No fue un temporal. No fue una falla técnica. Los cortes de energía que sumieron a San Ignacio y sus alrededores en la oscuridad son el resultado de un delito recurrente, calculado y de alto riesgo: el robo de cables. En menos de una semana, dos ataques consecutivos dejaron en evidencia la vulnerabilidad de la infraestructura eléctrica y pusieron en jaque la calidad de vida de cientos de familias.
Los dos eventos, a juicio de la empresa, tienen un denominador común que genera especial alarma. “Lo que más nos asombra y preocupa es que quienes cometen estos robos no miden dos factores clave”, explicó Mariana Pintos, gerente de interior de EMSA, en una entrevista con FM 89.3 Santa María de las Misiones. “Primero, el peligro extremo que corren ellos mismos al manipular equipos de alta tensión; y segundo, el impacto social que genera el corte de energía en cientos de familias”.
La facilidad con la que los delincuentes accedieron a la subestación, ubicada estratégicamente en la vera de la ruta, visible e iluminada, ha llevado a las autoridades a sospechar de una posible connivencia o de un conocimiento técnico que va más allá del simple hurto.
“El domingo vimos que manipularon los sistemas para sacar el transformador de servicio, y eso nos genera aún más preocupación, porque indica que podrían tener cierto conocimiento técnico”, puntualizó Pintos.
Más allá del valor material de los elementos sustraídos -que en el caso del cobre no es tan alto como el de otros metales-, el daño es exponencial. La empresa debe movilizar equipos especializados, grúas y personal técnico, lo que dispara los costos de reparación. Además, el abandono de los transformadores robados, que contienen aceite altamente contaminante, provoca un grave impacto ambiental al derramarse sobre el suelo.
Llamado a la solidaridad ciudadana
A pesar de que se han realizado las denuncias correspondientes y la Policía ha trabajado en el lugar, hasta el momento no hay testigos ni evidencias contundentes. La ausencia de herramientas o rastros de corte, a diferencia de otros robos similares, refuerza la teoría de un accionar planificado. En este contexto, la empresa ha decidido apelar a la responsabilidad social de la comunidad.
“Cualquier dato cuenta. Si alguien escuchó algo en una reunión, si alguien comentó algo como ‘fulano estuvo por ahí’ o ‘pasó tal cosa’, no lo ignoren”, rogó Pintos durante la entrevista.
La colaboración ciudadana se ha convertido en una pieza clave para desarticular esta cadena delictiva que no solo causa un perjuicio económico a la empresa, sino que atenta directamente contra la seguridad y el bienestar de los habitantes.
La historia de los robos de cobre en Misiones no es nueva, pero la recurrencia y el impacto de los últimos hechos en San Ignacio han escalado a una nueva dimensión. Se trata de un problema que ya no es meramente policial, sino que se ha convertido en un desafío social que requiere una respuesta coordinada entre las autoridades y los ciudadanos para evitar que, de un momento a otro, la luz se apague.
Por esto, desde la empresa piden que, en caso de haber visto situaciones sospechosas relacionadas con estos hechos, se realicen denuncias anónimas ante la Policía o llamando al 0800 8888 3672.
