El proyecto de reforma integral del Código Procesal Penal de la Nación -recientemente enviado al Congreso- generó un intenso debate. Para comprender el alcance de la iniciativa, la FM 89.3 Santa María de las Misiones entrevistó al presidente del Colegio de Abogados de la provincia, Antonio López Forastier, quien explicó que la propuesta “no es nueva”, sino que se originó en 2017, durante la presidencia de Mauricio Macri, cuando se creó por decreto la Comisión de Reforma del Código Penal.
López Forastier recordó que el Código Penal vigente data de 1921 y acumuló “más de 900 reformas parciales”, por lo que consideró lógico avanzar en una actualización integral.
“Lo que no está dentro del Código Penal no se considera delito, salvo que haya leyes especiales”, explicó. Por eso, la comisión propuso incorporar nuevas figuras penales y adecuar otras a la realidad actual.
Entre las principales novedades, detalló que el proyecto suma delitos genéticos, informáticos, y que en materia de narcotráfico introduce cambios relevantes: por ejemplo, el incremento de penas para la pasta base de cocaína (paco) y la actualización de normas desfasadas respecto de la persecución del narcotráfico. También mencionó la inclusión de delitos ambientales, figuras vinculadas al lavado de activos y mecanismos como el secuestro de bienes y la extinción de dominio, que en otros países ya están más desarrollados.
En el plano de la seguridad vial, la reforma propone tipificar como delito la organización de picadas y revisar las penas para conductas imprudentes, especialmente en casos de conducción alcoholizada, fuga o maniobras temerarias. “Antes, muchas de estas conductas quedaban dentro de lo que se consideraba negligencia”, observó.
El abogado destacó además que el debate no debe interpretarse como una iniciativa política del Gobierno actual. Recordó que la comisión fue coordinada por el juez Mariano Borinsky, quien recientemente visitó Misiones para disertar sobre el nuevo Código Procesal Penal Federal que comenzará a implementarse en la provincia.
Consultado sobre si el proyecto representa un cambio necesario, López Forastier consideró que sí. “Claramente es necesario rediscutir ciertas figuras y delitos y actualizarlos a las temáticas actuales”, afirmó, aunque advirtió que la magnitud del texto –900 artículos– impide evaluarlo como un bloque homogéneo. “Toda actualización que incorpore nuevas soluciones es positiva, pero después viene una discusión técnica mucho más fina”, señaló.
En cuanto a los delitos que serán considerados con mayor gravedad, indicó que el proyecto incrementa penas para corrupción en el Estado, lavado de activos, narcotráfico, trata y compra-venta de personas, incluidos casos como el “caso Lohan”, muy discutido públicamente. También mencionó figuras vinculadas al financiamiento de delitos y a responsabilidades de personas jurídicas, que hasta ahora tenían tratamiento limitado.
Respecto del avance en el Congreso, explicó que el proyecto ingresó a comisión y que el proceso legislativo será extenso. Primero deberá obtener dictamen para luego pasar a debate, donde se definirá si se tratará artículo por artículo o se aprobará en general. “No creo que sea un tratamiento exprés”, estimó.
Uno de los ejes centrales que analizó el especialista fue el impacto real de un eventual endurecimiento de penas. Allí fue categórico: “El ámbito represivo por sí solo no modifica las circunstancias. Las causas del delito son las que frenan el delito”, dijo. Recordó que el Código Penal sanciona hechos ya consumados y que el efecto disuasivo es limitado si no se abordan las causas profundas, como el consumo problemático o la falta de prevención estatal.
A modo de ejemplo, citó la prohibición de fumar en espacios cerrados: “La gente no fuma dentro de un restaurante no por miedo a la sanción, sino porque existe un consenso social muy fuerte”. En ese sentido, subrayó que la cultura de cumplimiento pesa más que el miedo a la pena. “Los accidentes de tránsito no van a disminuir solamente porque la pena sea mayor”, agregó.
Finalmente, López Forastier insistió en que cualquier reforma debe complementarse con políticas de prevención, educación y fortalecimiento institucional. “No es la única solución. Debe ir acompañada de un montón de aspectos”, remarcó.
Por último, cabe recordar que el proyecto abre un capítulo hasta ahora inexplorado en la legislación argentina: los delitos contra el ambiente y la biodiversidad. Esa novedad suma una dimensión clave al debate sobre justicia, seguridad y sostenibilidad.
