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“Pérdidas irreparables”: tras el siniestro fatal sobre la ruta 12, vecinos de Santo Pipó se movilizan por mayor seguridad vial

Tres personas perdieron la vida tras ser embestidas por un colectivo, el viernes. Y no es la primera vez que pasa: en el mismo lugar, en octubre pasado, Santiago Correa (36) también murió. Este lunes los vecinos marcharán para pedir soluciones.

22 junio, 2025
ZONA PELIGROSA. Los vecinos de barrio Apepú piden alumbrado público y mayor seguridad en esta franja de la ruta Nacional 12, el cual es el ingreso a dicho espacio urbano en Santo Pipó.

ZONA PELIGROSA. Los vecinos de barrio Apepú piden alumbrado público y mayor seguridad en esta franja de la ruta Nacional 12, el cual es el ingreso a dicho espacio urbano en Santo Pipó.

Este viernes por la noche en las inmediaciones del barrio Apepú, sobre la ruta nacional 12, en la localidad de Santo Pipó, dos personas fallecieron tras ser embestidas por un colectivo de larga distancia: Priscila Érika Venegas (22) y el menor Gael Zárate (4). En tanto, una tercera persona, Yamila Venegas (15), hermana de la mujer y tía del menor, peleaba por su vida y murió este domingo. 

Estas muertes conmocionaron a los vecinos del barrio Apepú, al igual que el pasado 20 de octubre, cuando Santiago Correa de 36 años, también murió en el mismo lugar cuando se dirigía a pie a su casa en el barrio antes mencionado y fue atropellado por un auto y luego por un micro a la altura del kilómetro 1415, en inmediaciones del puente del arroyo Apepú.

A raíz, de estas trágicas pérdidas en menos de un año, los vecinos del barrio Apepú se movilizarán este lunes a la 10 de la mañana, a través de una caminata que arrancará en la terminal de ómnibus vieja, luego se dirigirán a la Municipalidad de Santo Pipó y a las oficinas de Energía de Misiones (EMSA), para solicitar de forma urgente alumbrado público y mayor seguridad vial en la zona.

HISTORIA REPETIDA. El pasado viernes un colectivo atropelló a un moto, en el barrio Apepú y dejó como saldo dos fallecidos, al igual que ocho meses atrás cuando murió Santiago Correa.

Una de las que está motorizando esta caminata es Emilce Correa, hermana menor de Santiago fallecido hace ocho meses atrás y en la misma zona donde ocurrió el último trágico siniestro vial.

“Es lamentable lo que está pasando en un pueblo que está de luto, ya que el barrio Apepú es un barrio olvidado, es una zona urbanizada y en todo el barrio está sobre ruta nacional 12 y tenemos solo tres focos funcionando”, relató con un dejo de tristeza a primeraedicion.com.ar.

Luego, esta joven agregó: “ Yo perdí hace exactamente 8 meses a mi hermano mayor, Santiago Correa, falleció el 20 de octubre, en el mismo trayecto, y en las mismas circunstancias. Es un dolor inexplicable, duele el alma, porque va más allá del corazón”.

En referencia a la caminata, Emilce anticipó: “La caminata la organizamos entre los vecinos para solicitar alumbrado público, señalización y radar en el lugar de forma urgente, para poder evitar que sigan sucediendo accidentes con pérdidas irreparables, como la de estas últimas cuatro personas”.

“Viví muy de cerca lo del viernes, ya que tras el ruido salimos corriendo a ayudar, porque somos todos del barrio… pero mucho no se pudo hacer más que ayudar que el tránsito se detenga, para que no sigan atropellando a las víctimas”, se lamentó Emilce.

Para luego añadir: “Soy enfermera y fui para ayudar, pero era impresionante ver otra vez la misma historia y otra vez con vecinos del barrio”.

“Todo el trayecto que abarca el barrio sobre la ruta nacional 12 no tiene luz, es muy oscuro el lugar de noche, la gente camina con linterna o con las luces de su celulares para llegar al barrio y poder ser vistos por los autos, camionetas, camiones y colectivos que pasan a gran velocidad por la zona”, describió Emilce, que ayer cumplió años y fue el más triste de su vida, ya sin su hermano mayor y una tragedia que tocó de cerca una vez más al barrio Apepú, en Santo Pipó.

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Tags: barrio ApepúEmilce CorreaGael ZaratePriscila Érika Venegasreclamosanto pipóSeguridad vialsiniestro fatalYamila Venegas
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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