La decisión del Gobierno nacional de disolver la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y trasladar sus funciones al Ministerio de Salud generó preocupación e incertidumbre en el sector. Más allá de los argumentos oficiales vinculados a la reorganización administrativa y el control de pensiones, especialistas advierten que la medida tiene un impacto social profundo.
Así lo expresó Soledad Varela, especialista en discapacidad, en una entrevista con FM 89.3 Santa María de las Misiones, donde remarcó que la eliminación de la ANDIS no puede analizarse solo desde una lógica administrativa. “Esta decisión es profundamente social. Atenta contra un sector históricamente vulnerable y corre el riesgo de invisibilizarlo”, sostuvo.
Varela reconoció que ordenar, auditar y transparentar procesos es necesario, especialmente en lo vinculado a pensiones no contributivas, pero advirtió que el cierre de la institución que representaba al sector a nivel nacional va mucho más allá del control. “Eliminar una institución cuya función era defender nuestros derechos es una forma de silenciar una voz colectiva”, afirmó.
Mucho más que salud
Uno de los principales cuestionamientos planteados por la especialista es el traslado de todas las funciones al Ministerio de Salud, lo que, a su entender, reduce la discapacidad a una mirada sanitaria.
“La salud es solo una parte de nuestra vida. La discapacidad también es educación, trabajo, oportunidades, participación social. Y hoy eso no está garantizado”, explicó.
En ese sentido, alertó sobre el riesgo de volver a un modelo médico-rehabilitador, en el que la discapacidad es vista como algo que debe corregirse, en lugar de sostener el modelo social, que concibe a las personas con discapacidad como actores activos de la sociedad y sujetos de derechos.
“El mensaje que se le da a la sociedad es peligroso, sobre todo a quienes no conocen nuestra realidad. Se elimina la institución más grande y representativa del sector a nivel nacional”, remarcó.
Angustia en las familias y temor a la invisibilización
Varela contó que, desde el anuncio, las familias y las instituciones que acompañan a personas con discapacidad atraviesan momentos de angustia y desconcierto. Las preguntas se repiten: qué va a pasar con los trámites, a dónde acudir, cómo se gestionarán derechos que antes tenían un canal específico.
“No es lo mismo contar con una institución dedicada exclusivamente a discapacidad que depender de un ministerio que tiene múltiples prioridades. La inclusión necesita transversalidad, pero también centralidad”, subrayó.
Además, recordó que no todas las personas con discapacidad acceden a pensiones, ni todas cuentan con Certificado Único de Discapacidad, muchas veces por las dificultades que implica iniciar trámites cuando el propio sector es puesto bajo sospecha.
La situación en Misiones y el desafío que viene
Consultada sobre el impacto en Misiones, Varela señaló que si bien el Gobierno provincial viene acompañando dentro de sus posibilidades, hay decisiones que dependen exclusivamente del nivel nacional y que afectan de manera directa al sector, a las familias y a las instituciones.
No obstante, sostuvo que el contexto también abre un desafío: reorganizarse, fortalecer la representatividad y exigir participación real.
“Hoy más que nunca debe hacerse valer el lema ‘Nada sobre nosotros sin nosotros’. Las políticas públicas deben construirse con nuestras voces”, afirmó.
Lejos de bajar los brazos, la especialista aseguró que el trabajo del sector se intensificará. “Vamos a seguir ocupando los espacios que nos corresponden, luchando para que se respeten nuestros derechos y para que se nos reconozca como sujetos de derechos y no solo como sujetos de cuidado”, concluyó.
