El anuncio oficial sobre la creación de una Policía Migratoria, dependiente del Ministerio de Seguridad, marcó un punto de inflexión en la política migratoria argentina. La medida implica un viraje histórico respecto del modelo que rigió durante décadas.
En ese contexto, la FM 89.3 Santa María de las Misiones dialogó con Alejandro Barada, abogado especialista en temas migratorios, para comprender qué cambia, por qué cambia y cómo impactará en una provincia como Misiones, donde funcionan dos de los tres pasos fronterizos más transitados del país.
Barada explicó que no se trata de una simple reestructuración administrativa, sino de un cambio en el “fondo ontológico de la institución”: Argentina abandona su histórica doctrina de puertas abiertas enfocada en el poblamiento para alinearse con una tendencia global de control estricto y seguridad nacional.
Históricamente, la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) funcionó bajo el ala del Ministerio del Interior, respondiendo al mandato constitucional de fomentar la inmigración. “Ese fue el concepto durante décadas: migrar y poblar. Pero el mundo cambia y es dinámico”, señaló Barada, comparando el giro actual con modelos vigentes en Brasil, Chile o Estados Unidos, donde el control fronterizo no está en manos de civiles. Al pasar a Seguridad, el objetivo deja de ser poblacional y pasa a tener un fin estricto de control y defensa.
El especialista aclaró que la creación de este cuerpo no implica necesariamente la contratación masiva de nuevo personal, sino la integración y coordinación de las fuerzas existentes. La autoridad de aplicación seguirá siendo la DNM, pero fuerzas como Gendarmería, Prefectura y la PSA actuarán como “policía auxiliar migratoria” con poder de policía delegado, una facultad que Migraciones no poseía por sí misma.
Sin embargo, Barada advirtió sobre la “desconexión” actual entre las distintas fuerzas federales, cada una con sus propios presupuestos, jerarquías y servicios de inteligencia que no comparten información, lo que hoy genera un “sistema ineficaz”.
El cuello de botella en Misiones: infraestructura vs. agilidad
Uno de los puntos más críticos de la entrevista fue el análisis sobre la promesa oficial de “agilizar” los cruces fronterizos. Misiones posee dos de los tres pasos con mayor tránsito del país: el Puente Tancredo Neves (Iguazú) y el San Roque González de Santa Cruz (Posadas), solo superados por Ezeiza.
Para Barada, la eficiencia operativa choca con una barrera física: “No es que no haya personal capacitado, lo hay. Pero si tenés 20 inspectores y solo 10 casillas, no podés agilizar más allá de eso”. El abogado subrayó la diferencia abismal entre un aeropuerto, donde operan 40 puestos simultáneos con pasajeros prechequeados, y un paso terrestre con vehículos, familias y documentación heterogénea. “No podés pretender que un paso terrestre funcione como un aeropuerto sin la infraestructura prevista”, sentenció.
Además, señaló que muchas demoras fronterizas no solo responden a limitaciones de infraestructura, sino también a un profundo desconocimiento social de los requisitos normativos, con usuarios que llegan con DNI vencido, documentación faltante o papeles incorrectos.
Sobre la posibilidad de avanzar hacia controles unificados con países vecinos, aclaró que “pueden darse o no”, porque dependen de acuerdos bilaterales y no necesariamente de esta reforma.
Una discusión necesaria
Para el abogado, la reforma tiene un mérito relevante: reinstalar el debate sobre la política migratoria, un campo donde Argentina no introducía cambios desde hacía dos décadas. Destacó que la dinámica global exige revisar regímenes y actualizar leyes, especialmente ante nuevas realidades migratorias ligadas a conflictos, crisis económicas o desplazamientos masivos.
“Ponerlo en discusión es sano. Argentina estaba atrasada mientras otros países discutían sus regímenes”, concluyó Barada, sugiriendo que el futuro debate debería incluir también una redistribución inteligente de los migrantes con capacidad técnica hacia zonas del interior que requieran desarrollo, y no solo concentrarlos en los grandes centros urbanos.
Barada también remarcó que todavía no hay una fecha definida de implementación: por ahora se trata de un anuncio de redistribución institucional, cuyos detalles deberán discutirse y formalizarse.
Finalmente, afirmó que debatir la política migratoria es saludable: “Argentina estaba atrasada; otros países actualizan sus regímenes, nosotros no lo estábamos discutiendo”.
