Después de casi dos décadas de vacío legal, el Gobierno argentino salda una deuda histórica con los refugiados. A través del Decreto 646/2025, aprobó la primera reglamentación completa de la Ley 26.165, que regula el reconocimiento y la protección de refugiados en el país. La medida busca transformar un sistema burocrático, lento e incierto en un proceso claro y ágil para las más de 20.000 solicitudes de asilo que esperan una respuesta en el país.
El decreto, publicado en el Boletín Oficial, es mucho más que un ajuste administrativo. Representa una declaración de principios que posiciona a Argentina en el escenario global. Mientras otras naciones endurecen sus políticas migratorias, el país reafirma su adhesión a la Convención de Ginebra de 1951 y a su Protocolo de 1967, compromisos internacionales que ha sostenido desde hace décadas.
Fin a la incertidumbre legal
La falta de una reglamentación específica había creado un laberinto para solicitantes y autoridades. El mismo decreto reconoce esta problemática, señalando que la ley, sin un reglamento, ocasionaba “serias demoras, inobservancia de estándares constitucionales como el plazo razonable, e incertidumbre jurídica”. El texto deroga tres decretos anteriores (de 1990, 1995 y 2007) que regulaban la materia de forma parcial y desactualizada.
El nuevo reglamento, detallado en un anexo, promete un cambio radical:
- Procedimientos claros: Se establecen pasos y plazos definidos para que los solicitantes sepan qué esperar en cada etapa.
- Garantías procesales: Se refuerzan derechos fundamentales, como el acceso a asistencia jurídica y a intérpretes.
- Protección especial: La normativa brinda un enfoque particular a grupos vulnerables, como niños, mujeres víctimas de violencia y personas LGTBIQ+.
El decreto subraya que la protección a refugiados no es un favor, sino “un deber jurídico” que nace de la propia Constitución argentina. Para fundamentar la medida, el Gobierno citó un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que advirtió que, si las leyes carecen de reglamentación, “la supremacía constitucional se tornaría ilusoria”. Este argumento refuerza el carácter obligatorio y necesario de la decisión.
CONARE: el eje de la nueva gestión
La responsabilidad de implementar la normativa recaerá en la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE), que depende de la Vicejefatura de Gabinete del Interior. El decreto le ordena emitir resoluciones de manera fundada, garantizar el acceso a asesoramiento legal gratuito y publicar estadísticas trimestrales para monitorear la transparencia y los tiempos de los trámites.
Con la reglamentación, Argentina busca recuperar su histórica posición como un país de acogida, ofreciendo una respuesta ordenada y humana a quienes huyen de la persecución y los conflictos. La entrada en vigencia del decreto será inmediata.
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