Lo que comenzó como una demostración de fuerza terminó por revelar una lógica mucho más profunda y peligrosa. La secuencia que desembocó en la captura de Nicolás Maduro no fue un arrebato improvisado, sino el desenlace de una escalada cuidadosamente construida por la administración de Donald Trump durante meses. Primero fueron los barcos, luego los bombardeos “selectivos”, después las amenazas abiertas y, finalmente, la intervención directa, una secuencia que no deja lugar a dudas sobre su verdadero objetivo.
El argumento del narcotráfico funcionó como coartada inicial. Bajo esa bandera, Estados Unidos desplegó una ofensiva militar sin precedentes recientes en América Latina, eludiendo incluso los controles institucionales internos que exige su propia Constitución.
Pero con el correr de las semanas quedó claro que la lucha contra las drogas era apenas la superficie de un objetivo mayor: forzar un cambio de régimen en Venezuela. La historia ofrece antecedentes inquietantes. Panamá en 1989 e Irak en 2003 aparecen como espejos incómodos. En ambos casos, la narrativa de la legalidad y la seguridad encubrió decisiones estratégicas de enorme impacto, cuyas consecuencias se extendieron durante décadas.
En Venezuela, el libreto parece repetirse: acumulación militar, demonización del liderazgo político, sanciones económicas asfixiantes y, finalmente, la acción directa. El petróleo terminó de ordenar las piezas. Cuando el discurso antidrogas comenzó a agotarse, la energía emergió como eje central del conflicto.
El bloqueo de petroleros y la intercepción de exportaciones no solo golpearon la principal fuente de ingresos del país, sino que dejaron en evidencia que el control de los recursos sigue siendo un factor decisivo en la geopolítica del siglo XXI.
En su conferencia de ayer por la tarde, Trump afirmó que su país va a dirigir Venezuela hasta que haya en marcha una “transición segura, adecuada y sensata. No queremos que nadie más tome el poder. Nos encontramos en la misma situación que hemos tenido durante los últimos años. Así que vamos a gobernar el país hasta que podamos llevar a cabo una transición segura, adecuada y sensata; tiene que ser sensata, porque ese es nuestro objetivo”, dijo abiertamente, asumiendo que Estados Unidos tiene el control del país. Sin mencionar a la oposición política venezolana, ha dicho que “queremos la paz, la libertad y la justicia para el gran pueblo de Venezuela”.
“No podemos arriesgarnos a que alguien más tome el control de Venezuela; no vamos a permitir que eso suceda”, insistió.
El mandatario aseveró entonces que recuperará el negocio petrolero en Venezuela, el país con las mayores reservas de crudo del mundo. “Como todos saben, el negocio petrolero en Venezuela fue un fracaso, un fracaso total, durante mucho tiempo. Estaban extrayendo casi nada, en comparación con lo que podrían haber extraído y lo que podría haber sucedido. Nuestras grandes compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, invertirán miles de millones de dólares para reparar la infraestructura petrolera, que está en muy mal estado”, admitió, dejando al desnudo buena parte de los motivos de la operación militar.
Así las cosas, la captura de Maduro no cierra el conflicto: lo abre. Venezuela ingresa ahora en una etapa de altísima incertidumbre institucional, económica y social. Y la región, una vez más, queda expuesta a los efectos colaterales de decisiones tomadas lejos de sus fronteras.
El interrogante no es solo qué ocurrirá en Caracas, sino qué precedentes se consolidan para América Latina. La experiencia indica que las intervenciones externas rara vez traen estabilidad duradera. Más bien, suelen dejar cicatrices profundas que el tiempo no siempre logra cerrar.
Reacciones
La incursión militar, calificada como un hecho sin precedentes en la historia moderna de la región, dividió al mundo entre la condena tajante y una cautela cargada de advertencias sobre el derecho internacional.
Los aliados históricos del chavismo fueron los primeros en alzar la voz. Rusia e Irán coincidieron en calificar la operación como una “agresión armada” y una violación directa a la soberanía nacional. Por su parte, el Gobierno de China emitió un comunicado especialmente duro, tildando la acción de “acto hegemónico” que ignora los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Pekín advirtió que el uso de la fuerza por parte de Washington no solo afecta a Venezuela, sino que pone en riesgo la paz y la seguridad de toda América Latina y el Caribe.
