El Gobierno nacional oficializó este viernes una nueva prórroga en la aplicación total del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC) que debía regir a partir de diciembre. Mediante el Decreto 840/2025, publicado en el Boletín Oficial, la gestión de Javier Milei volvió a fraccionar la actualización del tributo, aplicando solo una porción del monto acumulado y difiriendo el resto hasta el 1° de enero de 2026.
La decisión se toma en un contexto de alta sensibilidad inflacionaria, buscando morigerar el impacto directo en los surtidores que una suba total del tributo generaría.
El nuevo decreto modifica normativas previas y establece un cronograma de aplicación parcial. Lo más relevante es que se posterga la aplicación total del remanente de las actualizaciones de 2024 y de los tres primeros trimestres de 2025 (lo que el Gobierno ya venía haciendo), para el 1° de enero de 2026.
En su lugar, se aplicará una suba parcial en diciembre. El Artículo 2° del decreto detalla los nuevos incrementos de montos fijos que regirán entre el 1° y el 31 de diciembre de 2025.
| Producto | Impuesto sobre los Combustibles Líquidos | Impuesto al Dióxido de Carbono |
| Naftas | $16,377 (Incremento por litro) | $1,003 (Incremento por litro) |
| Gasoil | $13,546 (Incremento por litro) | $1,544 (Incremento por litro) |
Estos montos se sumarán a los ya vigentes, lo que implica un incremento en el precio final de las naftas y el gasoil a partir del 1° de diciembre, aunque menor al que correspondía por ley.
Política recurrente
Esta medida se inscribe en la política de diferimiento que el propio gobierno de Milei viene implementando desde abril de 2024. La Ley N° 23.966 establece que el ICL/IDC debe actualizarse de forma trimestral por el IPC, pero la potestad de diferir su aplicación se utiliza recurrentemente para contener la presión sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
El Poder Ejecutivo argumenta en los considerandos del decreto la necesidad de “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”, un objetivo que balancea la necesidad de recaudar el impuesto con la prioridad de evitar nuevos saltos inflacionarios generados por el costo del combustible.
