“La lealtad no es una opción, es una condición”. La frase, lanzada en plena tensión por el armado libertario bonaerense, condensa una exigencia de alineamiento absoluto. No es una sugerencia, es un mandato: uno que define el modo de operar de las dos puntas más rígidas del “triángulo del hierro” (Milei-Milei… Caputo).
Para desandar la siguiente tesis, conviene tener presente ese mandamiento porque resulta clave para entender la fragilidad actual del binomio presidencial, que exige lealtad sin matices en un momento atravesado por escándalos, sospechas de corrupción y tensiones en aumento. Son horas delicadas para una administración que ya no se sostiene solo en el índice de inflación.
Mientras aún se desconoce el verdadero alcance del escándalo $Libra -atrapado entre trabas legislativas y tibieza judicial-, al oficialismo le estalló un nuevo caso, quizás más corrosivo: presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Aquí los tiempos se aceleran.
El exdirector del organismo, Diego Spagnuolo (abogado de Javier Milei en diversas causas), estaría evaluando declarar de forma espontánea ante la Justicia por los audios filtrados que lo comprometen directamente.
El temor dentro del oficialismo es palpable. En esas grabaciones, se lo escucha describir un esquema de sobornos vinculado a la compra de medicamentos para personas con discapacidad. Según se escucha, una droguería exigía comisiones del 5% al 8% a los laboratorios para venderle al Estado. Parte de ese dinero, según los audios, iba a manos de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y de Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional.
Algunos intermediarios -siempre según las filtraciones- cobraban hasta 30.000 dólares mensuales. Las cifras que habrían recibido los funcionarios ascienden a montos que oscilan entre 500.000 y 800.000 dólares. En uno de los audios, Spagnuolo asegura que advirtió al propio Presidente sobre este sistema y que, en caso de ser implicado, está dispuesto a mostrar mensajes comprometedores.
La posibilidad de que Spagnuolo se presente espontáneamente a declarar y se acoja a la Ley del Arrepentido preocupa al oficialismo. Si el exfuncionario confirma lo dicho en los audios y entrega pruebas, podría arrastrar a figuras clave del Ejecutivo. Dentro de la Casa Rosada se da por hecho que declarará; la incógnita es si lo hará como testigo, como imputado colaborador o si elegirá el silencio estratégico.
El impacto político fue inmediato. El caso golpea en un flanco especialmente sensible: el Gobierno acaba de recortar prestaciones y medicamentos para personas con discapacidad, una medida que provocó rechazo social y movilizaciones. En respuesta, el Congreso aprobó una Ley de Emergencia en Discapacidad para revertir los recortes. El Presidente vetó la norma, pero la Cámara de Diputados ya rechazó el veto, marcando un retroceso institucional para el oficialismo.
El abogado Gregorio Dalbón, defensor de Cristina Fernández de Kirchner, avanzó con la denuncia contra los hermanos Milei, Menem y al titular de la droguería como presuntos autores de los “delitos de cohecho, administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas”.
La denuncia quedó en manos del juez federal Sebastián Casanello y el caso judicial quedó caratulado como “Denunciado Javier Milei y otros”. En diversos allanamientos se incautaron teléfonos móviles, documentación y dinero en efectivo, incluidos 200.000 dólares en sobres.
Los próximos pasos dependerán de si Spagnuolo se presenta a declarar, si se acoge a la Ley del Arrepentido o si permanece en silencio. Cualquiera sea el camino, el juez deberá decidir si lo procesa, dicta falta de mérito o lo sobresee. En caso de procesamiento por delitos graves, la prisión preventiva es una posibilidad.
Consultado por la prensa, el ministro Guillermo Francos lanzó una frase que dejó entrever la inquietud oficial: “No pongo las manos en el fuego por ningún funcionario”.
Pese a la creciente presión mediática y política por los audios filtrados, el Presidente optó por un silencio atronador. Durante un discurso en la Bolsa de Comercio de Rosario, se centró exclusivamente en cuestiones económicas y repitió lo que ya son clásicos de campaña: la herencia del kirchnerismo, “riesgo kuka” y otros tópicos. Milei mostró coherencia con su estrategia comunicacional, reforzó su relato económico y evitó pronunciarse sobre los casos judiciales que lo rodean.