La respuesta desde Europa occidental fue más matizada, aunque marcada por el distanciamiento de la acción militar. La Unión Europea, a través de Kaja Kallas, reafirmó su postura de que Maduro carece de legitimidad democrática. Sin embargo, enfatizó que siempre abogaron por una transición pacífica y recordaron que cualquier movimiento debe ajustarse estrictamente a las leyes internacionales. Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido, fue enfático al desvincular a su país del operativo. Starmer optó por una postura de prudencia, señalando que buscará dialogar con el presidente Trump y otros aliados para esclarecer los hechos, bajo la premisa de que el respeto al derecho internacional es innegociable.
Finalmente, la ONU manifestó una profunda preocupación por las consecuencias a largo plazo. El secretario general, António Guterres, alertó que esta intervención sienta un “precedente muy peligroso” en las relaciones internacionales. Más allá de la situación política interna de Venezuela, la organización teme que la acción militar estadounidense desencadene una inestabilidad regional de proporciones impredecibles.
Y como suele ocurrir, los movimientos de la política internacional encontraron rápido eco en la escena local. Por lo pronto, no faltaron manifestaciones y Javier Milei no desaprovechó la oportunidad de ser uno de los primeros. “La libertad avanza. Viva la libertad carajo”, escribió en su cuenta de X. “La Argentina apoya la presión de Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano”, sostuvo el mandatario.
Lejos de la geopolítica que implica lo que sucede hoy en Venezuela, Argentina tiene sus propios problemas. Quizás no tan dramáticos como los del país caribeño, pero problemas al fin. Y la irregular credibilidad que atravesó a todos los gobiernos anteriores también interpela al actual. Las estadísticas nunca son un asunto neutral. No lo fueron en el pasado y no lo son hoy. Tanto bajo el kirchnerismo antes como durante la presidencia de Javier Milei ahora, el INDEC volvió a quedar en el centro de una discusión que trasciende lo técnico: qué se mide, cómo se mide, qué se deja de medir y, sobre todo, qué relato se construye a partir de esos números.
El informe reciente del Centro CEPA pone el foco en una serie de controversias metodológicas que atraviesan indicadores clave como inflación, pobreza, salarios y actividad económica. No se trata de acusaciones de manipulación directa, sino de algo más sutil y no por ello menos relevante: cambios metodológicos, demoras en actualizaciones y decisiones técnicas que condicionan la lectura de la realidad económica y social. Cuando las reglas de medición cambian, pero los datos se presentan como continuidad, la interpretación se vuelve, cuanto menos, problemática.
Uno de los puntos más sensibles es el de los ingresos de los trabajadores no registrados. Las cifras oficiales muestran una mejora real significativa, pero esa suba está fuertemente vinculada a cambios en la forma de capturar ingresos dentro de la Encuesta Permanente de Hogares. El problema no es el cambio en sí, sino la falta de claridad sobre su impacto en la comparabilidad histórica.
Algo similar ocurre con la inflación. El IPC sigue calculándose con una estructura de consumo que no refleja plenamente los hábitos actuales de los hogares, en especial el peso creciente de los servicios y el transporte. El INDEC cuenta desde hace años con información más actualizada, pero su incorporación sigue postergada.
En un contexto de fuerte ajuste tarifario, esta decisión no es menor: subestimar ciertos rubros implica también subestimar el impacto real del costo de vida. La medición de la pobreza queda atrapada en esa misma lógica.
Canastas que no terminan de reflejar los gastos reales y mediciones de ingresos infladas por cambios metodológicos generan tasas que pueden mejorar en el papel, aunque la experiencia cotidiana diga otra cosa. No es una discusión académica: de estos números dependen diagnósticos, políticas públicas y, en muchos casos, legitimidades políticas.
El Estimador Mensual de Actividad Económica completa el cuadro. Parte del crecimiento reciente se explica por componentes contables -como impuestos netos o intermediación financiera- que poco dicen sobre la actividad productiva real. Sin ellos, el nivel de actividad aparece mucho más estancado de lo que sugiere el discurso oficial.
