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“Disolver Vialidad Nacional sería lamentable y gravísimo”

El representante del Comité de Defensa del Usuario Vial, Ricardo Lasca, advirtió que el intento de eliminar el organismo responde a intereses políticos y económicos. Denunció el vaciamiento del área y apuntó contra el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

3 julio, 2025

El Gobierno nacional ultima detalles para publicar un decreto que podría significar un cambio drástico en la estructura del Estado: la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, junto con otros organismos vinculados al control y la seguridad vial. 

Según trascendidos, el objetivo sería transferir sus funciones a otros entes, entre ellos, la Gendarmería Nacional. 

Ricardo Lasca, integrante del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial, expresó su preocupación por esta medida en una entrevista a la que calificó como “lamentable” y algo “gravísimo”.

“No podíamos pensar que llegáramos a tanto. Tratar de disolver un organismo emblemático como la Dirección Nacional de Vialidad, que debería ser el organismo rector de toda la política vial”, señaló  en 89.3 FM Santa María de las Misiones.

El dirigente advirtió que desde los años 90 Vialidad viene siendo desmantelada “con la finalidad de hacer negocios y negociados con la obra pública”.

Según explicó, la red vial nacional fue construida gracias a la acción histórica de este organismo, que llegó a contar con técnicos y profesionales de alto nivel. Sin embargo, cuestionó que Vialidad haya sido usada por los gobiernos para nombrar funcionarios sin preparación técnica.

Ricardo Lasca

Sobre la situación actual, Lasca alertó que, de concretarse la medida, quedarían 30.000 kilómetros de rutas nacionales “a la buena de Dios”. Recordó que además de las rutas concesionadas bajo la Red Federal de Concesiones —“un régimen nefasto”, según sus palabras—, hay una porción muy grande que no está bajo concesión y requiere mantenimiento estatal. “Eso no está claro tampoco”, dijo, y agregó que existe un fuerte malestar entre los trabajadores del organismo, con “asambleas permanentes”.

Consultado por la estructura interna de Vialidad, Lasca admitió que puede haber empleados improductivos, pero insistió en que la mayoría son trabajadores de carrera. “Profesionales de primer nivel”, afirmó, y remarcó que el problema no es la planta técnica, sino la conducción política del organismo.

Desde el Comité que integra, Lasca aseguró que en su momento propusieron la creación de un consejo consultor que incluyera a usuarios viales, sectores del transporte y la producción para controlar cómo se financian las obras. “Después critican al organismo, que está lleno de ñoquis, que no sirve para nada… no es así”.

Respecto al reclamo de algunos gobernadores por rutas deterioradas, Lasca fue crítico: “Nunca se han juntado para reclamar como corresponde que a Vialidad se le den los fondos que le corresponden, el impuesto a los combustibles”.

Según su visión, las provincias piden quedarse con rutas nacionales para implementar sus propios peajes, sin medir las consecuencias.

“Es una caja política”, afirmó, y señaló que ya firmaron convenios con Córdoba y Mendoza, y ahora pretenden instalar peajes en Entre Ríos, Río Negro y Neuquén. “¿Qué, nos van a llenar de garitas por todos lados?”, cuestionó con dureza.

Para Lasca, si finalmente se publica el decreto, el impacto será enorme. “¿Usted se imagina lo que es transitar por el microcentro, pasar por ese edificio emblemático con un escudo que dice Dirección Nacional de Vialidad, y que no esté más? Después de todos estos años de trabajo… la verdad es lamentable”.

Sobre la posibilidad de reformar el Estado, reconoció que “hay que hacerlo eficiente, con gente idónea y capacitada”, pero aclaró que “el Estado no se puede desligar del mantenimiento de la red vial nacional”.

En ese contexto, dijo que no se puede mirar al costado mientras las rutas se convierten en escenarios de muertes por accidentes evitables. “Nos matamos en la ruta”, enfatizó.También se refirió a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que según trascendidos sería disuelta o fusionada. “Es un viva la pepa. La seguridad vial implica infraestructura, control, educación. Es un tema de política de Estado, no es un chiste esto”, sentenció. A pesar del escenario, Lasca comentó que el lunes próximo tienen prevista una reunión con el jefe de Gabinete, Guillermo Franco.

“Ojalá que la audiencia no se postergue ni se anule. Vamos a hablar seriamente con él. Entendemos que es una persona de diálogo”, indicó.

En cambio, cuestionó la actitud del ministro Federico Sturzenegger: “Nos cansamos de pedirle audiencia”.En cuanto a la empresa estatal Corredores Viales S.A., Lasca deslizó una sospecha: “No sería raro que disuelvan Vialidad Nacional y Corredores Viales, que es una especie de Vialidad paralela, siga existiendo para los amigos del poder”, concluyó.

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Tags: #economíaFM 89.3FM de las MisionesPolítica
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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