El Gobierno nacional dispuso la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) por un plazo de 180 días, prorrogable, a través del Decreto 601/2025 publicado este viernes en el Boletín Oficial. La medida, que releva del cargo a la subdirectora Ejecutiva, Romina Núñez, y designa al doctor Alejandro Alberto Vilches como Interventor, se justifica en la necesidad de “llevar a cabo una ordenada y completa investigación” del organismo y una “reorganización funcional” que garantice transparencia y eficiencia.
El decreto hace mención expresa al Decreto 599/2025, que había limitado la designación del anterior Director Ejecutivo, Diego Orlando Spagnuolo, en el cargo. Aunque no se ofrecen detalles específicos, el texto alude a “razones de público conocimiento” y la necesidad de que el “Poder Judicial de la Nación efectúe las investigaciones que resulten necesarias”. Este antecedente es la base sobre la que el Gobierno justifica la “imperiosa” necesidad de una intervención, con un enfoque particular en el sistema de compras y contrataciones de la Agencia.
Organismo clave en la mira
La ANDIS es el organismo encargado de coordinar y ejecutar las políticas públicas en materia de discapacidad, un ámbito que afecta directamente a un sector vulnerable y que gestiona prestaciones vitales como las pensiones no contributivas por invalidez y el Certificado Único de Discapacidad (CUD). La agencia fue creada en 2017 y desde entonces ha centralizado la atención a las necesidades de un universo que abarca a millones de personas.
Las facultades otorgadas al Interventor son amplias. El Artículo 4° del decreto le confiere las mismas atribuciones de gobierno y administración que la norma de creación de la ANDIS asignaba al Director Ejecutivo. Esto implica que Vilches tendrá pleno control sobre las decisiones operativas, financieras y de personal del organismo. Asimismo, deberá elaborar un informe detallado sobre cualquier “anomalía o incumplimiento” detectado, especificando su “significatividad económica” y el “impacto que ocasionan o han ocasionado”.
Un punto de especial interés en el mandato del Interventor es el sistema de compras y contrataciones, al que el decreto hace una referencia explícita. El objetivo es “asegurar mecanismos ágiles y transparentes en la gestión de las prestaciones”, una declaración que apunta a una de las áreas más sensibles en cualquier auditoría de la gestión pública.
La limitación de la designación de la Subdirectora Ejecutiva, Romina Núñez, también plantea interrogantes sobre la magnitud de las irregularidades investigadas. Su nombramiento, hace menos de un año, había sido parte de la reorganización inicial del Gobierno de Milei.
La gestión de Alejandro Vilches en los próximos 180 días no solo se juzgará por la capacidad de auditar y reestructurar el organismo, sino también por cómo asegura la continuidad de las prestaciones y servicios. El Gobierno, que justifica la intervención con un discurso de “orden y equilibrio de las cuentas públicas”, ahora deberá demostrar que estas medidas no se traducen en un perjuicio para uno de los sectores más vulnerables de la sociedad argentina. El informe de intervención que debe presentar Vilches al término de su mandato se convertirá en una radiografía crucial del estado de la ANDIS y en el pilar sobre el que se decidirá su futuro.
