Un hecho sin precedentes a nivel nacional encendió la polémica entre el Estado y la Iglesia Católica en Misiones. Los organizadores de la histórica peregrinación al Santuario de Nuestra Señora de Loreto, que concentra a miles de fieles en la ruta nacional 12, debieron pagar más de medio millón de pesos al Estado nacional por la “intervención del camino”, según confirmó el párroco y rector del santuario, padre Leandro Fabio Cuenca.
De acuerdo con el sacerdote, la organización de la peregrinación -que se realiza desde hace 24 años- cumplió con las solicitudes habituales ante la Dirección Nacional de Vialidad. Sin embargo, este año el permiso llegó con demora y, a 48 horas del inicio del evento, el santuario recibió nuevos requisitos para evaluar la actividad. Tras presentar toda la documentación mediante Trámites a Distancia, se notificó el arancel.
En diálogo con la FM 89.3 Santa María de las Misiones, el sacerdote confirmó que, si bien pudieron reunir el dinero para que la peregrinación se llevara a cabo sin problemas logísticos y con la asistencia de más de 12.000 personas, la medida sentó un precedente que consideró “injusto” e “incongruente”.
El cobro se realizó “en concepto de intervención del camino” y el pago, efectuado mediante un CBU oficial, fue destinado a ARCA Nación.
“Nos encontramos con un nuevo impuesto, cuando la consigna pública es bajar cargas. Y además la ruta no está en condiciones, la banquina ni siquiera podía usarse por el avance del monte”, señaló Cuenca.
El sacerdote remarcó que la peregrinación se desarrolló con normalidad y con fuerte acompañamiento de la Policía de Misiones, pero advirtió que este tipo de cobros deja una interrogante respecto del futuro:
“No sabemos si se replicará en otras peregrinaciones. Estamos consultando con Luján e Itatí para ver si también tuvieron que pagarlo”.
Para el párroco, lo más preocupante es el precedente: “Esto equipara una procesión religiosa con una maratón o un evento deportivo. Parece un impuesto a la fe”, señaló, al destacar que la medida no tiene en cuenta la dimensión cultural y espiritual de la manifestación.
Cuenca insistió en que, si el pago se formaliza como norma permanente y se avisa con tiempo, las organizaciones podrían adaptarse; sin embargo, cuestionó que se cobre por un servicio sin garantizar condiciones mínimas de seguridad vial. “No hicimos un pago para peregrinar seguros, porque el estado de la ruta habla por sí solo”, afirmó.
El santuario continúa a la espera de respuestas de otras diócesis y comunidades del país para establecer si se trata de un caso aislado o de un cambio de criterio más amplio.
