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Archivos policiales: La masacre del Teyú Cuaré

El 5 de julio de 2011, hallaban en su chacra de San Ignacio el cuerpo decapitado y mutilado de un colono de 72 años y a su mujer de 70 con la cabeza destrozada a mazazos.

5 julio, 2025
En esta propiedad de San Ignacio, Sibre y Lecszinki fueron asesinados a golpes de maza y machete

En esta propiedad de San Ignacio, Sibre y Lecszinki fueron asesinados a golpes de maza y machete

El 5 de julio de 2011, el matrimonio integrado por Oralina Sibre (70) y Luis Lecszinksi (72) protagonizaba una de las páginas más dramáticas de la historia policial reciente en Misiones, cuando aparecieron masacrados a golpes y machetazos en su chacra del Teyú Cuaré, en San Ignacio.

Los cadáveres fueron descubiertos el día mencionado gracias a un integrante de una comunidad mbya guaraní de la zona. Primero halló al hombre de 72 años decapitado y luego, ya con la presencia policial, a la mujer con la cabeza destrozada a mazazos.

El cráneo de Lecszinksi fue hallado tres días después y nunca se pudo localizar uno de sus brazos.

Por el doble crimen, pronto quedó en la mira de los investigadores el exboxeador José Aníbal Meza, quien -tras años de idas y vueltas- en 2018 terminó aceptando su culpabilidad y acordó una pena de 16 años de prisión.

 De acuerdo a las pericias y a los datos de los investigadores, entre los móviles del doble crimen se barajó que Lecszinksi habría iniciado una búsqueda de oro en la costa del arroyo Yabebiry. Para las labores pesadas de excavación habría contactado con Meza, quien fue visto en el lugar por varios testigos.

Se cree que, aprovechando la confianza, mató a la pareja de colonos para borrar u ocultar otro fin, en este caso un robo.

El exboxeador fue capturado 70 días después del crimen cuando descendía de un colectivo sobre la ruta provincial 4 en la localidad de Dos Arroyos. 

El expúgil, de 39 años al momento de la condena pero poco más de 30 cuando cometió el crimen, llegaba finalmente a juicio en 2018 acusado de “doble homicidio agravado por alevosía y criminis causa”, al que correspondía la prisión perpetua de acuerdo con el Código Penal, pero al confesar y acordar el procedimiento abreviado, el castigo se vio reducido a 16 años de cárcel por “doble homicidio simple en concurso real”.

 

Un “peso pesado”

Pero los antecedentes penales de Meza ya eran complejos para entonces, incluida una condena a 13 años de prisión por otra muerte: la de Karina Villán, joven de 18 años asesinada a orillas del arroyo Mártires  en Itaembé Miní (Posadas) en los primeros días de febrero de 2003. 

Precisamente gozaba de libertad condicional por este crimen cuando asesinó a Sibre y Lecszinksi en junio de 2011.

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Tags: Archivos policialesDoble CrimenJosé Aníbal MezaMasacre de Teyú Cuaré
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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