Nada de esto invalida la necesidad de ordenar las cuentas públicas ni de corregir desequilibrios estructurales. Pero sí obliga a una advertencia: cuando las estadísticas se alinean demasiado cómodamente con el relato del poder, pierden su función principal, que es describir la realidad con la mayor honestidad posible.
La credibilidad del INDEC es un activo que costó años reconstruir. Preservarla exige algo más que prolijidad técnica: requiere transparencia, explicaciones claras y la decisión política de no usar los números como argumento, sino como herramienta. Porque, en definitiva, cuando los datos dejan de explicar la realidad y empiezan a justificarla, el problema ya no es metodológico: es institucional.
De cualquier forma, y hablando de datos, el cierre de 2025 ofrece un espejo frustrante para la economía argentina. Mientras la inflación sigue su carrera -en torno al 2,5% mensual, según los últimos datos oficiales-, gran parte de los salarios formales continúa perdiendo terreno frente a los precios. No es un fenómeno nuevo, pero vuelve a instalarse como un síntoma claro de las tensiones estructurales que atraviesan el mercado laboral.
Hay un cambio de dinámica en las negociaciones salariales. Después de meses en que el Ministerio de Economía homologaba acuerdos por debajo del 1% mensual, la aceleración de los precios obligó a varios sindicatos a renegociar incrementos más cercanos al ritmo inflacionario. Algunos gremios -metalúrgicos, bancarios, entidades deportivas, alimentación y aceiteros- comenzaron a mover sus paritarias en busca de recomponer el poder adquisitivo de sus afiliados.
En conjunto, representan unos 770.000 trabajadores formales que, por primera vez en varios meses, logran acordar subas más próximas a la inflación real. Sin embargo, a ese escenario subyace una realidad más amplia y preocupante. La mayoría de los trabajadores formales sigue viendo sus salarios por debajo del avance de los precios, acumulando pérdidas de poder adquisitivo que no se revierten de manera homogénea. Sectores clave, como el de los empleados de comercio -el gremio más numeroso del país-, aún conviven con paritarias muy por debajo de la inflación mensual.
Este contexto evidencia tensiones políticas y económicas. Por un lado, la estrategia oficial de mantener incrementos salariales moderados para “anclar” la inflación terminó siendo insostenible frente a una realidad de precios que no ceden. Por otro, la capacidad desigual de los sindicatos para presionar por actualizaciones refleja una fragmentación creciente: algunos logran recomponer ingresos, otros quedan rezagados y muchos siguen sin recuperar poder adquisitivo suficiente. Peor aún, este desequilibrio plantea un dilema central. Sin salarios que acompañen siquiera la inflación, la demanda interna se debilita, la fragilidad social aumenta y se profundiza la distancia entre el discurso oficial y la experiencia cotidiana de millones de trabajadores.
En un contexto de inflación persistente, las paritarias dejan de ser una herramienta de redistribución para convertirse en una pulseada permanente por sobrevivir al calendario de precios.
El año cerró con un dólar en aparente calma que, lejos de transmitir tranquilidad, expone una de las principales fragilidades del esquema económico actual. Las distintas cotizaciones -oficial, financieras y blue- muestran una estabilidad que no surge de un equilibrio genuino, sino de una intervención sostenida que consume recursos escasos y compra tiempo a un costo elevado.
La estrategia es conocida: contener el tipo de cambio para evitar un traslado inmediato a precios y sostener el relato de desinflación. Pero el ancla cambiaria, cuando no está respaldada por una acumulación sólida de reservas, suele transformarse en una ilusión transitoria. La brecha no desaparece: se administra. Y en esa administración, el Tesoro y el Banco Central pagan con dólares que no sobran. El mercado lo entiende así.
Por eso, más allá de la foto diaria, la pregunta no es cuánto vale hoy el dólar, sino cuánto puede sostenerse este esquema en un contexto de reservas limitadas y vencimientos de deuda cada vez más cercanos. La estabilidad cambiaria deja de ser una señal de fortaleza para convertirse en una fragilidad cuidadosamente maquillada. Las recientes sesiones extraordinarias del Congreso, convocadas por Javier Milei entre el 10 y el 30 de diciembre, debían ser el momento para imprimir velocidad a un ambicioso paquete de reformas.
