En una de las demostraciones de fuerza más significativas del Poder Legislativo en lo que va del año, el Congreso de la Nación invalidó por completo un paquete de cinco decretos emitidos por el Poder Ejecutivo. La decisión, que fue oficializada este lunes con su publicación en el Boletín Oficial, deja sin efecto un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y cuatro decretos de Facultades Delegadas, marcando un severo revés político para la estrategia del Gobierno.
La anulación se concretó al cumplirse el requisito establecido por la ley 26.122, que regula el trámite y los alcances de los decretos del Ejecutivo. Dicha norma establece que para que un decreto pierda validez, debe ser rechazado por ambas cámaras del Congreso.
El proceso de rechazo se completó en dos etapas durante el mes de agosto. Primero, la Cámara de Diputados, en su sesión del 6 de agosto, votó en contra de las cinco normativas. Quince días después, el 21 de agosto, el Senado de la Nación hizo lo propio, sellando así el destino de los decretos y obligando al Ejecutivo a acatar la decisión parlamentaria.
Las normas invalidadas
Dentro del listado de normativas, figuran la Resolución 39/2025 referido a la creación de un nuevo Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional, declarando como servicio esencial a la navegación de agua marítima, limitando el derecho a huelga de los trabajadores.
También se revocó mediante la Resolución 43/2025 el poder del presidente utilizado para reorganizar y optimizar la estructura de la Administración Pública Nacional, referido a la fusión del Instituto Nacional Yrigoyeneano y el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, y al mismo tiempo la transformación del Instituto Nacional del Teatro, el cual pasó a ser una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación.
Al mismo tiempo, mediante la Resolución 94/2025, se hizo efectivo el rechazo decreto que establecía el cierre y reestructuración de la Dirección Nacional de Vialidad. Corrieron la misma suerte las normativa, en la que se materializaron las disoluciones y transformaciones del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).
En la resolución 95/2025, quedó ahora desestimado por el Congreso, el decreto de Javier Milei que había disuelto la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME).
Por otro lado, se oficializó el rechazo parlamentario a la reestructuración del el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). El rechazo se conoció a través de la resolución 44/2025, publicado este lunes en el BORA.
El paquete de decretos que ha perdido vigencia es el siguiente:
- Decreto de Necesidad y Urgencia 340/2025, emitido el 20 de mayo.
- Decreto de Facultades Delegadas 345/2025, del 21 de mayo.
- Decreto de Facultades Delegadas 351/2025, del 22 de mayo.
- Decreto de Facultades Delegadas 461/2025, del 7 de julio.
- Decreto de Facultades Delegadas 462/2025, también del 7 de julio.
El rechazo coordinado de ambas cámaras evidencia una falta de consenso crítico entre el oficialismo y la oposición sobre el uso de estas herramientas legislativas por parte de la Casa Rosada.
