerbatero, pero si no nos sirve, tenemos que ver qué destino darle. Esto no es una amenaza, somos muy pacíficos, pero hay incertidumbre y malestar. Ojalá que el tractorazo quede en la historia del 2001, pero puede volver, aunque no a en la plaza 9 de Julio, sino frente al instituto”, advirtió.
En cuanto al diálogo institucional, reconoció que el Gobierno de Misiones mantiene canales abiertos y acompañó históricamente al productor, pero señaló que ni la Provincia ni los directores de producción logran respuestas del actual presidente del INYM, a quien acusó de desconocer profundamente la actividad. En ese sentido, sostuvo que lejos de ordenar el funcionamiento del organismo, su llegada implicó el despido de 21 trabajadores y la presión sobre directores para avalar resoluciones contrarias a los intereses productivos.
De no producirse cambios, el dirigente alertó sobre un escenario de quiebras generalizadas entre pequeños y medianos productores, cooperativas y secaderos. Si bien descartó un desabastecimiento inmediato en góndola, advirtió que el daño estructural será profundo: unidades productivas cerradas, economías regionales paralizadas y pérdida de empleo en toda la zona yerbatera.
La situación de los tareferos, agregó, es aún más crítica. A diferencia del productor, que puede sostenerse parcialmente con producción de subsistencia, el trabajador depende casi exclusivamente de la cosecha. Hoy, explicó, se pagan entre 40 y 50 mil pesos por tonelada, cuando una tonelada puede demandar hasta dos días de trabajo, lo que vuelve inviable la tarea. Esa realidad empuja a muchos a migrar hacia Brasil u otras actividades ante la falta de alternativas.
“Hoy nadie quiere hacer un kilo de hoja verde. Nadie. Usted recorre la zona y nadie quiere la actividad”.
Finalmente, França aseguró que los productores no se sienten representados dentro del INYM, ni siquiera por los directores que formalmente ocupan esos lugares. A su juicio, el instituto dejó de construir expectativas y previsibilidad, elementos básicos para que el sector se anime a arrancar una nueva zafra.
“Tenemos directores de producción, sí, pero no nos representan porque no están enfocados en construir una esperanza para el productor. Ni eso nos están dando. Si al menos construyeran una esperanza de que la zafra arranque y mejore un poco la situación, algo. Pero nada de eso sucede”, sostuvo.
“Estamos viviendo el peor momento de los últimos 20 años. Ni en los 90 estuvimos tan complicados como ahora”, resumió, al tiempo que pidió que la situación del sector sea visibilizada y escuchada antes de que el daño sea irreversible.
