La tarde posadeña empezó este sábado en la ribera de El Brete con el sonido de los motores de las embarcaciones al ralentí y el rumor discreto de remos tocando el río para defender los clubes náuticos.
Se vieron banderas, chalecos de regatas, y el diálogo entre quienes fueron a manifestar -sin estridencias- su rechazo a lo que describieron como “una amenaza sobre espacios públicos colectivos”. La convicción, más que la teatralidad, fue la nota dominante de la calurosa jornada sabatina.
La chispa del malestar fue una serie de intimaciones oficiales que la EBY remitió hace algunas semanas a varias entidades con la solicitud de devolución de terrenos costeros o, en algunos casos, su relocalización.
Entre las organizaciones alcanzadas está la Asociación Civil Argentinos Juniors de Posadas -el club barrial que nuclea cientos de chicos y chicas en categorías formativas-, que denunció haber recibido una notificación formal firmada por la EBY que puso en alerta a su comunidad.
“No es sólo nuestro club, es la cancha de todos los misioneros, semillero de deportistas que hoy están en la selección nacional”, dijo a PRIMERA EDICIÓN Ariel Barboza, integrante de la comisión de padres AAAJ, referente de una de las entidades afectadas.
“El club no se toca y lo vamos a defender con todo lo que tenemos”, enfatizó por su parte la presidenta del club náutico León Seró, Marcela Rivero.
Ese reclamo -articulado por clubes náuticos, agrupaciones de remo, vela, canotaje, futbol infantil y otras asociaciones- tomó la forma de una movilización combinada: embarcaciones que navegaron en paralelo a la costa y caminatas por tierra hasta el monumento al general Andrés Guacurarí, el punto de lucha y resistencia más simbólico de la bahía.
También se manifestaron con una larga caravana de autos, los ex alumnos de Liceo Naval Almirante Storni.
La respuesta institucional, en tanto, tampoco tardó. El gobernador de la provincia, Hugo Passalacqua salió días atrás a intimar a la EBY para que se abstuviera de ejecutar desalojos que, según su lectura, vulneran la Ley provincial que regula transferencias de tierras costeras y la preservación de espacios públicos.
El gesto del Ejecutivo provincial funcionó como un paraguas político para muchas de las entidades; dirigentes consultados dijeron que el pronunciamiento oficial les “dio tranquilidad” y abrió un canal político para negociar.
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