El balance final, sin embargo, es agridulce. De un temario que incluía medio centenar de iniciativas, apenas dos proyectos se convirtieron en ley. Que uno de ellos sea el Presupuesto 2026 no sorprende. Que haya perdido un capítulo clave durante su tratamiento, sí deja al descubierto errores tácticos y debilidades organizativas, incluso dentro del propio oficialismo.
El otro logro, la llamada Inocencia Fiscal, resulta más simbólico que transformador: una invitación a blanquear dólares cuyo impacto real sobre la economía formal es, como mínimo, discutible. Mientras tanto, reformas de mayor calado -como la estabilidad fiscal y monetaria o la reforma laboral- quedaron postergadas. Algunos aliados admiten que ciertas propuestas son demasiado ideológicas y poco prácticas, y se resisten a acompañarlas sin consensos más amplios.
El resultado desnuda la fragilidad parlamentaria del oficialismo y la distancia entre la agenda de anuncios y la capacidad de concretarlos. Un Congreso que sanciona leyes aisladas, pero no transforma la matriz normativa, difícilmente pueda exhibirse como un triunfo rotundo. De cara a 2026, el desafío sigue siendo el mismo: convertir el relato en hechos. De lo contrario, las sesiones extraordinarias habrán sido apenas una puesta en escena con escaso contenido sustancial.
Como se ha dicho y escrito en otras entregas de esta misma columna, el modelo nacional trae adherido una crisis que no golpea con la misma intensidad en todo el país y que se ceba con fuerza con las regiones históricamente más postergadas por el centralismo.
El 2025 dejó una huella profunda en el trabajador rural misionero, atravesado por la pérdida sostenida del salario, la caída de las economías regionales y un horizonte cada vez más estrecho. La motosierra del ajuste nacional no solo recortó partidas: recortó expectativas. Con paritarias que corren muy por detrás de la inflación y un deterioro real que se siente con mayor fuerza en alimentos y combustibles, el salario rural perdió capacidad mes a mes. El impacto no tardó en trasladarse a la producción primaria: cierres de pequeñas empresas, menos empleo y un mercado interno debilitado.
En ese contexto, volver a comparar el presente con el 2001 ya no suena exagerado, sino descriptivo.
Uno de los datos más inquietantes es el cambio en la migración de trabajadores rurales. Lo que durante años fue una salida estacional hacia Brasil hoy se transforma en una decisión definitiva. Familias enteras se van porque el trabajo ya no alcanza para sostener la vida cotidiana. No es una elección cultural ni una oportunidad atractiva: es supervivencia.
Cuando no hay changas, no hay empleo y reaparecen escenas de pobreza extrema, irse deja de ser opción para convertirse en obligación.
El escenario hacia 2026 no ofrece alivio si el rumbo económico no se modifica. Las reformas laborales, sin un plan productivo que reactive las economías regionales, no generan empleo ni arraigo. Por el contrario, profundizan la expulsión silenciosa de trabajadores del interior profundo.
Frente a ese panorama, la respuesta provincial marca un contraste. Bajo la conducción del gobernador Hugo Passalacqua, Misiones decidió sostener políticas activas aún en un contexto de fuerte retracción del Estado nacional. La prórroga de la Tarifa Eléctrica Social Provincial, la continuidad de programas de vivienda con recursos propios y la prioridad puesta en los sectores más vulnerables no corrigen la macroeconomía, pero funcionan como red de contención para miles de familias.
La entrega de viviendas en Oberá, ejecutadas pese al corte de fondos nacionales, sintetiza esa lógica: cuando la Nación se retira, la Provincia se queda. No hay discursos grandilocuentes, hay gestión, esfuerzo fiscal y una definición política que entiende que garantizar un techo, energía accesible y acompañamiento social también es defender el empleo y el arraigo.
Tal vez ahí se juegue una de las discusiones centrales de este tiempo. Mientras miles de trabajadores rurales hacen las cuentas para irse, el gobierno de Passalacqua intenta sostenerlos para que puedan quedarse. En ese contraste se define algo más que una política pública: se define si Misiones será una provincia que resiste, incluso cuando el dinero no alcanza.
