En el marco de la causa Vicentin, el Juzgado Federal 10, a cargo de Julián Ercolini, embargó e inhibió los bienes de exdirectivos del Banco Nación durante el gobierno de Mauricio Macri por el presunto fraude millonario contra el Estado.
Ercolini imputó a 18 exfuncionarios del Banco Nación y a empresarios del Grupo Vicentin, entre ellos el expresidente de la entidad, Javier González Fraga; el vicepresidente, Lucas Llach; y los directores Carlos Alberto Castellani, Ercilia Antonia Nofal, Miguel Ángel Arce, Guillermo Goldberg, Jorge Alberto Lawson, Marcelo Javier Pose, Javier Okseunik y Agustín Pesce.
González Fraga es el autor de la frase sobre las posibilidades los trabajadores en relación de dependencia en la Argentina. En 2016 dijo: “Le hicieron creer a un empleado medio que podía comprarse celulares e irse al exterior”.
Otros embargos
El magistrado también trabó embargo e inhibió los bienes de Juan José Fragati (gerente general), Martín Enrique González (subgerente de Banca Corporativa), Susana Graciela Ojeda (subgerente de Riesgo y Política de Crédito), Maricel Leonor Moschini (subgerente de Soporte Crediticio), José Luis Testa (gerente zonal), Luis María Celestino Restelli (gerente zonal), Darío Marcelo Giacossa (gerente de sucursal), Néstor Ariel Bled (gerente de sucursal), Alexis Diosnel Tortul (responsable de la plataforma comercial) y Alejandro Fabián Díaz (síndico).
Por parte del Grupo Vicentin, la medida recayó sobre el presidente, Néstor Buyatti; el vicepresidente, Alberto Julián Macua; el apoderado Herman Roberto Vicentin y los directores Martín Sebastián Colombo, Roberto Oscar Vicentin y Máximo Javier Padoan.
Perjuicio al Nación
Según la sentencia, que publicó el sitio DataClave, la “finalidad del embargo se extiende a asegurar la eventual imposición y cumplimiento del decomiso, y de esta manera impedir que se consolide el provecho del delito en cuestión”.
Ercolini planteó que “también será necesario considerar la posible pena de multa que pudiera dictarse y la solidaridad en la obligación de reparar el daño que pudiera recaer sobre todos los responsables del delito”.
La imputación sostiene que “los funcionarios del Banco de la Nación Argentina conjuntamente a los empresarios del Grupo Vicentin, entre agosto y diciembre de 2019 habrían generado que las compañías Vicentin SAIC y Algodonera Avellaneda SA defraudaran las arcas de la entidad pública por un perjuicio patrimonial de US$ 304.328.665,75 -según reclamara el banco en el concurso preventivo de la primera firma señalada-, que hasta la actualidad continúa siendo de cobro incierto”.
Para ello, “los funcionarios, apartándose de la normativa que regula su actividad, habrían omitido intimar a las empresas aludidas por la deuda que se hallaba vencida y era exigible desde el 8 de agosto de 2019, originada por préstamos concedidos en concepto de prefinanciación de exportaciones”, agrega la resolución.
Además, el fallo sostiene que esta maniobra “implicó la omisión de retener desde aquel mes hasta diciembre del mismo año los importes depositados en las cuentas nro. 4280047390 en dólares y nro. 4280047287 en pesos -ambas radicadas en el BNA y de titularidad de Vicentin SAIC-, que habían sido constituidas como garantía de los empréstitos, y por las que entre agosto y diciembre de 2019 circularon US$ 795.651.945 y $2.031.118.902 respectivamente”.
Operaciones fraudulentas
“Los funcionarios habrían posibilitado entre el 8 de agosto y el 3 de diciembre de 2019 que desde las dos cuentas mencionadas se liberaran un total de $43.449.104.966, al autorizar que dicha suma fuera progresivamente transferida a través de 125 operaciones a la cuenta corriente nro. 4282044266 -también radicada ante el BNA-, desde la que las empresas carecían de restricciones para operar y sobre la que el banco carecía de facultades para cobrarse”, apunta la decisión judicial.
