Tras el escándalo por las presuntas coimas en el área de discapacidad, el Gobierno nacional anunció este martes la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La medida fue confirmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante su habitual conferencia de prensa.
Según se informó, las funciones del organismo serán absorbidas por el Ministerio de Salud, en el marco de una reestructuración administrativa. La decisión se tomó luego de que salieran a la luz denuncias por supuestas irregularidades en la gestión de trámites y prestaciones.
Desde el Ejecutivo aseguraron que el objetivo es mejorar el control y la transparencia, y garantizar la continuidad de las políticas públicas destinadas a las personas con discapacidad, mientras avanzan las investigaciones para determinar responsabilidades.
El funcionario planteó que la agencia se creó en 2017 como un organismo descentralizado que tenía como objetivo “coordinar las políticas públicas en discapacidad”, pero aclaró que “fruto de la autonomía administrativa que gozaba” acumuló lo que definió como “toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”. “Esto provocó irregularidades, como personas fallecidas cuyos familiares seguían cobrando la pensión, pensiones otorgadas sin documentación válida, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios, como la Fundación METAS, que decía brindar clases de apoyo escolar, pero en sus instalaciones solo había una vivienda precaria, sin agua, electricidad, inmobiliario; solo se encontró suciedad, moho, escombros y excremento de roedores”, enumeró.
“Al formar parte del Ministerio de Salud, las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades”, anticipó Adorni, y sumó: “Se va a garantizar la trazabilidad en expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones. Además, se van a eliminar 16 cargos políticos, lo que implica una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica”.
Pese a la disolución, Adorni aclaró que las modificaciones no implican recortes en pensiones ni en prestaciones. “En virtud de evitar que alguien cometa algún error contando la información alejada de la realidad o de lo que realmente es, repito: esto no implica que se corte absolutamente ninguna prestación”, remarcó.
Fuente: Clarín
