A pesar de las múltiples advertencias y beneficios vigentes, la regularización de edificaciones construidas fuera del Código de Edificación sigue avanzando a paso muy lento en Posadas.
Según datos oficiales, de más de 500 edificios relevados en situación irregular, solo 50 consorcios iniciaron el trámite, 24 completaron la liquidación y apenas seis lograron regularizar efectivamente su situación mediante el pago correspondiente.
Los números fueron confirmados por el secretario de Planificación Estratégica y Territorial de la Municipalidad, Marcelo Mazur, quien reiteró que la Ordenanza XVIII Nº 304 sigue vigente hasta junio de 2025 y “abre una oportunidad” para que desarrolladores inmobiliarios, fideicomisos o constructores pongan en regla sus proyectos y habiliten a los propietarios a escriturar.
“Con esta ordenanza se pretende lograr la regularización de todos aquellos edificios que tienen superficies antirreglamentarias, es decir, construcciones por fuera del Código de Edificación”, explicó Mazur.
Este marco legal fue creado como un régimen especial y temporal que facilita el saneamiento de expedientes de obras que no se ajustaron a la normativa al momento de ser construidas. Permite regularizar proyectos que ya están en uso pero no cuentan con Certificado Final de Obra, documento imprescindible para avanzar en el proceso de escrituración y titularización de unidades bajo régimen de propiedad horizontal.
“No es un trámite que tenga que hacer el propietario de la unidad. Es una responsabilidad directa de quienes desarrollaron el emprendimiento: los constructores, fideicomisos o desarrolladores”, remarcó Mazur. El régimen contempla el pago de un canon que actúa como penalidad, además de la liquidación de derechos de construcción y multas.
Una vez cumplidos estos pasos, el municipio emite el Certificado Final de Obra, lo que habilita la registración y posterior escrituración de cada unidad.
Baja respuesta
La escasa adhesión a la normativa no es un problema nuevo. En marzo de este año, PRIMERA EDICIÓN ya había informado que, de las mil propiedades horizontales identificadas en la ciudad, el 70% no contaba con final de obra y que solo el 10% de los propietarios con construcciones antirreglamentarias había realizado alguna consulta formal ante el municipio.
Apenas el 5% había avanzado hasta completar el trámite. Para revertir esta situación, además de la Ordenanza XVIII-304, la comuna promulgó la Ordenanza XVIII-309, que establece descuentos del 50% en las tasas de derechos de construcción para viviendas familiares de hasta 150 metros cuadrados y locales comerciales de hasta 100 metros.
“Esta herramienta facilita la regularización de todas las construcciones no declaradas ante el municipio”, había señalado Mazur en ese momento, destacando además que la medida cuenta con el respaldo del Consejo de Ingenieros y el Colegio de Arquitectos, que también otorgan descuentos en sus honorarios profesionales.
El proceso requiere la intervención de un profesional habilitado -arquitecto, ingeniero o maestro mayor de obras- matriculado en los organismos pertinentes. Solo a través de ellos puede realizarse el trámite en el Sistema del GOP (Gestión de Obras Privadas), garantizando el cumplimiento de las normativas vigentes.
“La regularización significa que el municipio toma conocimiento de la magnitud de lo construido. Eso permite planificar infraestructura, servicios y garantizar un crecimiento urbano ordenado”, subrayó el funcionario.