Y añade: “Ello permitió que los empresarios pudieran sustraer el dinero de la esfera de la entidad y que, como se denunciara, a partir del 26 de diciembre de 2019 las nuevas autoridades del BNA resolvieran cancelar las obligaciones pendientes del Grupo Vicentin, impidiendo que pudieran retener US$ 6.795.851, representativos de un 2,2 % del total de la deuda”.
Actuación coordinada
Para la Justicia, “la actuación coordinada entre funcionarios del BNA y empresarios, al haber perjudicado patrimonialmente al banco mediante el otorgamiento irregular de veintiocho préstamos por un total de US$ 105.500.000, concedidos entre el 8 y el 26 de noviembre de 2019”.
“Ello ocurrió sin considerar que el grupo ya registraba, al 7 de noviembre de 2019, una deuda vencida y exigible de US$ 149.500.000, que superaba los límites normativos y que, además, carecía de calificación crediticia actualizada, así como de la autorización y garantías necesarias para acceder a nuevos créditos”, dice la resolución.
En este contexto, el fallo acusa a los empresarios, “en connivencia con los funcionarios del BNA”, de haber “actuado con el fin de defraudar al banco para beneficiar a Vicentin SAIC y Algodonera Avellaneda SA, evitando el pago de las obligaciones contraídas, solicitando la liberación de fondos garantizados y obteniendo nuevos préstamos sin reunir las condiciones ni ofrecer garantías suficientes”.
Asimismo, “habrían desviado fondos que se encontraban bajo custodia del banco para evitar que fueran aplicados al pago de la deuda contraída”.
Finalmente, el fallo del Juzgado Federal 10 a cargo de Ercolini destaca: “El grupo habría realizado operaciones bancarias destinadas a desviar y ocultar los fondos provenientes de la maniobra fraudulenta. Entre ellas, se menciona una transferencia de US$ 16.942.805 a una cuenta en el exterior sin justificación aparente, y el canalizamiento de $222.780.392,10 a través de once empresas mediante facturación apócrifa, cuyas actividades declaradas ante AFIP/ARCA no pudieron ser verificadas”.
Qué dijo el fiscal de la causa
Tras una investigación de cinco años, el fiscal Gerardo Pollicita sostiene que entre agosto y diciembre de 2019, durante la administración macrista, autoridades del Banco Nación y empresarios del Grupo Vicentin actuaron en connivencia para defraudar al Estado nacional.
Hubo una “coordinación” dentro del Banco Nación para omitir el cobro de una millonaria deuda, mientras que los empresarios actuaron con complicidad.
“Actuación coordinada de diversos agentes, quienes, a pesar de que la propia existencia del banco se encontraba en peligro, desde sus funciones defraudaron los intereses confiados y omitieron deliberadamente cobrar la millonaria deuda, pese a contar con el dinero resguardado en cuentas de garantía constituidas al efecto”, indicó el fiscal.
De esta manera, se desarticularon las garantías que tenía el banco y “le entregaron a los empresarios de Vicentin los fondos que tenían allí congelados e, incluso y sin reaseguro alguno, les otorgaron nuevos empréstitos cuando aquello se hallaba expresamente prohibido”.
Pollicita planteó que los funcionarios del banco, lejos de proteger el patrimonio, “se apartaron de la conducta debida con el claro y evidente fin de beneficiar al particular, en perjuicio del Estado nacional”. Según estimó la fiscalía, el perjuicio al Nación sería de unos US$ 300 millones.
Claves del Caso Vicentin
• Deuda y Fraude: El grupo Vicentin acumuló deudas millonarias, principalmente con el Banco Nación, y se investiga el otorgamiento irregular de créditos y la omisión de controles durante 2015 y 2019, afectando al Estado argentino.
• Embargo: La causa judicial por el vaciamiento de Vicentin sumó un nuevo capítulo: el embargo y la inhibición general de bienes de exfuncionarios del Banco Nación que ocuparon cargos clave durante el gobierno de Mauricio Macri.
