El Gobierno nacional dio un paso firme en su plan de desregulación al modificar una norma central del Código Aduanero con el objetivo de agilizar el comercio exterior y, de manera directa, reducir los focos de corrupción en los trámites de importación y exportación.
La medida, formalizada hoy a través del Decreto 838/2025 en el Boletín Oficial, establece un cambio sustancial en la manera en que los operadores garantizan sus obligaciones tributarias ante la Aduana.
La modificación más relevante consiste en que los operadores de comercio exterior podrán presentar una declaración jurada como “instrumento de garantía” cuando los regímenes de importación exijan la obligación de asegurar los tributos.
Hasta ahora, si existía una discrepancia o un pago pendiente, la Aduana solicitaba una garantía financiera (generalmente un seguro de caución o un depósito bancario) que inmovilizaba fondos o generaba un cargo financiero a la empresa.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, explicó en su cuenta de X que la principal crítica a la modalidad anterior era que: “Esto encarece el tránsito sumándole un cargo financiero a la operación aduanera.”
Pero, lo más grave, es que la garantía, al no tener muchas veces un plazo definido, “expone a la persona que comercia a tener que ‘gratificar’ el trámite para cancelar la garantía”, señalando directamente al soborno o la coima como efecto colateral de la burocracia.
Menos costos, más agilidad
La nueva herramienta legal está justificada oficialmente por la necesidad de “reducir costos operativos para las empresas y simplificar trámites”. Al permitir la declaración jurada a operadores confiables, el Gobierno busca premiar el historial de cumplimiento y evitar exponerlos a costos innecesarios.
Según Sturzenegger, se trata de una medida de “sentido común”: “Si un cliente es confiable, ¿por qué cargarlo con un costo financiero? Si un cliente nunca falló un pago con Aduana, ¿por qué encarecerle el costo de operar en comercio exterior?”.
El próximo paso, según indicó el funcionario, será que la Aduana identifique y reglamente qué operadores y operaciones específicas serán habilitadas para optar por esta alternativa menos onerosa.
“Se abre la puerta a una gran simplificación de la operatoria y una reducción tremenda en las oportunidades de corrupción,” sintetizó el ministro, asegurando que el beneficio final será una reducción de costos y precios para el consumidor final.
Fuente: Agencia de Noticias NA
