El 8 de junio del 2023, un sargento de la Policía de Misiones había sido detenido por personal de Gendarmería. Descubrieron que transportaba armas de guerra presuntamente para venderlas. A casi dos años de ese hecho, el imputado aguarda fecha de debate por ese ilícito.
Originalmente la investigación estuvo a cargo del Juzgado de Instrucción de Apóstoles, a cargo del magistrado Miguel Ángel Faria. Tras cerrar el caso, el expediente fue elevado a juicio y se encuentra en poder del Tribunal Penal 2 de Posadas.
En una fecha aún a definir, el hombre actualmente de 39 años que fue exonerado de la Policía de Misiones, será juzgado por los delitos de “hurto” artículo 163 bis del Código Penal (… cuando quien ejecutare el delito fuere miembro integrante de las fuerzas de seguridad, policiales o del servicio penitenciario”). También por el 189 bis (respecto a la portación de armas de guerra).
Este suboficial se desempeñaba en el Comando Radioeléctrico de Apóstoles y en la madrugada del día citado fue detenido en un control de Gendarmería en el ingreso a la localidad de Fachinal.
En ese momento había una investigación en curso sobre el sargento. Se sospechaba que iba a comercializar dos fusiles FMK-3 en la localidad de San José. Este suboficial residía en Posadas pero trabajaba en Apóstoles y ese día estaba de franco.
Al saber que presuntamente había sacado las armas del Comando, la policía montó diversos controles para atraparlo in fraganti. Y fue en la intersección de las rutas provinciales 105 y 205, que estaba la fuerza federal apostada con información acerca de ese sospechoso.
Iba en motocicleta y a simple vista los efectivos pudieron observar que llevaba debajo de la campera dos armas largas, además de su pistola reglamentaria.
En un último intento por intentar despegarse de la situación, el sargento le relató a los gendarmes que estaba en un trabajo encubierto y por ello ni siquiera tenía los papeles de la motocicleta.
Las armas tenían la numeración limada y se presumía que esa madrugada se dirigía efectivamente a comercializarlas a alguna banda criminal.
Tras ser indagado por el juez Faria, su defensa pidió que sea excarcelado al no revestir ningún peligro para la investigación.
La fiscalía opinó también en ese sentido pero el magistrado le denegó la excarcelación en ese entonces la posibilidad por tratarse de un hecho grave, que tenía como sospechoso a una persona integrante de una fuerza de seguridad, que en principio se suponía que su rol era el de velar por la seguridad pública.