• Divisas No Liquidadas: Se sospecha que la empresa no liquidó miles de millones de dólares de exportaciones, desviando divisas, con presuntos ilícitos en operaciones trianguladas y contrabando, revelado por investigaciones recientes.
• Implicancia Política: La situación derivó en causas judiciales contra exfuncionarios del Banco Nación, incluyendo a su expresidente González Fraga, por presunta connivencia y fraude contra el Estado.
• Concurso y Rescate: Tras el default, el proceso concursal buscó una solución; hubo un intento de nacionalización que fracasó, y finalmente se aprobó una propuesta de reestructuración.
• Nuevo Control: El grupo Grassi se convirtió en el nuevo controlante de Vicentin, asumiendo el control y buscando reactivar la empresa, con la participación de otras agroexportadoras, como Cargill y Bunge.
• Producción y Mercados: Vicentin es un actor central en la agroindustria argentina, y el caso judicial por el vaciamiento expone la complejidad de las exportaciones de granos y la competencia con multinacionales, utilizando “triangulaciones” comunes en el mercado.
• Documental y Silencio: El caso ha generado debates, incluyendo un documental (“Cuellos Blancos”) que denuncia la connivencia entre poderes, y que ha enfrentado censura en espacios oficiales, según reportes recientes.
La Justicia le otorgó el control de la agroexportadora a Grassi SA
La Justicia santafesina homologó en diciembre la propuesta Grassi SA para tomar el control de la agroexportadora Vicentin y así nace una “Nueva Vicentin Argentina”.
El juez Lorenzini aceptó el salvataje, rechazó todas las impugnaciones y ordenó la transferencia accionaria a la cerealera rosarina. De esta manera, el cramdown entra en su fase final tras el millonario default. De este modo, Vicentin queda bajo un nuevo control societario por decisión judicial, tras un proceso que se extendió por casi seis años desde el default declarado en diciembre de 2019, con deudas superiores a los US$ 1.500 millones.
El concurso preventivo de Vicentin llegó a un punto de definición clave ya que el juez Fabián Lorenzini homologó la propuesta de Grassi, rechazó en su totalidad las impugnaciones presentadas por acreedores y competidores y otorgó el control total de la agroexportadora a la corredora rosarina, que quedó formalmente habilitada para ejecutar el plan de salvataje.
La sentencia valida el resultado del procedimiento de cramdown y ordena avanzar con la transferencia de la totalidad del capital accionario, al considerar acreditadas las mayorías legales exigidas por la Ley de Concursos y Quiebras.
“Macri le permitió al Grupo Vicentin estafar al Estado”
En una columna que publicó elDiarioAr en septiembre pasado, el economista Claudio Lozano explicaba que el juez Julián Ercolini, “a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, citó para que presten declaración indagatoria a 26 personas que en 2019 integraban de los directorios de la cerealera Vicentin y del Banco Nación, acusados de cometer un fraude millonario contra el Estado”.
“Siendo director del Banco Nación, a comienzos del 2020, fui el primero en presentarme ante el fiscal Pollicita para hacer una declaración testimonial y presentar tres informes que describían el comportamiento delincuencial del grupo empresario, así como la connivencia con las principales autoridades del Banco”, relató Lozano.
Además, remarcó que “sostuve y ratifiqué en mi declaración el vínculo del Grupo Vicentin con Mauricio Macri, relación materializada en que el grupo empresario era el principal aportante a las campañas electorales. En la presencia de uno de los integrantes del Directorio del Grupo como presidente del PRO en la provincia de Santa Fe, se traducía en las llamadas del ingeniero presidente de la Argentina, pidiéndole al presidente del Banco Nación, González Fraga, que le facilitara el acceso al crédito a Vicentin”.
De este modo, “el grupo empresario pudo transitar desde abril del 2018 con la calificación crediticia vencida, superando los límites normativos internos del Banco e incluso los límites y regulaciones propias del sistema financiero. Vicentin mantuvo su línea de financiación incluso cuando dejó de pagar a partir de la derrota de Macri en las PASO del 2019”, detalló.
