En una jornada histórica para el movimiento de personas con discapacidad y profesionales del sector, el Senado de la Nación rechazó el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, por lo que el proyecto deberá ser promulgado por el Poder Ejecutivo. Esta norma clave busca garantizar el cumplimiento de derechos ya consagrados por la ley 24.901, vigente desde 1997. Este paso, celebrado como una “pequeña batalla ganada en una larga guerra”, según afirmó la especialista Trixia Aresti en diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones, abre un nuevo capítulo en la lucha por la dignidad, el acceso a servicios básicos y la regulación justa de las prestaciones.
En una entrevista exclusiva, Trixia Aresti, kinesióloga especialista en neurorrehabilitación, terapista del neurodesarrollo y especialista en intervención temprana con 20 años de experiencia en el campo de la discapacidad, analizó el alcance de esta medida y denunció la crítica situación que atraviesan tanto los pacientes como los profesionales del sector.
¿Qué implica la reactivación de la Ley de Emergencia?
La Ley de Emergencia en Discapacidad no introduce nuevos derechos, sino que busca garantizar el cumplimiento de leyes ya existentes, principalmente la Ley 24.901 (de Promoción y Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad) y la Ley 24.314 (de Prestaciones Básicas de Salud). Estas normas, señala Aresti, llevan dos años sin cumplirse plenamente debido a la falta de actualización de aranceles, demoras en pagos y suspensiones de tratamientos.
“Lo que pedimos es simple: que se cumpla la ley”, afirmó. “No estamos pidiendo privilegios, estamos reclamando derechos que ya están escritos, pero que hoy no se aplican”.
Honorarios desactualizados: una situación insostenible
Uno de los ejes centrales del reclamo es la regulación de honorarios profesionales, que no se actualizan desde diciembre del año pasado. Según detalló Aresti, una sesión de 45 minutos de terapia -ya sea kinesiología, fonoaudiología, terapia ocupacional, psicopedagogía o psicología- tiene un valor regulado por el Estado de apenas 12.000 pesos.
“Con ese monto no se puede sostener una terapia de calidad”, aseguró. “Hablamos de sesiones individuales, con todo el costo de infraestructura, equipamiento, materiales, servicios y tiempo especializado. Hoy, un profesional cobra por una hora de trabajo menos que lo que cuesta una consulta médica privada”.
Desde su perspectiva, el valor justo debería oscilar entre 50.000 y 60.000 pesos por sesión, en línea con el costo real de la prestación y la formación requerida. Además, denunció que el costo del transporte asistido -esencial para muchas personas con discapacidad- ronda los 500 pesos por kilómetro, una cifra que calificó como “realmente imposible de sostener”.
Impacto en el sistema
Aunque no dispone de datos exactos, Aresti reconoció que muchos colegas han tenido que reducir su carga horaria o abandonar la atención en discapacidad para dedicarse a otras áreas. “Todos podríamos hacer otra cosa, pero el tema es: ¿a qué sociedad queremos llegar?”, cuestionó. “¿Vamos a atender solo a quienes pueden pagar? ¿O vamos a construir una sociedad más justa, donde nadie quede excluido?”.
Advirtió que, sin políticas públicas sostenidas, las personas con discapacidad podrían terminar “escondidas, guardadas en casa”, sin acceso a tratamientos, educación o movilidad.
El objetivo de la Ley de Emergencia en Discapacidad es dar marco legal para que se reactive el cumplimiento de la ley 24.901 y se convoque a una mesa de trabajo con el Área Nacional de Discapacidad (ANDIS), la Superintendencia de Servicios de Salud y otros organismos estatales, a fin de actualizar aranceles, regular prestaciones y restablecer el acceso a servicios básicos.
Entre los problemas urgentes que se deben abordar, Aresti enumeró:
- Personas sin autorización para tratamientos durante todo el año.
- Falta de equipamiento: sillas de ruedas, andadores, prótesis.
- Ausencia de transporte asistido para ir a la escuela o centros de rehabilitación.
- Niños y adolescentes con discapacidad que desde marzo no asisten a clases.
“Imaginen un chico que no va a la escuela desde marzo. Eso no es una excepción: es la realidad de muchos”, enfatizó.
Desafíos
Pese al triunfo parlamentario, Aresti advirtió que el camino no termina aquí. “Tengo entendido que, al haber sido ratificada por ambas cámaras, el veto no puede volver a aplicarse. Pero el Ejecutivo podría intentar demorar su implementación”, señaló. “Nosotros vamos a seguir peleando. La discapacidad siempre fue un tema complejo, pero ahora estamos en el ‘menos diez’. Nunca habíamos estado tan cerca del abismo”.
Respecto al pago de las prestaciones, Aresti indicó que la situación varía según la obra social, pero hay casos en los que recién se están abonando servicios de marzo, lo que representa más de seis meses de atraso. “No es solo un problema económico, es un problema de derechos humanos”, afirmó.
Un llamado a la sociedad
En sus palabras finales, Aresti hizo un llamado a la reflexión colectiva: “Hace dos o tres años éramos una sociedad más justa, con empatía. ¿Qué queremos hoy? ¿Una sociedad donde todos tengan derecho a la vida, a la salud, a la educación? O ¿una donde solo los que pueden pagar tengan acceso?”
El rechazo al veto de la Ley de Emergencia en Discapacidad marca un antes y un después, pero, como dijo Aresti, “es solo una batalla. La guerra continúa. Y seguiremos en pie, porque la discapacidad no es un tema de asistencia: es un tema de derechos”.
