El cierre de 2025 vuelve a dejar a los jubilados y pensionados en el centro de una crisis estructural que se profundiza con el paso de los meses. Así lo advirtió Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad, al trazar un balance del año y alertar que la pérdida del poder adquisitivo no solo continúa, sino que se acelera bajo el actual esquema de actualización de haberes. Según explicó, la situación no es nueva ni excepcional.
“Desgraciadamente, viene siendo histórica a través de cada administración”, sostuvo en diálogo con PRIMERA EDICIÓN, al recordar que entre enero de 2021 y marzo de 2024 los ingresos previsionales ya habían acumulado una caída del 50,8% en términos reales, un dato respaldado por fallos de distintas cámaras federales.
A partir de marzo, con la aplicación del índice de precios al consumidor, se instaló la idea de que esa tendencia se iba a frenar, aunque los números muestran otra realidad. Semino señaló que durante 2024 los casi cinco millones de jubilados que cobran la mínima registraron un incremento acumulado del 105%, frente a una inflación del 118.
“Eso ya marca una pérdida concreta”, indicó.
A ese escenario se suma el impacto del bono discrecional, congelado desde marzo de 2024.
“Es un disparate argentino”, afirmó, al remarcar que ese refuerzo, hoy de 70 mil pesos, se licúa mes a mes y reduce el aumento efectivo que reciben quienes dependen de ese complemento para sobrevivir.
La consecuencia directa de ese esquema se refleja en la distancia creciente entre los ingresos y la canasta básica del jubilado. El defensor precisó que la última medición, publicada el 6 de octubre, ubicó ese umbral en un millón y medio de pesos mensuales, incorporando gastos de vivienda.
“Las jubilaciones mínimas, incluso con bono, rondan los 420 mil pesos”, describió. En el caso de las pensiones no contributivas, el ingreso es aún menor, con brechas que superan el millón de pesos.
Para Semino, el ajuste fiscal tiene un costo social claro. “El llamado superávit lo vienen pagando los jubilados con la pérdida de su calidad de vida y con costos de sus propias vidas”, advirtió.
En ese marco, cuestionó que se hable de una futura reforma previsional mientras se avanzan cambios laborales y fiscales que afectan las fuentes de financiamiento del sistema. “No se puede arreglar un mecanismo de reloj a martillazos”, graficó.
El impacto de la crisis previsional también se extiende al mercado laboral. El defensor reveló que en 2024 el 53% de los nuevos empleos fueron ocupados por personas jubiladas. “Eso implica que jóvenes quedaron afuera del trabajo formal”, explicó, al advertir que la falta de ingresos obliga a muchos adultos mayores a seguir trabajando, incluso en condiciones precarias, porque “le siguen saliendo más baratos al empleador”.
De cara a 2026, el panorama no ofrece señales de alivio.
“No se vislumbra ningún plan de recomposición”, afirmó Semino, al señalar que los reajustes seguirán el mismo camino y que la discusión política no incorpora una solución de fondo para quienes ya están dentro del sistema. “Las reformas siempre son hacia el futuro, pero el problema es el presente”, concluyó.
Las reformas en el Congreso
Consultado sobre la vinculación entre las reformas laboral, fiscal y previsional, Semino fue categórico: “No se pueden tratar por separado; están íntimamente ligadas”. Aseguró que el sistema previsional actual se financia en gran parte con impuestos regresivos. “El IVA pone el 11% mensual para el financiamiento previsional, por eso todo debe discutirse en un solo paquete”, explicó.
Criticó la fragmentación de los debates: “Las negociaciones parciales generan Frankenstein que no resuelven los problemas estructurales”, sostuvo, reclamando un abordaje técnico e interdisciplinario.
La situación cotidiana de los jubilados, sin embargo, exige medidas inmediatas. “Cuando vemos los aumentos, hablamos de 6.500 pesos más, es decir, dos cafés para quien no puede preparar un puchero”, graficó Semino.
Desde la Defensoría, indicó que atienden entre 200 y 400 casos por día de adultos mayores que no pueden cubrir sus necesidades básicas. “Muchos no pueden comprar medicamentos ni pagar expensas; incluso miles viven en pensiones que les cuestan entre 200.000 y 250.000 pesos”, denunció.