Connivencia
Para Lozano, “la connivencia entre el gobierno de Macri con Vicentin llegó al extremo de posibilitarle al grupo empresario disponer de los US$ 791 millones que estaban depositados en una cuenta en garantía en el Banco Nación y que más que duplicaban la deuda del grupo con el Banco. Decisión esta que le permitió al Grupo Vicentin estafar al Estado argentino”.
Además, criticó “la lentitud con la que se mueve la Justicia” y lamentó “los titubeos, la improvisación y la falta de orientación estratégica que caracterizó al último gobierno del Frente de Todos”.
“Estaban todos los elementos, todas las pruebas y por ende todas las posibilidades de transformar las acreencias que el Banco tenía sobre Vicentin en la creación de una Empresa Pública no estatal, de carácter mixto con participación del Estado y de los pequeños productores rurales, que a su vez funcionara como empresa testigo del comercio exterior de granos de nuestro país. Se pudo hacer, no se hizo”, cerró.
Del “estrés financiero” al fraude
1. El grupo Vicentin entró en cese de pagos a fines de diciembre de 2019, con una deuda que superaba los 1.500 millones de dólares, y el 10 de febrero de 2020 solicitó el concurso preventivo de acreedores por el “estrés financiero que le dificultaba cumplir regularmente con sus obligaciones contraídas”. Luego, el gobierno de Alberto Fernández intervino la empresa e intentó expropiarla, finalmente sin éxito.
2. En junio de 2022, había logrado la aceptación de una mayoría de los acreedores para que la empresa pase a manos de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA, el principal acreedor), Bunge y Viterra. Sin embargo, un recurso judicial presentado por un acreedor dilató el proceso y finalmente impidió la homologación, incluso tras ser rechazado por el máximo tribunal provincial santafesino.
3. Cuatro exdirectivos de Vicentin están en prisión acusados de haber extraído fondos millonarios de la empresa. Son Daniel Buyatti, Roberto Gazze, Omar Scarel y Alberto Macua y su prisión fue solicitada por el fiscal Sebastián Narvaja, de la Unidad de Delitos Económicos de Rosario. Narvaja expuso las maniobras que llevaron adelante para solventar gastos personales, entre ellos, el pago de honorarios a sus abogados.
4. “Entre diciembre de 2019 y fines del año 2024, a través de las maniobras de administración infiel, el agrupamiento criminal detrajo ilegítimamente fondos pertenecientes a las empresas del grupo por un total estimado nominal de $952.655.044”, aseguró el fiscal Narvaja, parte de la Unidad de Delitos Económicos de la ciudad santafesina que -desde 2020- lleva adelante la investigación por estafa y administración fraudulenta contra la empresa.
5. Según el detalle que dio el fiscal, los cabecillas continuaron con el manejo de la empresa, que cayó en default en diciembre de 2019 -con una deuda que superaba los 1.500 millones de dólares-, a pesar de que se habían apartado. Y no solo eso, sino que sostuvo que los acusados usaron fondos en medio de un complejo concurso de acreedores para costear gastos personales, como el pago de los honorarios de los abogados. Ese dinero salió de las cajas de empresas satélites de Vicentin, como Algodonera Avellaneda y Sir Cotton, entre otras.
6. Los fiscales también señalaron que los Buyatti, Gazze, Scarel y Macua el dinero también fue utilizado para contratar a Sancor Seguros para pagar el seguro de caución (fianza) así evitar quedar detenidos cuando fueron imputados en la primera parte de esta causa que se comenzó en 2020. En concreto, de acuerdo a los documentos, usaron $40.751.243 de la empresa para pagar una fianza personal. Se detectó también que facturaban viajes en avión de una aeronave que era de la compañía.
7. Los fiscales expusieron que la estrategia previo al cese de pagos fue simular una salud financiera inexistente para continuar atrayendo cereal para molienda y obtener créditos bancarios. En tanto, fueron cargando el endeudamiento del grupo sobre una única empresa del pool, Vicentin SAIC. Actualmente, la compañía controla Oleaginosa San Lorenzo, Algodonera Avellaneda, Terminal Puerto Rosario, Sottano SA, Sir Cotton, Playa Puerto y una minoría en Renova.
