La batalla de fondo que comenzó en diciembre de 2023 con el DNU 70 ha llegado a un punto cúlmine hoy. El Gobierno nacional publicó este martes el Decreto 812/2025, vaciando por completo de poder regulatorio al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y oficializando de esta forma el libre mercado absoluto en la yerba mate. La norma entra en vigencia a partir de este miércoles 19 de noviembre.
El INYM queda expresamente impedido de dictar normas que distorsionen precios, generen barreras de entrada o interfieran con la libre competencia en la producción y comercialización de yerba mate y sus derivados.
El nuevo artículo 8° del Decreto 1240/2002 -modificado por el 812/2025- establece que el organismo ya no podrá limitar la iniciativa privada ni alterar la libre interacción entre oferta y demanda. Además, se instruye al INYM a revisar y derogar, en un plazo máximo de 30 días, toda reglamentación interna que contradiga este principio.
Pero el verdadero golpe está en el Artículo 3°, que pasa la motosierra sobre los artículos 9, y del 11 al 19 del viejo reglamento. ¿Qué se borró? Lo más importante:
El Artículo 11: El que obligaba al Directorio a fijar el precio de la materia prima por unanimidad.
El Artículo 18: La famosa cláusula del “Laudo”. Antes, si no había acuerdo en Posadas, definía la Secretaría de Agricultura en Buenos Aires. Eso ya no existe más.
El Artículo 12: El que establecía las zafras semestrales de precios.
Ahora, el precio lo define la oferta y la demanda. Si la industria ofrece pagar a 90 días, no habrá mesa en el INYM que pueda impedirlo.
Para entender este decreto hay que mirar el retrovisor. Desde la asunción de Javier Milei, la tensión entre el modelo misionero (de pequeños productores y cooperativas protegidos) y el modelo correntino (de grandes industriales y libre mercado) fue total.
Durante todo este tiempo se vio cómo el ministro Federico Sturzenegger celebró cada paso hacia la desregulación como una victoria y cómo, en la práctica, el precio de la hoja verde se derrumbó en términos reales frente a la inflación, pasando de ser el “oro verde” a una variable de ajuste para la industria.
Los intentos judiciales de los productores para mantener la vigencia de la Ley 25.564 chocaron contra la realidad política. La “acefalía” del organismo, que operó sin presidente designado formalmente durante largos periodos, fue la estrategia de desgaste perfecta.
¿Y ahora qué?
El Decreto 812/2025 le da al INYM un ultimátum de 30 días para “adecuar” todas sus normas internas. Es decir que el organismo tiene un mes para derogar cualquier resolución que huela a control de precios o cupos de plantación (la Resolución 170 que limitaba las 5 hectáreas).
El INYM queda reducido a un organismo técnico, encargado de verificar calidad (que no haya palo de más, que la yerba no tenga metales), promocionar el mate en el mundo y poco más. Se acabó el ente político que equilibraba la balanza entre el tarefero y el molino.