Pero no por desconocerlos en público van a desaparecer en lo administrativo y judicial. $Libra y ANDIS son dos fuertes marcas muy propias de la casta, al igual que el silencio oficial frente a ambos casos.
El contexto
Paradójicamente el Presidente buscó zafar de la incomodidad judicial apelando a lo económico justo cuando encadenó otra semana al hilo de desavenencias en ese rubro.
Tras los varapalos que dejó el comportamiento del dólar, cuyos efectos ya son del todo visibles en las góndolas, factores como la caída del consumo, la falta de inversión, las tasas altas, y la presión cambiaria están afectando a sectores como la construcción, la industria y el comercio, acaso motores del empleo argentino. La alta volatilidad y la incertidumbre son evidentes. El “ruido político” frena la recuperación bursátil y dificulta las decisiones financieras; esos sectores adoptaron una actitud de espera hasta conocer el resultado electoral.
En ese marco, el Gobierno tomó decisiones que agitaron aún más las aguas: eliminó las LEFI (Letras de Regulación Monetaria); las tasas de interés privadas se dispararon, alcanzando hasta 148% anual en operaciones con cauciones; se elevaron los encajes bancarios y se ajustaron los criterios de liquidez, lo que restringe el crédito y frena aún más la actividad productiva; aunque se anunció el final del cepo cambiario, el salto del dólar reactivó los temores sobre la estabilidad macroeconómica.
Los datos lo confirman, el EMAE (Estimador Mensual de Actividad Económica) mostró una baja del 0,7%, la confianza del consumidor cayó 13,9% en agosto respecto a julio y las expectativas de compra y la percepción de la situación económica personal también se desplomaron.
Como sintetizó la consultora Analytica: “La economía habría entrado en una etapa de estancamiento, expresando los límites para el crecimiento del actual esquema, que mantiene encorsetada a la demanda para sostener el régimen monetario y cambiario”.
Dicho de otro modo: el Gobierno prioriza la estabilidad del dólar y el control inflacionario, aunque eso implique frenar la actividad y un alto costo social.
La economía entró en modo campaña. La política, en modo escándalo.
Presupuesto 2026
Casi al filo de su tratamiento en la Legislatura, se conocieron detalles del Presupuesto 2026 para Misiones.
Publicados en exclusiva por este Diario en la edición de ayer, el proyecto contempla un gasto total de 4.092 billones de pesos. Asigna 71,3% del total (2.9 billones de pesos) a la Administración Central, mientras que el restante 28,7% (1.17 billones) se destina a organismos descentralizados.
En cuanto a la distribución funcional, Salud, Educación y Seguridad son las áreas prioritarias. Salud contará con 1.009 billones, incluyendo fondos para atención médica, saneamiento ambiental y programas complementarios. Educación y Cultura recibirá 1.021 billones, con énfasis en los niveles elemental, medio, técnico y superior. Por su parte, Seguridad dispondrá de 306.473 millones de pesos, en su mayoría destinados a la Policía Interior y al sistema penitenciario.
El área de Bienestar Social manejará casi 789.000 millones, incluyendo partidas para vivienda, asistencia y seguridad social, mientras que las políticas orientadas al Desarrollo de la Economía contarán con 349.392 millones.
El proyecto también incorpora reformas normativas relevantes. Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2027 la emergencia alimentaria, y se extiende hasta fines de 2026 la suspensión de desalojos y remates de viviendas familiares y unidades productivas agropecuarias, siempre que se cumplan ciertos requisitos de ocupación.
Finalmente, se introducen cambios en la normativa del Ministerio Público, que ahora pasa a tener autonomía funcional y autarquía financiera, aunque continúa sujeto a las partidas fijadas en el presupuesto. Los honorarios obtenidos ya no ingresarán al Poder Judicial, sino que se destinarán a gastos propios del organismo.
Además, tanto el Superior Tribunal de Justicia como el Ministerio Público deberán presentar en conjunto su presupuesto para ser integrado al general de la provincia. También se dispondrá la creación de Direcciones de Administración en los poderes y organismos descentralizados.
